Procedimiento de embargo: Todo lo que debes saber

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Procedimiento de embargo: Todo lo que debes saber

El embargo de bienes por impago de deudas

Cuando una persona se ve envuelto en cualquier procedimiento judicial por impago de deudas, independientemente de dónde procedan esas deudas, corre el peligro de embargo de bienes, en caso de no abonar la cantidad reclamada. Es entonces cuando será necesaria la asistencia de un letrado, como explicamos desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados.

Unos procedimientos pueden derivar en el embargo de cuentas bancarias, salarios y emolumentos e, incluso, con el embargo de nuestros vehículos. Sin embargo, otros procedimientos, como la ejecución hipotecaria, concluyen con el embargo del inmueble hipotecado. En estos procedimientos provocando que el demandado y usuario, además del ahogo económico que le ha impedido abonar la hipoteca, termine en una situación de vulneración social por quedarse sin vivienda.

¿Existe un orden para los embargos?

En términos generales, se establece en nuestro Código Civil que, a falta de pacto entre las partes deudoras y acreedoras, el juzgado responsable de la ejecución embargará los bienes del deudor procurando tener en cuenta la facilidad de su enajenación. Es decir, el juzgado debe tener en cuenta qué bienes existen para embargar y empezará por lo bienes de los que resulte más fácil su embargo para satisfacer al acreedor.

Pero si no existen bienes que se puedan considerar de fácil embargo o, si existiendo, no fuesen suficientes para cubrir la deuda, la ley sí indica expresamente un orden para proceder a los embargos, siendo el primero de los bienes para embargar el dinero o cuentas corrientes.

Eso tiene sentido, ya que es mucho más fácil embargar una cuenta corriente del deudor, en la que hay cuantía suficiente como para liquidar la deuda. Siempre sin perder de vista los límites que establece la ley en relación con los bienes inembargables.

Tras el embargo de las cuentas corrientes, establece la normativa que se embargarán los créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, como podrían ser las devoluciones que se puedan realizar por parte de la agencia tributaria a consecuencia de las declaraciones de impuestos.

En tercer lugar, se embargarán las joyas y objetos de arte, en cuarto lugar, las rentas en dinero procedentes de cualquier origen, y en siguiente lugar los intereses, rentas y frutos de toda especie. Si, aun habiendo intentado el abono de la deuda mediante embargo de esos bienes, no se ha satisfecho la deuda, se procederá al embargo de los bienes muebles, acciones, participaciones sociales y similares.

Si con dichos embargos aun no se ha cubierto la deuda, se procederá al embargo de los bienes inmuebles. Es en esta fase de la reclamación de una deuda judicializada en la que hay que estar bien aconsejado y defendido frente al acreedor, por abogados expertos en derecho civil, con el fin de intentar conservar esa vivienda que tanto ha costado conseguir en algunos casos.

El embargo de los sueldos, salarios, pensiones, ingresos de actividades profesionales, créditos y derechos realizables a medio y largo plazo, se encuentran en el último lugar de los bienes a embargar por parte del juzgado.

Qué límite hay para los embargos de salario

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los límites para los embargos de sueldos y pensiones.

En primer lugar, es inembargable el salario o emolumentos que no excedan del salario mínimo interprofesional que, en 2022 quedó fijado en 1.000 €. Si el salario recibido es mayor que dicho salario mínimo interprofesional, existe una escala porcentual para determinar cuánto se puede embargar en cada caso.

Así, en la cuantía que doble el salario mínimo interprofesional podrá embargarse un 30%; la cuantía que se equipare a un tercer del salario mínimo interprofesional se podrá embargar un 50%; la cuantía adicional que equipare a un cuarto salario podrá embargarse un 60%; la cuantía que sea equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional podrá embargarse en un 75%; y el resto de cuantías que excedan a los anteriores podrá embargarse en un 90%.

No obstante, hay que advertir que en las deudas por impagos de pensiones de alimentos estos límites no son aplicables, por lo que no habrá límite mínimo para embargar.

Qué ocurre con los bienes inmuebles embargados

Una vez que el juez pertinente ha confirmado la validez de la deuda y la obligación de abonarla, si no se dispone de la cuantía líquida suficiente para pagar la deuda, se puede encontrar el deudor con el embargo de sus bienes, sin poder hacer nada al respecto.

En el caso de que el bien embargado fuese un inmueble, y suponiendo que el valor de la vivienda que se ha embargado es mayor que la cuantía de la deuda reclamada se realiza por el juzgado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad competente.

Esa anotación conlleva que, si el deudor propietario de la vivienda quiere vender ese inmueble, podrá hacerlo ya que sigue siendo el titular del inmueble, pero de lo recibido por esa venta tendrá la obligación de abonar lo que corresponda al acreedor en favor de quien se anotó el embargo preventivo y saldar así la deuda.

Qué opciones tiene el acreedor de cobrar tras un embargo del deudor

Cuando se encuentra un acreedor en un procedimiento judicial para reclamar la deuda suele ser porque el deudor no ha pagado a pesar de la insistencia del acreedor.

Si esa negativa a abonar la deuda no es por falta de liquidez económica y el deudor dispone de cuantía líquida en cuentas bancarias a su nombre que puedan ser embargables, el juzgado decretará el embargo de esas cuentas bancarias hasta alcanzar la cuantía debida, siempre teniendo en cuenta los límites que establece la ley.

Pero si la negativa a abonar la deuda se debe a que el deudor no tiene dicha liquidez económica para cubrir esa deuda y se acredita por el deudor o por parte del juzgado que no hay dinero en las cuentas bancarias a nombre del ejecutado, se pasa entonces al embargo de bienes inmuebles.

En una situación similar, es aconsejable acudir a un despacho de abogados que conozca bien la materia y las diferentes opciones que pueda tener el acreedor para que esa deuda le sea abonada.

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Qué es el phishing y cómo reclamar dinero robado por estafa

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Qué es el phishing y cómo reclamar dinero robado por estafa

Qué es el phishing

Con las nuevas tecnologías y con la implantación cada vez más en nuestra vida diaria de los métodos de pago electrónicos, además de aumentar nuestra calidad de vida, también se ha aumentado el porcentaje de ciberdelincuencia, siendo cada vez más frecuente las estafas por phishing. O, lo que es lo mismo, la estafa que se realiza mediante el envío de emails por los estafadores intentando suplantar la identidad de una entidad bancaria, la empresa de correos, o cualquier otra compañía conocida.

Cómo se ejecuta la estafa por phishing

En los mensajes enviados para realizar estafas por phishing, los ciberdelincuentes intentan que el usuario cliquee en un link que le redirigirá a una página web controlada por dichos estafadores para sustraer sus datos personales e información bancaria.

