Reforma Concursal 2022: cómo afecta a la Ley de Segunda Oportunidad

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Reforma Concursal 2022: cómo afecta a la Ley de Segunda Oportunidad

En la actualidad, es frecuente contar con varios préstamos bancarios en vigor, ya sea para la compra de nuestra vivienda, de un vehículo, o incluso para poder cubrir gastos universitarios. Esto ha ocasionado que, después de las crisis económicas que han sacudido nuestro país desde el 2007, muchas personas hayan tenido que recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad para solucionar sus problemas de impagos por verse superados por esos gastos a los que ya no pueden hacer frente.

Esto ha provocado que los procedimientos judiciales por impago de estos préstamos hayan aumentado exponencialmente, solicitando las entidades bancarias su ejecución y reclamación al consumidor y deudor la devolución de las cantidades prestadas. Un deudor que no ha tenido más opción que recurrir a servicios jurídicos específicos para dar solución a esta problemática.

Cómo ayuda la Ley de Segunda Oportunidad frente a las deudas

Ante esta situación, cada vez más común, se redactó la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que otorgaba la posibilidad a los deudores de gestionar e incluso condonar las deudas que se habían visto incapaces de abonar mensualmente.

Esta Ley se ha visto completada con la nueva Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal que entrará en vigor el próximo 26 de septiembre y que intenta corregir y ampliar las soluciones dadas por la primera. Todo ello llega con la intención de resolver la situación insostenible que para muchos particulares supone el no poder abonar los préstamos a final de mes por el devenir de los problemas económicos, generando deudas e intereses mayores a los ingresos.

La exoneración final de la deuda es el objetivo y el ideal para cualquier persona que se encuentre en esta situación. Sin embargo, no todo el mundo puede acceder a ella, ya que hay que seguir unos pasos y cumplir unos requisitos para reclamar la Ley de Segunda Oportunidad. Así, el deudor debe actuar de buena fe, no ocultar ninguna deuda existente (eso podría conllevar a la perdida de la exoneración de las deudas), y cumplir los requisitos que establece la normativa.

Cómo afecta la reforma concursal a la Ley de Segunda Oportunidad

Con la nueva reforma de la Ley concursal se prevé un procedimiento especial y más eficaz para los deudores, intentando que el procedimiento ya recogido en la Ley de la Segunda Oportunidad se agilice y sea menos costoso, tanto para particulares como para empresas. Esta reforma, además, hace que se planteen dos caminos a seguir a la hora de solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho.

La primera opción, contenida en la Ley de Segunda Oportunidad, es proceder a la liquidación de la masa activa y la posterior exoneración de la deuda por conclusión del concurso o por resultar insuficiente esa masa activa para satisfacer los créditos existentes. Pero esta reforma de la Ley concursal abre una segunda puerta que plantea la posibilidad de no liquidar la masa activa, sino que promueve un plan de pagos para intentar satisfacer las deudas del solicitante.

Esto supone asimilar nuestra legislación a las legislaciones norteamericana, francesa o finlandesa, países en los que una persona física puede obtener una exoneración de sus deudas después de un plan de pago manteniendo sus bienes. Es decir, sin que haya una liquidación de la masa activa del deudor. Así, esta reforma contempla el acceso a la exoneración de las deudas sin tener que liquidar previamente el patrimonio, como sí hacía la Ley de Segunda Oportunidad, ofreciendo al deudor la posibilidad de mantener su vivienda habitual si se cumplen unas condiciones concretas.

Además, en el caso de que el deudor sea autónomo o PYME y, a la hora de tramitar el procedimiento tenga su negocio en activo, se le abre la posibilidad de que siga ejerciendo su actividad profesional, cosa que no era contemplada en la Ley de Segunda Oportunidad.

En la primera opción dada por la Ley de Segunda Oportunidad, la exoneración del pasivo existente procedía cuando había finalizado la fase de liquidación de la masa activa o había resultado insuficiente esa masa para cubrir todas las deudas existentes.

Pero la gran novedad en esta reforma de la Ley Concursal es la posibilidad de fijar un plan de pagos manteniendo a salvo determinados bienes propiedad del deudor, como la vivienda familiar. Ese plan de pagos tiene una duración de tres años que en algunos supuestos se puede ampliar a cinco años cuando se reúnan los requisitos previstos en la nueva Ley Concursal. Durante ese plazo, los créditos que puedan ser exonerados posteriormente no devengan intereses mientras se cumplan los pagos acordados, lo que supone un alivio para los deudores que continuaban sumando intereses.