Esto lo hacen dando aspecto de realidad a dicha estafa, suplantando la identidad de la compañía en el email incluyendo el logo y la marca de quien suplantan y haciendo que el usuario piense que realmente su banco le está solicitando algún tipo de información, como en en la página web donde intentan que el usuario refleje sus datos personales.

Además, este tipo de mensajes suele conllevar un mensaje de urgencia para implantar miedo en el usuario y que obvie las señales que evidencian que es una estafa, ya que, por lo general, estos phishing suelen contener faltas de ortografía.

También es práctica común que el email enviado por los ciberdelincuentes contenga un archivo con un virus para que, cuando el usuario lo cliquee, se infecte el equipo informático o móvil con el que se esté ejecutando y así poder robar su información personal y claves de todas las aplicaciones y programas.

El phishing, además, ha ido evolucionando, siendo común también la práctica de estas estafas por SMS o por teléfono, denominándose entonces esta estafa como smishing y vishing, respectivamente.

Este aumento de estafas por vía telemática es ya de sobra conocidas, pero, aun así, nadie está a salvo de ellas. Por eso, desde el despacho de abogados de granada Emeybe Abogados, queremos explicar y advertir de los problemas y perjuicios que puede conllevar una estafa por phishing.

Cómo evitar ser estafados por phishing

Aunque nadie está a salvo de una estafa de este tipo, existen hay algunos consejos que se pueden seguir para intentar detectar si estamos siendo objeto de phishing. En primer lugar, se debería de aumentar la seguridad de nuestros dispositivos, instalando programas de defensa de malware, además de mantener actualizado el sistema operativo. Esto hará que los virus que intenten instalarse en tu ordenador, móvil o Tablet lo tengan más difícil, pudiendo evitar así la consecución de la estafa.

Además, hay que tener en cuenta que una entidad bancaria o compañía conocida nunca nos va a solicitar nuestros datos personales a través de correos electrónicos o SMS. Por lo tanto, si esos emails o SMS te redirigen a una página donde te piden dichos datos, es posible que estés ante un caso de phishing.

Si esto ocurre y recibes un email o SMS donde te informan de que se han bloqueado tus cuentas y parece real, hay que fijarse bien en la URL a la que hemos accedido ya que, por lo habitual, suele existir un punto, un guion o una mayúscula que no debería estar.

Esto también podemos localizarlo en el email recibido, que puede ser similar al de nuestra entidad, pero cambiando una letra o añadiendo un guion. Igualmente, es fundamental que esa página web comience por “https” para determinar que es segura. Si comienza de manera diferente, es posible que estemos ante una estafa por phishing.

Por otro lado, una circunstancia que evidencia este tipo de estafa es la alarma y el miedo que infunde el mensaje. Hay que tener en cuenta que, si realmente la cuenta se viese bloqueada, la entidad se pondría en contacto con nosotros por las vías previamente establecidas como seguras, como la app oficial.

Por último, aconsejamos que no se descargue en ningún caso archivo que venga adjunto en un email o SMS alarmante sin analizarlo previamente con un antivirus.

He sufrido una estafa por phishing ¿ahora qué?

Lo primero que debes hacer cuando has sido víctima de una estaba por phishing es cambiar todas las contraseñas, cancelar suscripciones y bloquear las tarjetas bancarias. Además, es posible que tengas que formatear tu ordenador o tu móvil, ya que ha podido instalarse un virus indeseado que va a provocar el robo de tus datos personales.

Una vez hecho esto, deberás ponerte en contacto inmediatamente con la entidad bancaria en cuestión, para avisar de la situación en la que te has visto envuelto y para cancelar cualquier operación que se esté haciendo a tu nombre y con tus claves.

Las entidades bancarias suelen actuar con celeridad en estos casos e incluso pueden llamarte antes de que te des cuenta de que has sido objeto de phishing para preguntarte sobre movimientos sospechosos de dinero, pudiendo cancelar estos movimientos en el momento.

Una vez cancelados los movimientos, se debe denunciar ante los cuerpos de seguridad la estafa sucedida, ya que no solo te han podido sustraer dinero, sino que han suplantado la identidad de la Entidad bancaria.

¿Me tiene que devolver el banco el dinero sustraído por phishing?

Si a pesar de la rapidez en tu detección del fraude y la actuación del banco intentando cancelar los movimientos realizados en tu nombre, alguna de esas transacciones se ha llevado a cabo, se debe reclamar a atención al cliente de la entidad bancaria la devolución del dinero sustraído.

Y esto es así porque según el artículo 36 del Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de Servicios de Pago (LSP), una orden de pago sólo se considera autorizada cuando el ordenante haya dado el consentimiento para su ejecución.

En caso de phishing, es el banco quien ve frustrada su seguridad con un fallo en ella, no pudiendo derivar en el usuario consumidor la responsabilidad de lo ocurrido. Deberá, por tanto, devolver el dinero que el estafador ha conseguido sustraer de las cuentas del consumidor.

Así lo establece la jurisprudencia de nuestro país, como se expone en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sec. 8ª, nº 107/2018, de 12/3/2018 que viene a decir lo siguiente que es el banco quien debe implementar las medidas necesarias para evitar fallos en la seguridad a la hora de dar el consentimiento para realizar una transferencia.

Esta transferencia, según la jurisprudencia, es un riesgo a cargo del banco, que debe restituir el importe íntegro sustraído, no pudiendo derivar la responsabilidad al consumidor porque los sistemas de autenticación se establecen precisamente para evitar estos fraudes, por lo que, si el banco no ha podido evitarlo, es el único responsable entendiendo que existe una responsabilidad por “culpa invigilando” o responsabilidad objetiva por el mal funcionamiento de los servicios de banca electrónica.

Por lo tanto, en el caso de que seas víctima de phishing, smishing o vishing, lo mejor es asesorarte correctamente de tus derechos con un abogado experto en derecho civil que pueda guiarte para recuperar tu dinero.

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Reclamación por problemas en la devolución de productos

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Reclamación por problemas en la devolución de productos

Devolución de productos: plazo, obligaciones y costes

Justo después de la época de Navidad y en plena temporada de rebajas es muy habitual encontrarse en los comercios largas colas no solo para realizar compras, sino para proceder a la devolución de regalos., Normalmente, damos por hecho que tenemos derecho a la devolución del precio abonado, pero ¿nos pueden obligar al cambio de producto por otro distinto o a la devolución mediante un bono? ¿Existe realmente una obligación legal por parte del vendedor de devolver el dinero? Desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados, vamos a intentar resumir en los siguientes puntos las cuestiones clave para resolver estas dudas.

¿Tiene el vendedor obligación de devolverme el dinero?

Por lo general, nos encontramos en estos supuestos con compradores por lo que la ley aplicable a estos conflictos es la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. En contra de lo que la mayoría de los consumidores cree, no existe obligación alguna de devolver un producto y recuperar el dinero abonado por él.

Lo que sí es cierto es que la ley confiere la posibilidad de desistir del contrato de compraventa, trasladando al consumidor ese derecho, es decir, de devolver el producto, siempre que el vendedor informe al comprador de esa posibilidad y los requisitos para ello.

Sin embargo, no existe obligación alguna para el vendedor de devolver el dinero, pudiendo optar por un bono o cambio por otro producto, pero para ello debe estar específicamente detallado en el momento de la compra.

Si en el contrato de compraventa, en estos casos el ticket de compra, se especifica claramente el derecho de devolución, los requisitos y las modalidades, se puede devolver al establecimiento comercial esa prenda de ropa que no nos gusta finalmente.

Qué plazo hay para devolver un producto

El plazo general que establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para desistir de un contrato es de 14 días que empiezan a contar desde el momento de la compra, como ya explicamos en el blog derecho de desistimiento en compras online.

Sin embargo, en el caso de que en el ticket o contrato de compraventa no aparezca claramente la posibilidad de desistir del contrato, así como los requisitos y modalidades de devolución del producto, legalmente el consumidor tendría doce meses para poder desistir del contrato y devolver el producto.

Qué plazo tengo para sustituir o cambiar un producto

La práctica común es la de acudir en esos catorce días posteriores a la compra en el establecimiento y solicitar un cambio del producto. Pero una vez más, el vendedor no está obligado a ello, salvo que se den una serie de requisitos. La condición para que el vendedor nos pueda sustituir el producto por otro es que el producto no sea conforme al contrato, es decir, cuando no cumpla lo establecido por la normativa de defensa de consumidores.

Aquí ya no estamos hablando de devolución de producto por talla incorrecta o porque hayamos cambiado de opinión sobre quedarnos dicho objeto, sino que, una vez comprado, observamos que tiene una tara o no sirve para lo que lo compramos.

En la ley se establece que un producto no es conforme al contrato cuando no se ajusta a la descripción dada por el vendedor, cuando no es apto para el uso que normalmente tiene un producto del mismo tipo, o incluso cuando el producto no es apto para un uso especial que fue requerido por el consumidor a la hora de la compra y el vendedor hubiera admitido ese uso especial del producto concreto.

Entonces, en el supuesto en el que se realiza una compraventa de unas botas de montaña específicas para expediciones de alta montaña, y se asegura por el vendedor que durarán tres años realizando ese uso, si resulta que a los seis meses de usarlas se rompe la suela y ya no se pueden utilizar para lo que se compraron, es entonces cuando nace el derecho del consumidor para pedir su sustitución.

¿Qué ocurre si mi producto no es igual a la descripción de la tienda?

La ley establece que, para el caso de que exista una falta de conformidad entre el producto y el contrato, el consumidor tiene un plazo de dos años para exigir que se sustituya su producto por otro nuevo y que tenga las características con las que se publicita y se vende.

Para poder ejercer este derecho de sustitución o cambio del producto es imprescindible que el consumidor ponga en conocimiento del vendedor el hecho de que el producto no es conforme al contrato dentro de los dos meses desde que tuvo conocimiento de ello.

Para este tipo de reclamaciones frente a vendedores, sobre todo cuando se trata de compraventa de productos muy específicos, siempre es bueno acudir a abogado experto en derecho civil que pueda aconsejar sobre las posibilidades que tiene el consumidor.

Como también es aconsejable acudir a un especialista en defensa de consumidores por parte del vendedor, para evitar que un consumidor abusivo trate de aprovecharse y excederse en los derechos que asisten a consumidores y usuarios.

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Tipos de jubilación en España 2022: Todo lo que debes saber

Tipos de jubilación y cotización en España
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Tipos de jubilación en España 2022: todo lo que debes saber

Edad y cotización mínima para la jubilación

En el año 2022, la edad a la que cualquier persona puede acceder a la jubilación ordinaria es de 65 años cuando el trabajador tiene una cotización de, al menos, 37 años y seis meses. En el caso de que el trabajador que no tenga cotizado ese período de tiempo, la edad de jubilación ordinaria sube hasta los 66 años y dos meses.

Esto no significa que un trabajador no pueda jubilarse antes de dicha edad, pero para acceder a esa jubilación anticipada debe de cumplir una serie de requisitos. Ahora bien, existen varias modalidades de jubilación anticipada, como son la jubilación para mutualistas, involuntaria, voluntaria, de actividades penosas, tóxicas o peligrosas, de personas con discapacidad y jubilación parcial anticipada.

En este artículo vamos a desgranar los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre la jubilación, aunque desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados aconsejamos dejar este tipo de temas a abogados especializados en Derecho Civil.

Tipos de jubilación en España

La jubilación anticipada voluntaria se puede solicitar dos años antes de la jubilación ordinaria y se debe tener un período mínimo de cotización de 35 años. En este tipo de jubilación se aplican una serie de coeficientes reductores como penalización dependiendo de los meses de anticipación a la edad de jubilación.

La jubilación anticipada forzosa o involuntaria tiene como requisitos estar inscrito en las oficinas como demandante de empleo al menos durante los 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud y haber cumplido un periodo mínimo de cotización de 33 años, tener 61 años o 62, si la cotización acumulada es menor de 37 años y 3 meses. Igualmente, aquí se aplican coeficientes reductores dependiendo del tiempo de anticipación de la jubilación.

La jubilación anticipada para mutualistas se puede solicitar a partir de los 60 años, con una cotización mínima de 30 años y cese involuntario.

La jubilación por incapacidad se puede solicitar a partir de los 56 años, teniendo 15 años trabajados con dicha discapacidad de un porcentaje igual o superior al 45%.

Por último, la jubilación por actividades penosas, tóxicas o peligrosas tiene una reducción de la edad a 52 años, como bomberos, policías, mineros, etc.

¿Qué pensión puedo tener con la jubilación ordinaria?

Para determinar la cuantía de la pensión de jubilación ordinaria en 2022 hay que determinar la base reguladora, que es el resultado de dividir por 350 todas las bases de cotización del trabajador que solicita la jubilación durante los 300 meses anteriores a la solicitud.

Hay que tener en cuenta que los 24 primeros meses se suman en su valor nominal y, el resto hasta 300 meses deben actualizarse conforme al IPC. No obstante, esto es así desde enero de 2013, cuando se modificó la Ley General de la Seguridad Social, por lo que antes de dicha fecha la base reguladora será el resultado de dividir las bases de cotización de 180 meses por 210. A partir de 2013, el número de meses se ha elevado a razón de 12 por año hasta llegar a los 300 en la actualidad.

Pongamos como ejemplo a un trabajador que tiene una cotización constante de 1.500 € durante esos 300 meses. La suma de las bases de cotización ascendería a 450.000 € que tendríamos que dividir entre 350. En este caso, el resultado daría un total de 1.285,71 €, que sería la pensión de jubilación del trabajador. Para poder determinar la pensión de jubilación y, en su caso, saber si cumple con los requisitos para solicitarla, es necesario acudir a un abogado experto en Seguridad Social que pueda asesorarle individualmente sobre su caso concreto.