Qué garantías hay de que se exonere la deuda con la Ley de Segunda Oportunidad

Conseguir o no la exoneración final de la deuda depende de un buen asesoramiento profesional. Por eso, recomendamos acudir a un abogado experto en la Ley de Segunda Oportunidad que pueda orientar al deudor sobre qué y cómo hacer para conseguir ese resultado final tan deseado, como hacemos en el despacho de abogados de Granada Emeybe. Así, se podría perder esta exoneración si se deja de cumplir el plan de pagos acordado o no destina todos sus ingresos al abono de las deudas, porque se podría entender que no se estaría obrando de buena fe.

Qué deudas no podrá perdonar la Ley de Segunda Oportunidad

Puede pensarse que todas las deudas podrían computar en un procedimiento de Segunda Oportunidad, Sin embargo, existen determinadas deudas que, por su carácter o causa, no pueden ser tenidas en cuenta en este procedimiento.

Así, la Ley de Segunda Oportunidad no permite que se incluya como parte del pasivo las deudas que sean consecuencia de una multa por un procedimiento penal, por sanciones administrativas muy graves. Tampoco las deudas derivadas de las pensiones de alimentos en procedimientos de familia, así como las deudas procedentes de una responsabilidad civil extracontractual.

Igualmente, pueden surgir dudas sobre si una deuda contraída por un matrimonio en régimen de gananciales puede exonerarse completamente si uno de los cónyuges accede al procedimiento de Segunda Oportunidad. En este caso, la reforma de la Ley Concursal es clara en su artículo 491, estableciendo que la exoneración de la deuda se hace de manera personal, por lo que, si la deuda corresponde a cada cónyuge al 50%, solo se exonerará el 50% del cónyuge al que se le ha aplicado la Ley de Segunda Oportunidad.

Por otro lado, si existe un avalista del préstamo, se complicaría la exoneración de la deuda que se solicita a través del mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad. Esto ocurre porque la entidad bancaria le podría solicitar el abono de la deuda a este tercero, no pudiendo alegarse insolvencia por el deudor principal si este avalista tiene bienes que cubran el crédito. Por lo tanto, para poder acceder al procedimiento de Segunda Oportunidad y conseguir el objetivo de la exoneración total de la deuda, se debe procurar un buen asesoramiento de un abogado experto en Ley de Segunda Oportunidad.

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Indemnización por despido en contratos anteriores a 2012

Indemnización despido improcedente en contrato anterior a 2012
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Indemnización por despido en contratos anteriores a 2012

¿Sabías que uno de los principales factores a tener en cuenta para reclamar un despido es la antigüedad del trabajador en la empresa? Parece algo obvio, pero en muchos casos pasa desapercibido que, si una persona fue contratada antes de la reforma laboral de 2012, en su despido improcedente le corresponden 45 días de salario por año trabajado, y no 33, como ocurre actualmente, en el período de tiempo anterior a dicha reforma.

La reforma que produjo el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral no pasó inadvertida para nadie. El Gobierno excusó dicha reforma en la crisis que desde el año 2007 sufría España, pero lo hizo limitando derechos a los trabajadores que vieron reducidas las indemnizaciones a partir de esa fecha.

Antes de la entrada en vigor de esta Ley el 12 de febrero de 2012, regía el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que recogía, en su artículo 56 que, en caso de despido improcedente, al trabajador le correspondía la indemnización de 45 días de salario por año de trabajado, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 42 mensualidades.

¿Cómo afecta a los despidos la modificación del artículo 56 del ET?

Este artículo fue modificado por el Real Decreto Ley 3/2012, en concreto por su Disposición transitoria quinta, que estableció la rebaja de esta indemnización a 33 días por año trabajado, señalando que la indemnización no podrá superar los 720 días de salario.

Sin embargo, puede que el trabajador que lleve trabajando en la misma empresa desde antes de 2012, no se haya parado a pensar qué pasa con su indemnización ¿Se aplican los 45 o los 33 días de indemnización por año trabajado? 

A esta pregunta da respuesta la misma Disposición transitoria quinta del Real Decreto Ley 3/2012, que establece que los trabajadores que sean despedidos posteriormente a la reforma deberán calcular su indemnización dependiendo del momento del inicio del contrato.

Es decir, en el caso de que el contrato se iniciase antes de la reforma laboral de 2012 y la relación laboral terminase posteriormente a ella, se deberá calcular la indemnización en dos tramos: el primero desde el inicio del contrato hasta el 12 de febrero de 2012 a razón de 45 días por año trabajado y el segundo desde el 12 de febrero de 2012 hasta la finalización de la relación laboral a razón de 33 días por año trabajado.

Por lo tanto, se establece expresamente que la reforma laboral en lo que a las indemnizaciones por despido improcedente se refiere, se aplica a los contratos celebrados a partir de su entrada en vigor, manteniéndose las reglas anteriormente vigentes para los contratos anteriores y hasta la vigencia de la nueva ley.

Cuál es el plazo para reclamar el Cártel de Coches

Según lo establecido por la Justicia europea, todas las personas que compraron su vehículo entre 2006 y 2013 y que pagaron de más por él, tendrán hasta cinco años para reclamar ese dinero. Con esto, se abre un nuevo plazo para que los afectados por el Cártel de Coches soliciten lo abonado de más, sea cual sea la marca de su vehículo y pese a que la fecha en la que podían reclamar hubiera expirado.

Todo ello está basado en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en su resolución del 22 de junio de 2022 sobre el cártel de camiones, la cual resuelve de forma favorable la ampliación de plazo a 5 años. Los mismos afirman que esta sentencia “abre nuevas oportunidades para los afectados por los fabricantes de automóviles”. Así, como concluyen en su comunicado oficial, «el plazo queda ampliado hasta abril de 2026 para poder recuperar entre el 10-15% del valor de compra de su vehículo, que puede aumentar hasta el 20% debido a los intereses legales».

Desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados, son decenas de reclamaciones de afectados por el Cártel de Coches las que hemos tramitado y queremos seguir ayudándote a recuperar el dinero que pagaste de más entre los años 2006 y 2013 en la compra de tu vehículo. Si tienes dudas de si eres uno de los afectados, contacta con nosotros para comprobar si puedes recuperar el dinero que abonaste de forma indebida.

Cuál es el límite de la indemnización por despido improcedente

Esta nueva reglamentación también modificó el límite máximo de indemnización por despido improcedente, estableciéndose que este importe no podrá superar los 720 días de salario, salvo que el cálculo de indemnización por el periodo anterior a 2012 por sí mismo superase ese límite. En ese caso, se establece que será esta última cuantía la que reciba el trabajador, no pudiendo superar la misma el límite de 42 mensualidades de salario.

Esta redacción ha generado también controversias porque da lugar a pensar que la indemnización que percibe el trabajador es únicamente la resultante hasta la reforma de 2012 por superar este límite de 720 días de salario.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 18 de febrero de 2016, ha dado luz a esta cuestión interpretativa diciendo que la indemnización por despido de un trabajador con contrato iniciado antes de la reforma y terminado después de ésta no puede limitarse a la indemnización generada en el primer tramo. Por mucho que supere los 720 días de salario, sino que se tomará esa indemnización completa y se continuará acumulando indemnización después del 12 de febrero de 2012, pero a razón de 33 días de salario por año de servicio. Eso sí, con el límite máximo de 42 mensualidades.

Cómo reclamar un despido improcedente

En caso de despido, hay que tener muy en cuenta que el plazo que establece la legislación es corto y puede pasarse fácilmente​, por lo que recomendamos acudir inmediatamente a un abogado experto en Derecho laboral, como es el despacho de abogados de Granada Emeybe.

En este caso, para impugnar el despido existe un plazo de 20 días hábiles​, en el cual se debe interponer una papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación y​ Arbitraje de la Provincia correspondiente. Este plazo de 20 días se suspende por la presentación de la papeleta​ de conciliación y se reanudará una vez realizada en el caso de no llegar a acuerdo con la empresa.

Una vez presentada la papeleta de conciliación, se citará tanto a trabajador como a empresa para que comparezcan en el organismo de conciliación, donde se intentará llegar a un acuerdo. En caso de llegar a un punto en común, se firmará un acta de acuerdo con avenencia, donde se recogerá el acuerdo alcanzad​o. Si no existe acuerdo, se firmará un acto sin avenencia o, en caso de no presentarse la empresa, como intentado sin efecto.

Una vez celebrado el CMAC, comienzan a contar nuevamente los días de prescripción del despido. Hay que tener en cuenta que, una vez presentada la papeleta de conciliación y en el caso de que el CMAC no nos cite con rapidez, este plazo de prescripción comienza a los 15 días de haber presentado la conciliación si no se ha celebrado la misma. Es decir, si el organismo conciliador tiene más conciliaciones de las que puede gestionar y te cita pasados esos 15 días, es posible que debas poner la demanda antes de la conciliación para respetar el plazo de prescripción del despido.

Una vez presentada la demanda en el Juzgado de lo Social no queda más que esperar al señalamiento del juicio correspondiente, donde se practicarán las pruebas pertinentes para determinar si el despido es o no improcedente. Para poder establecer la indemnización que puede corresponder y su reclamación en tiempo y forma, es necesario acudir a un abogado experto en derecho laboral, que pueda defender tus derechos aplicando la legislación correctamente.

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Cómo reclamar la cláusula suelo de tu hipoteca antes de 2013

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Cómo reclamar la cláusula suelo de tu hipoteca antes de 2013

El Tribunal Supremo ha asestado un golpe histórico a la banca española después de confirmar por medio de la Sentencia 3211/2022 la posibilidad de reclamar la cláusulas suelo anteriores al año 2013 para aquellas solicitudes para las que se dictó sentencia entre ese año y 2016. Esto llega años después de que el propio Tribunal Supremo estableciera que las reclamaciones por cláusula suelo abusiva que tuvieron su sentencia entre 2013 y 2016 no podrían pedir el dinero que les correspondía antes de la mencionada fecha.