¿Puedo compatibilizar la jubilación con un puesto de trabajo?

Desde el 17 de marzo de 2013 se permite compatibilizar la percepción de un porcentaje de la pensión de jubilación contributiva con la realización de cualquier trabajo. En estos supuestos, los trabajadores que compatibilicen la jubilación con su trabajo tendrán derecho a recibir el 50% de la pensión, independientemente de su jornada, teniendo la consideración de pensionistas a partir de ese momento y a todos los efectos. No obstante, esta compatibilidad no aplica el complemento por mínimos, independientemente de los ingresos obtenidos en el trabajo compatibilizado.

Sin embargo, hay que diferenciar si se trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena. En el primer caso, el trabajador autónomo podría recibir hasta el 100% de la jubilación si se acoge a la jubilación activa. Esto es posible si se acredita que se tiene por lo menos un trabajador contratado. Igualmente, el trabajador autónomo puede complementar los ingresos generados por su actividad con la pensión de jubilación siempre que los ingresos netos de la actividad no superen el Salario Mínimo Interprofesional anual.

Por otro lado, el trabajador por cuenta ajena también puede compatibilizar la prestación de jubilación. Sin embargo, en este caso se deben cumplir una serie de requisitos no solo por el trabajador, sino también por la empresa que lo tiene contratado. En este caso, el trabajador, para poder compatibilizar, debe tener cumplida la edad ordinaria de jubilación y para el cálculo de la pensión se debe aplicar a su base reguladora al 100%. Es decir, esta compatibilidad solo podrá ser adquirida por pensionistas con largas carreras de cotización.

Pero estos no son los únicos requisitos para que un trabajador por cuenta ajena pueda compatibilizar la jubilación, ya que la empresa también debe de cumplir una serie de requisitos. Así, la empresa no puede haber despedido improcedentemente a ningún trabajador en los seis meses anteriores a la compatibilidad, y, una vez iniciada esta compatibilidad, está obligada a mantener la vigencia del contrato de trabajo con el mismo nivel de empleo. Una vez finalizada la relación profesional que promueve esa compatibilidad, se restablece el percibo del 100% de la pensión de jubilación.

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Qué es el lucro cesante y cómo reclamar las perdidas de un negocio

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Qué es el lucro cesante y cómo reclamar las perdidas de un negocio

¿Qué es y en qué consiste el lucro cesante?

Cuando una persona sufre un siniestro, un accidente de tráfico, en el que está implicado un camión destinado al transporte de mercancías, además del daño personal que ha podido sufrir el conductor o del daño material del vehículo, el propietario de ese vehículo también va a sufrir un perjuicio patrimonial al tener que llevar el vehículo a un taller para su reparación. Ese dinero que esta persona podría haber ganado de no haber sido víctima de un accidente es lo que se conoce como lucro cesante.

Durante esos días de reparación el vehículo se queda inservible, y el propietario pierde el beneficio que hubiese obtenido si el camión estuviese en circulación realizando su transporte de mercancías. Esta perdida se denomina lucro cesante, el beneficio dejado de obtener. Nuestro Código Civil lo define en su artículo 1.106 como “la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor

Como indicamos desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados, ese lucro cesante también puede sufrirse en otras profesiones, tal como la de taxista. ¿Qué pasa cuando un vehículo dedicado al transporte de personas se encuentra inservible durante unos días por encontrarse en el taller por su reparación debido a un accidente de tráfico?

¿A quién puedo reclamar el lucro cesante?

Al tratarse de un accidente de tráfico el motivo por el que se sufre el daño patrimonial de lucro cesante, será la compañía de seguros del vehículo que resultó culpable en el siniestro quien tiene la obligación de abonar una indemnización en concepto de lucro cesante.

Al ser un seguro obligatorio en nuestro país, siempre va a haber una compañía de seguros que se haga responsable de esa indemnización. Por el contrario, en caso de que el vehículo que resultó culpable en el accidente de tráfico no tiene contratado ese seguro obligatorio, o se dio a la fuga y no se conocen datos del vehículo, disponemos en España de un respaldo por parte del Consorcio de Compensación de Seguros que responderá de esa indemnización, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones para poder presentar una reclamación frente a ese organismo. Por ello, es recomendable estar bien aconsejado y guiado por abogados expertos en Derecho Civil y reclamaciones de cantidad.

¿Qué indemnización me corresponde por la pérdida de mi equipaje?

La propia norma estipula una cuantía estándar en concepto de reclamación por destrucción, pérdida o avería del equipaje, sin necesidad de probar el valor de las maletas o lo que hay en ellas. Pero en los casos en que el valor de lo que llevamos en la maleta es considerable, se debería declarar el valor del equipaje en el momento de la facturación y en ocasiones la compañía puede hacernos pagar un suplemento por ello.

Siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los tribunales de nuestro país se acogen a esta normativa y suelen condenar a las compañías aéreas a abonar al pasajero que ha perdido sus maletas, la cuantía que establece el Convenio de Montreal. Cuantía que incluye tanto los daños materiales como morales, como han indicado ya diferentes tribunales españoles.

Esa cuantía máxima que establece la normativa internacional y que aplican los tribunales españoles, a día de hoy se encuentra actualizada a 1.131 Derechos Especiales de Giro, que convertidos a euros resulta una cuantía de 1.437’15 euros.

¿Cómo puedo demostrar que he sufrido lucro cesante?

Como en casi cualquier materia en el mundo del derecho, lo más complicado es probar el daño que se ha sufrido y probar que ese daño ha sido causado a consecuencia directa del siniestro en este caso, es decir el nexo causal. Es criterio de nuestro Tribunal Supremo que no se puede incluir en este perjuicio unos beneficios hipotéticos o imaginarios sueños de fortuna, sino que deben ser unos beneficios ciertos, concretos y bien acreditados.

Para probar los daños materiales que deben ser reparados, lo más común es que se acuda al parte amistoso que se firma entre ambos conductores en el momento del siniestro. En este momento es muy importante detallar todo lo ocurrido para que, con el paso del tiempo, no puedan surgir problemas por no haber plasmado en el parte amistoso que, por ejemplo, además de la rotura de la puerta trasera izquierda, tenía un arañazo en la parte delantera izquierda.

En otras ocasiones acude al lugar de los hechos la policía local del municipio, o la guardia civil de tráfico. En ese caso el cuerpo de seguridad que haya acudido realizará un informe o un atestado de cómo ocurrió el siniestro y de los daños que han sufrido ambos.

Una vez probados los daños materiales, se han de probar los daños patrimoniales, es decir, el lucro cesante. Para ello, lo más común en las reclamaciones por lucro cesante y lo que estipula la normativa, es la prueba documental consistente en certificados del taller donde ha estado el vehículo reparándose, declaraciones de impuestos de períodos justo anteriores al siniestro, documentación de ingresos de los meses anteriores al accidente de tráfico como pueden ser facturas de los servicios prestados.

Requisitos y pasos para reclamar el lucro cesante

Lo más habitual es hacer un cálculo de los ingresos obtenidos en los meses anteriores, por ejemplo, en los tres meses anteriores al siniestro, y dividirlo entre los días que se ha trabajado en esos tres meses para obtener un rendimiento que corresponde a un día de trabajo con ese vehículo. Siempre habrá que tener presente las circunstancias de cada caso concreto, como los días que está el camión en servicio, si existen más camiones propiedad del perjudicado que realizan los mismos trabajos, y cantidad de elementos que pueden influir en el cálculo del lucro cesante.

En esta clase de reclamaciones, existe además una normativa, la Ley 15/2009 del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, en la que en su propio articulado dispone unas reglas concretas para determinar la indemnización por paralización de vehículos por causas ajenas al transportista. Es decir, que la propia ley prevé unos cálculos para el caso de que no se pueda probar con facturas o documentación similar.

Los tribunales aceptan esos cálculos, en ocasiones corroborados por certificaciones que emiten organismos expertos, y en ocasiones han resultado condenadas compañías aseguradoras a abonar al transportista perjudicado una indemnización por el lucro cesante en base a estos cálculos previstos en la normativa. Aunque siempre es aconsejable acreditar el perjuicio sufrido con documentación más personalizada y reforzar esa prueba acreditativa con las certificaciones de organismos expertos y de la normativa aplicable.

¿Qué indemnización me corresponde si he sufrido lucro cesante?

Como reclamación hacia la aseguradora del vehículo responsable del daño, se puede reclamar el total del lucro cesante, es decir, el total de los ingresos que he dejado de obtener como consecuencia de que el vehículo con el que se conseguían esos ingresos se ha quedado paralizado en el taller para su reparación durante 13 días, por ejemplo.

Pero es criterio de muchas audiencias provinciales descontar a esos ingresos reclamados los gastos que hubiesen producido en ese período si el vehículo hubiese estado en funcionamiento. Esos gastos a descontar pueden estar relacionados con el combustible, amortización, revisiones, reparaciones, y cantidad de gastos que conlleva el funcionamiento de un vehículo dedicado al transporte de mercancías, o en el caso de taxistas a transporte de personas.

Lo que se suele descontar por parte de los tribunales es un 30% del total de los ingresos. Cosa que no sucede si lo que se está reclamando es la cuantía que resulta del cálculo realizado en base a la normativa de transporte terrestre de mercancías junto con el certificado del organismo experto. En este caso, lo que se reclama y a lo que se condena por parte de los tribunales es directamente la indemnización por paralización, sin que proceda ningún descuento por gasto alguno, ya que en esa indemnización ya está previsto e incluido ese descuento.

¿Necesitas un abogado para reclamar el lucro cesante?

En resumen, si se ha visto perjudicado por un siniestro en el que su vehículo con el que realiza servicios de transporte de mercancías ha tenido que permanecer paralizado durante unos días sin poder llevar a cabo sus trabajos, y el culpable en aquel siniestro fue el vehículo contrario, tiene derecho a reclamar el lucro cesante por esos días que no pudo prestar sus servicios. De manera que acudiendo a un despacho de abogados con servicios específicos en el que puedan guiarle y darle las herramientas necesarias para ello, podrá obtener la indemnización que le corresponde por el daño patrimonial que ha sufrido.

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Qué es la filiación y qué derechos exige la paternidad sobre los hijos

Filiación y derechos de paternidad
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Qué es la filiación y qué derechos exige la paternidad hacia los hijos

Qué es la filiación: derechos de maternidad y paternidad

Cuando hablamos de filiación estamos refiriéndonos a la relación y vínculo que tiene un progenitor con su hijo, esto es, la obligación y derechos que lleva consigo la maternidad y la paternidad. Esta filiación conlleva una serie de derechos y obligaciones entre padres e hijos recogidos en el Código Civil, en su Título V (De la paternidad y filiación), artículos 108 a 141. Por lo tanto, la filiación es el vínculo que determina las obligaciones y los derechos entre padres e hijos y que perduran en el tiempo, siendo su principio fundamental la protección a la familia.

Este concepto, que estrictamente hablando es un estado civil, ha venido actualizándose y adaptándose a la sociedad según ha transcurrido el tiempo, como por ejemplo ha ocurrido con los hijos dentro y fuera del matrimonio, que han venido a igualarse en derechos y deberes con el paso del tiempo y gracias a su inclusión en la Constitución. Igualmente, tenemos que aclarar que la filiación jurídica y biológica no tienen porqué coincidir para generar los derechos y deberes de los que hablamos.

Tipos de filiación. ¿Puede ser un padre jurídico pero no biológico?

Como hemos dicho, el Código Civil recoge la filiación en sus artículos 108 a 141, siendo el primero de ellos el que recoge los tipos de filiación posibles. Así, el artículo 108 del Código Civil establece lo siguiente “La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre sí. La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código”.

Esto determina dos tipos de filiación, la que es por naturaleza que puede ser matrimonial y no matrimonial, y la filiación por adopción. No obstante, esta diferenciación solo determina que la filiación jurídica y la biológica no tienen que coincidir, teniendo todos los tipos de filiación los mismos derechos y obligaciones, complementándose este artículo con el artículo 39 de la Constitución española, que establece la igualdad entre hijos. En resumen, y respondiendo a la pregunta que da título a este apartado, un padre jurídico cuenta con las mismas obligaciones que un padre biológico.

Cuáles son los efectos de la filiación

Esta filiación, como decimos, genera unos derechos y unos deberes entre padre e hijos. Sin embargo, son más destacables respecto a los menores de edad. Así, esta filiación va a determinar el nombre y los apellidos del menor, la atribución de la patria potestad, los derechos de alimentos y sucesorios y la nacionalidad, entre otros.

Respecto a la determinación del nombre y los apellidos, es un derecho de los hijos que determina su identidad y reconoce al padre y a la madre como progenitores del menor. Esta determinación del nombre y los apellidos establece quién tiene la patria potestad del menor, que son los derechos y obligaciones que tienen los padres respecto al cuidado y protección del menor y que se encuentran recogidos en el art. 154 a 161 del Código Civil.

Entre otras cosas, esta patria potestad conlleva para los padres el velar por los menores, “tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, además de gestionar sus bienes como un buen padre de familia” (art.154 CC). Pero también conlleva unas obligaciones para los hijos, que deben “obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre” (art. 155 CC).

Además, y en relación con esa patria potestad, esta filiación o paternidad y maternidad determina los derechos de alimentos, estando obligados los padres a su mantenimiento y cuidado, lo que conlleva un derecho de alimentos a favor del menor. Igualmente, los derechos sucesorios son determinados por la filiación y el Código Civil establece que los hijos son los legítimos herederos de sus padres, lo que significa que una tercera parte de la herencia les corresponde por ley, sin poder el causante privarles de dicha herencia.

Por otro lado, la filiación, o maternidad y paternidad, determina la nacionalidad de un menor ya que en nuestra normativa, la nacionalidad se atribuye por ius sanguinis. Esto significa que los nacidos de españoles irremediablemente tendrán también la nacionalidad española, independientemente del país en el que hayan nacido.

Además, el estado civil de la filiación tiene otras consecuencias jurídicas que son por todo el mundo conocidas como el derecho de baja por maternidad y paternidad, las prestaciones de la Seguridad Social por orfandad o en favor de familiares, e incluso los complementos de pensión contributiva por hijos.

Sin embargo, también existen obligaciones y derechos penales y cuasidelictuales. No olvidemos que el padre es responsable de los actos de sus hijos, por lo que tendrán que responder de la responsabilidad civil de sus actos. Asimismo, en el ámbito penal, la filiación puede agravar o atenuar algunos delitos. De esta forma, y al tratarse de un procedimiento completo, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados recomendamos poner este tema en manos de un abogado especialista en Derecho de Familia.

Cómo se determina la filiación tras el nacimiento o adopción

El artículo 112 del Código Civil establece que la filiación ocurre desde el hecho generador, lo que conlleva otorgarle retroactividad. Este hecho generador puede ser tanto el nacimiento, como la adopción o el reconocimiento, y debe inscribirse en el Registro Civil correspondiente. Esta determinación puede darse de múltiples formas, ya sea por el parto que vincula a la madre y sus hijos, la presunción de paternidad dentro del matrimonio, el reconocimiento de hijos fuera del matrimonio, la sentencia firme si no hay reconocimiento, la adopción y la posesión de estado.

Cuándo se puede impugnar la paternidad o filiación

En la mayoría de los casos la filiación no suele discutirse, ya que los hijos dentro del matrimonio se presumen hijos de los cónyuges y respecto a los hijos fuera del matrimonio se reconocen bastando una declaración de reconocimiento.

Sin embargo, puede ocurrir que el padre no reconozca a su hijo o bien la madre no sepa quién es el padre. Para ello, el Código Civil regula unas acciones para impugnar la filiación. Para ello, es necesario acudir a un abogado experto en derecho de familia.

La impugnación a la filiación es la acción mediante la cual una persona se opone a la filiación inscrita en el Registro Civil. Esta impugnación puede llevarla a cabo tanto el padre como la madre, pero también el propio hijo cuando sea mayor de edad.

También puede pasar que un padre quiera reconocer a un hijo y sea la madre la que haya inscrito en el Registro Civil a su hijo sin reflejar dicha paternidad. En ese caso, será el padre quien deba promover un reconocimiento de paternidad.

Este procedimiento judicial debe iniciarse en el plazo de un año desde la inscripción en el Registro Civil y se deben aportar pruebas que denoten una posibilidad razonable de dicha filiación.

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Salarios de tramitación: qué son y cómo reclamar a la empresa

reclamar salarios de tramitación
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Salarios de tramitación: qué son y cómo reclamar a la empresa

Qué son los salarios de tramitación

Los salarios de tramitación son los emolumentos que se abonan a un trabajador que ha sido despedido y ha reclamado, y conseguido, judicialmente la improcedencia o nulidad de dicho despido. Este concepto viene regulado en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y tiene como objeto la compensación de los salarios que este trabajador hubiera percibido en caso de que hubiera seguido trabajando en la empresa en vez de tener que acudir a los Juzgados.

Así, si un trabajador es despedido por la empresa donde trabaja, puede acudir a los Juzgados para reclamar si ese despido no se ha realizado conforme a ley o no está de acuerdo con el mismo por ir contra sus derechos fundamentales. El juzgado, en ese caso, es el que decidirá si el despido es procedente, improcedente o nulo. Si estás en esta situación, te contamos cómo reclamar un despido.

En el caso de que el juzgado le dé la razón al trabajador y se entienda que el despido es improcedente, el empleador tiene cinco días desde la notificación de la sentencia para decidir si quiere readmitir al trabajador o bien abonar la indemnización por despido improcedente.

En caso de que el despido fuese nulo, la readmisión es inmediata, no pudiendo optar el empresario por indemnización. Esto significa que desde que el trabajador es despedido hasta que es finalmente readmitido por la empresa, el trabajador debió continuar trabajando en ella, habiendo estado fuera de su puesto de trabajo y dejando de percibir el salario correspondiente a dichos meses por decisión unilateral del empleado.

Este salario dejado de percibir debe de compensarse en el momento de la readmisión del trabajador, teniendo que abonarle la empresa el salario de todos los meses que hubiese estado fuera de su puesto de trabajo durante la tramitación del procedimiento.

Si te encuentras en esta situación, es recomendable acudir a un despacho de abogados especializado en derecho laboral para valorar tu caso concreto y determinar las posibilidades existentes en tu despido.

Cuándo puede un trabajador a reclamar los salarios de tramitación

Los salarios de tramitación son consecuencia de una sentencia de despido improcedente o de nulidad de despido, por lo que hasta que no se obtenga dicha resolución, no existe obligación por el empresario de abonar los salarios de tramitación. Por lo tanto, solo podrán cobrarse una vez impugnado el despido y obtenido una Sentencia favorable para el trabajador. En ese caso, pueden darse tres situaciones:

Si es despido nulo, los salarios de tramitación se devengan inmediatamente, junto con la readmisión. Si es despido improcedente, el empresario podrá elegir entre la readmisión y el abono de la indemnización. Solo si opta por la readmisión se devengarán dichos salarios. Por último, cuando el trabajador sea un representante legal de los trabajadores, es él quien debe decidir sobre la readmisión o abono de la indemnización en caso de despido improcedente.

Cómo se calculan los salarios de tramitación

Este concepto está destinado a cubrir una pérdida de ingresos por un despido nulo o improcedente. Por eso, los salarios de tramitación comienzan a computar desde la fecha a efectos del despido, y debe abonarse el salario correspondiente hasta la fecha de notificación de la sentencia, independientemente de si son dos meses o 2 años.

En el caso de que el trabajador, durante ese tiempo, comience en un nuevo puesto de trabajo y le fuese imposible la readmisión, el salario de tramitación se devengará desde la fecha de despido hasta la fecha de incorporación a su nuevo trabajo. Además, no hay que olvidar que los salarios de tramitación no conllevan únicamente el salario neto que recibe el trabajador, sino que el empleador deberá cotizar a la Seguridad Social por los salarios en bruto, según lo establecido en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

Quién debe abonar los salarios de tramitación

Como venimos diciendo desde el despacho de abogados de Granada Emeybe abogados, la parte obligada al abono de los salarios de tramitación es la empresa que despide de manera nula o improcedente al trabajador. Sin embargo, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores establece en su apartado número 5 que el Estado responderá de las cantidades si la sentencia de despido no se dicta durante los 90 primeros días desde la fecha en la que se interpuso la demanda.

Por lo tanto, aunque el empresario tenga que abonar en un primer momento los salarios de tramitación, si la Sentencia se dicta pasados los 90 días hábiles desde que se interpone la demanda, la empresa podrá repetir el coste que le suponga la dilación del procedimiento al Estado.

Esta acción de repetición contra el Estado viene motivada por el derecho que se tiene a un proceso judicial que no tenga dilaciones indebidas, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. Por otro lado, en caso de que la empresa se encuentre en quiebra por insolvencia o en pleno concurso de acreedores, es el FOGASA quien responderá del abono de los salarios de tramitación.

Qué se descuenta de los salarios de tramitación

Los salarios de tramitación, como hemos dicho, es la compensación por pérdida de ingresos, por lo que existen ciertas incompatibilidades que deben de apuntarse para evitar problemas con la Administración.

Ya hemos mencionado que si el trabajador encuentra trabajo mientras se tramita el procedimiento, el salario de tramitación cuenta desde el momento del despido hasta la reincorporación al nuevo puesto de trabajo. Pero, ¿qué pasa en el caso de que el trabajador tenga trabajos puntuales durante la tramitación del procedimiento?

En este caso, se descontaría de los salarios de tramitación el salario abonado en dichos meses en ese nuevo trabajo. Si el salario percibido es inferior al que hubiera percibido antes del despido, deberá completar el empleador dichas cantidades. Igualmente, si el trabajador ha recibido prestación por desempleo, la readmisión al puesto de trabajo y el abono de los salarios de tramitación implica que el trabajador no habrá estado legalmente en situación de desempleo. Esto provoca que el trabajador deberá devolver lo que haya percibido en concepto de paro.

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Bienes gananciales y bienes privativos: diferencias y tipos

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Bienes gananciales y privativos: diferencias y tipos

Qué son los bienes gananciales: definición y tipos

Los bienes gananciales son todos aquellos que pertenecen a ambos cónyuges dentro de un matrimonio, los cuales se encuentran regidos por la sociedad de gananciales. Mediante este régimen económico matrimonial, los dos integrantes de la pareja dividen en partes iguales los beneficios obtenidos por cada uno de ellos durante la vida en matrimonio.

Ahora bien, cabe destacar qué bienes se encuentran incluidos en esa sociedad de gananciales, la cual estará formada por una masa de bienes resultado de la actividad de ambos cónyuges adquiridos de diferente forma, como vamos a enumerar a continuación:

  • De forma directa, se consideran bienes gananciales a los beneficios económicos generados por cada una de las partes en su actividad laboral.

  • De forma indirecta, también podremos considerar bienes gananciales a los beneficios, rentas o intereses de bienes, ya sean privativos o gananciales.

  • Igualmente, consideraremos bienes gananciales a las mejoras o edificaciones realizadas sobre bienes gananciales. En caso de que esa mejora estuviera realizada con la ayuda de bienes privativos, el reparto sería proporcional en caso de disolución.

  • Por voluntad expresa de los cónyuges, serán bienes gananciales todos aquellos que, de común acuerdo, así se especifiquen, aunque se hayan obtenido con bienes privativos.

  • Serán bienes gananciales aquellos donados o heredados por los cónyuges de forma conjunta.

Para que uno de los cónyuges pueda acceder a un bien ganancial, el otro debe ofrecer su aceptación. No obstante, dentro del régimen económico matrimonial también existen los bienes privativos (exclusivos a un cónyuge) y que veremos a continuación.

De cualquier forma, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados ponemos a nuestro equipo de abogados especialistas en divorcios a tu alcance para asegurar el mejor resultado de un divorcio o separación donde sea necesaria la gestión de la sociedad de bienes.

Qué son los bienes privativos: definición y tipos

Los bienes privativos, a diferencia de los bienes gananciales, son aquellos que pertenecen a uno de los cónyuges y que, por consiguiente, no entra a formar parte del régimen económico matrimonial. Así, éste contará con la libertad de hacer lo que desee con dicho bien, aunque si se trata de la vivienda familiar, será necesaria la autorización judicial para su uso y disfrute.

Así, de acuerdo con el artículo 1346 del Código Civil, podemos hacer una diferenciación de los bienes y derechos privativos de ambos cónyuges dentro de un matrimonio:

  • Bienes adquiridos por uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio.
  • Los adquiridos dentro del matrimonio a partir de otros bienes privativos.
  • Los bienes que empiezan a formar parte del patrimonio a partir de una herencia o donación.
  • Las herramientas necesarias para el desempeño de la actividad de uno de los cónyuges.
  • Indemnización que reciba uno de los cónyuges por un daño en uno de sus bienes privativos.
  • Bienes y derechos que no son transmisibles, como la pensión de Seguridad Social.
  • Bienes comprados o vendidos a otra persona a partir de la figura de pacto de retracto.

Qué efectos tiene el matrimonio sobre el patrimonio

Como hemos mencionado anteriormente, los bienes privativos son exclusivos de uno de los cónyuges y, por tanto, nunca serán expuestos a reparto en caso de divorcio o fallecimiento. Eso sí, en caso de disolución del matrimonio, será necesaria la demostración de qué bienes son privativos y qué otros son bienes gananciales dentro del matrimonio. Existen dos formas de proceder, ya sea con la declaración de uno de los cónyuges o con la presentación de facturas u otros documentos que acrediten la pertenencia de un bien.

Si la disolución del matrimonio se produce como consecuencia del fallecimiento de uno de los cónyuges, la delimitación de los bienes privativos será igualmente necesaria para establecer en qué medidas se procede al reparto en una herencia.

Qué es la separación de bienes

Si bien tras la celebración de un matrimonio impera la figura del régimen económico matrimonial entre ambos cónyuges, también existe la posibilidad de que éstos, de mutuo acuerdo, realicen una separación de bienes para establecer diferencias entre el patrimonio de uno y otro durante la vida en común. De esta forma, cada uno gestionará sus bienes y derechos.

Sin embargo, esta separación de bienes no impide que durante el matrimonio haya otros bienes comunes, que serán aquellos adquiridos de forma conjunta o que se entiendan como intransferibles dentro del matrimonio. Así, en caso de divorcio solo habrá que liquidar esos bienes comunes.

Se trata de la opción más elegida en España, si bien en la Comunidad Valencia, Cataluña y las Islas Baleares es el reparto por defecto que se realiza tras la celebración del matrimonio. Su demanda se debe a que es la mejor forma de aislar el riesgo dentro de una pareja cuando uno de los cónyuges se dedica a una actividad económica que puede poner en riesgo el patrimonio.

Ventajas del régimen de separación de bienes

  • Aporta seguridad cuando el trabajo de un cónyuge puede poner en riesgo el patrimonio.
  • Cada cónyuge puede disponer de sus bienes sin solicitar permiso al otro.
  • En caso de divorcio, la liquidación de bienes será un proceso más sencillo.

Desventajas del régimen de separación de bienes

De forma tradicional, la separación de bienes siempre ha perjudicado a la persona encargada de cuidar del hogar mientras el otro cónyuge desempeñaba su actividad laboral. Para corregir tal desequilibrio, el Código Civil introdujo una solución a través de su artículo 1438, donde establecía que, en caso de divorcio, la persona encargada del hogar recibiría una compensación económica por su dedicación dentro del núcleo matrimonial.

Por su parte, también aparece la figura de la insolidaridad como desventaja del régimen de separación de bienes, la cual hace referencia a la situación en la que uno de los cónyuges, que aporta económicamente por igual a las cargas matrimoniales, cuenta con una diferencia notable en la capacidad económica de su actividad laboral.

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¿Puedo dejar de pagar mi préstamo o crédito por cláusulas abusivas?

impago en el crédito o préstamo bancario
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¿Puedo dejar de pagar un préstamo o crédito por cláusulas abusivas?

Qué ocurre si dejo de pagar las cuotas de mi préstamo personal

Desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados, expertos en la reclamación de deudas e impagos, consideramos una situación frecuente la recepción de clientes envueltos en un procedimiento judicial por haber dejado de pagar las cuotas de un préstamo personal. Estos créditos, contratados con una entidad bancaria o con empresas prestamistas, como pueden ser Cofidis, WiZink, se convierten en un verdadero problema para quienes no pueden continuar enfrentándolo. Es ahí donde entra un abogado especialista en derecho bancario, dispuesto a negociar la deuda.

En muchas ocasiones la entidad bancaria o prestamista no espera demasiado tiempo para reclamar esos impagos y acudir a los tribunales con el fin de obligar al cliente o prestatario a abonar lo debido. Un hecho que resulta del todo lógico dado que se trata de un contrato de préstamo en el que ambas partes quedan obligadas a cumplir lo establecido: la primera al ingreso de la cuantía objeto de ese préstamo y la segunda, al reintegro de esa cuantía dividida en cuotas mensuales, incluyendo intereses.

Intereses que, en algunos supuestos, en realidad en la mayoría de los casos, resultan tan altos que se han considerado abusivos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de nuestros tribunales nacionales. Además de otras cláusulas insertas en ese tipo de contratos de préstamo consideradas también abusivas por la justicia europea y española.

Procedimiento de reclamación de un préstamo impagado

Las entidades prestamistas, después de varios intentos de reclamación para que el prestatario pague lo que debe, suelen acudir a los juzgados mediante un procedimiento llamado juicio monitorio. En él se da la oportunidad al deudor para que se pronuncie sobre si debe o no la cuantía que se le reclama, momento en el que se deberá alegar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo.

La ley prevé que esa revisión de las cláusulas del contrato para determinar si hay o no cláusulas abusivas se realice por parte del juzgado que recibe la demanda de juicio monitorio. Es el propio juzgado competente el que debe entrar a valorar si hay cláusulas que causen un perjuicio en el consumidor, que no han sido negociadas por el consumidor y que además causen un desequilibrio considerable en los derechos y obligaciones de ambas partes. Y debe hacerlo de oficio, pero en pocas ocasiones nos encontramos con que ocurra.

Por ello, es muy aconsejable acudir a un despacho de abogados especializado en servicios específicos en la materia que pueda ayudar al consumidor y guiarlo en el camino correcto para evitar una posible indefensión hacia el consumidor deudor.

Cómo me defiendo de las cuotas de créditos que me reclama el banco

No se trata de conseguir que se perdone la deuda y no haya nada que abonar a la entidad prestamista, sino de que los bancos no aprovechen la situación para aumentar la cuantía que se ha de devolver en el caso de que el consumidor no sea conocedor de los términos los términos que se usan en los contratos de este tipo o de su poco conocimiento financiero.

Si se detecta que en el contrato de préstamo firmado hay cláusulas abusivas, se solicita al juzgado que declare ese carácter abusivo y, por lo tanto, su nulidad, dejando sin efecto las cláusulas y, en consecuencia, bajando la cuantía a pagar a la entidad prestamista.

En la mayoría de contratos se incluyen cláusulas de intereses muy altos que han sido considerados abusivos por nuestro Tribunal Supremo y cantidad de Audiencias Provinciales, por lo que el consumidor solo tendrá que abonar al prestamista la cantidad que percibió en concepto de préstamo. Es decir, que, si el préstamo fue de cinco mil euros, al declararse abusiva y nula la cláusula del cálculo de los intereses, solo tendrá que reintegrar esos cinco mil euros, o lo que le quedase por abonar hasta llegar a esa cuantía.

¿Y si mi préstamo bancario tiene una cláusula de vencimiento anticipado?

Ahora bien, no es tan sencillo cuando, por ejemplo, se trata de la cláusula de vencimiento anticipado. Esta consiste en que al haber dejado de pagar una o más cuotas del préstamo, la entidad prestamista puede pedirle al consumidor que le abone el préstamo al completo, y esa cuantía es la que reclamará la entidad por la vía judicial.

La abusividad de esta cláusula no es tan clara como la de los intereses, ni tan beneficiosa para el consumidor deudor, ya que no se ha considerado abusiva por parte de los tribunales si no se cumplen unos requisitos en la redacción de esa cláusula.

Se puede dar el caso en el que la entidad nos reclame el préstamo al completo y que la cláusula de intereses no sea abusiva por ser unos intereses bajos y acordes con la legalidad. Sin embargo, puede también existir una cláusula de vencimiento anticipado en la que se especifique muy clara y precisamente que cuando haya tres impagos de cuotas la entidad prestamista puede resolver el contrato y reclamar todo lo que reste para abonar la totalidad del préstamo.

Contra eso hay poca defensa por el momento, ya que los tribunales de nuestro país no consideran abusiva una cláusula en la que se ha dejado muy claro cuántos impagos deben producirse para que se pueda reclamar la totalidad de lo prestado, siempre que sean más de dos impagos.

Por esto siempre es aconsejable acudir a un despacho de abogados en el que puedan estudiar cada caso concreto, ya que si no se hace nada por parte del consumidor puede darse el caso de embargos por cuantías que en realidad son más altas de lo que deberían ser. Y cuando ya ha terminado el procedimiento judicial y se realizan los embargos, se reducen mucho las posibilidades de rebajar esa cuantía que se debe, resultando en ocasiones imposible.

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