En resumidas cuentas, el Alto Tribunal negó la posibilidad de reclamar la cláusula suelo a todas esas personas que, independientemente de la fecha la que firmaron su préstamo hipotecario con el banco, reclamaran la devolución de las cuotas nulas y tuvieran una sentencia entre 2013 y 2016. Para las sentencias posteriores, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea corrigió el 21 de diciembre de 2016 el razonamiento del Tribunal Supremo, entendiendo que negar la retroactividad de reclamación anterior al año 2013 era contrario al derecho comunitario.

A partir de entonces, las sentencias asumieron lo dictado por el TJUE y determinaron la retroactividad de la devolución de las cantidades abonadas de más por la cláusula suelo de sus hipotecas desde antes de 2013. No obstante, las sentencias dictadas entre los años 2013 y 2016 quedaban sujetas a lo dicho por el Tribunal Supremo, de manera que imposibilitaba la reclamación antes de la primera fecha por existir cosa juzgada.

Hasta ahora, que el Tribunal Supremo, en aplicación a la sentencia de 17 de mayo de 2022, ha establecido que todas las personas afectadas por la cláusula suelo, independientemente de si tienen o no sentencia entre los años 2013 y 2016, podrán solicitar el dinero que pagaron de más con anterioridad a esa fecha. ¿Necesitas un abogado experto en cláusula suelo en Granada? En Emeybe Abogados reclamamos la devolución de tu cláusula suelo anterior a 2013.

¿Qué necesito para reclamar mi cláusula suelo?

Si eres una de las miles de personas afectadas por la cláusula suelo en su hipoteca en España y aún no has iniciado un proceso de reclamación, en el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados te ayudamos a conseguir la devolución de todas las cuotas pagadas de más.

Existen dos formas de hacerlo. La primera, evitando ir a juicio e intentando llegar a un acuerdo con el banco para la devolución de las cuotas pagadas indebidamente. Esta solución no suele prosperar, de manera que lo más común será la vía judicial, donde con la ayuda de un abogado experto en cláusula suelo la persona afectada tendrá que demostrar que hubo falta de transparencia por parte del banco durante el proceso de firma de la hipoteca. Esta falta de transparencia se refiere a que el banco ocultara en algún momento del proceso el interés mínimo que debía pagar el consumidor o que disfrazara las consecuencias de aplicar esas condiciones abusivas sobre el préstamo.

En cualquier caso, el consumidor podrá reclamar la devolución de la cláusula suelo de su hipoteca antes del año 2013 para recuperar todo ese dinero que mensualmente pagó sin tener que hacerlo, siempre con el asesoramiento de un abogado especialista en Derecho Bancario.

¿Cuántos años puedo reclamar la cláusula suelo?

Si tu hipoteca tiene cláusula suelo, ya puedes reclamar la devolución de las cuotas pagadas indebidamente en tu hipoteca desde el momento en el que la firmaste. Así, al menos, lo ha dicho el Tribunal Supremo, que ha incluido a todas esas personas que tienen una sentencia de reclamación de su cláusula suelo entre los años 2013 y 2016.

Y es que, hasta finales del mes de julio de 2022, todos los afectados por la cláusula suelo que reclamaron las cuotas impagadas y que tienen una sentencia entre 2013 y 2016, no podía solicitar el dinero que pagaron antes de la primera fecha. Sin embargo, ahora todos los consumidores, con independencia de la fecha en la que obtuvieron su sentencia, podrán exigir al banco con el que firmaron su hipoteca el dinero que pagaron de más, sea cual sea el día en que firmaron el préstamo.

¿Cómo sé si mi hipoteca tiene cláusula suelo?

Es realmente sencillo detectar si una hipoteca está afectada por la cláusula suelo, ya que basta con mirar si el interés abonado en los últimos años por los consumidores con tipo variable se ha mantenido intacto. En ese caso, ya que el Euribor ha cambiado con el paso de los meses, es muy posible que la hipoteca en cuestión esté afectada por una cláusula suelo.

En cualquier caso, siempre es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especialista en cláusula suelo, como es el caso del despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados.

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Plazos procesales durante el mes de agosto 2022 | Calendario judicial

Plazos procesales agosto 2022
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Plazos procesales durante el mes de agosto 2022 | Calendario judicial

Llega el mes de agosto y con él, las vacaciones. También para los juzgados, y es que según establece el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales”. Sin embargo, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados insistimos en la necesidad de agilizar ciertos procedimientos cuando se trate de casos especiales, como puede ser la reclamación de despido de un trabajador que ha perdido su trabajo.

Así, debemos comenzar este artículo diferenciando entre los plazos administrativos y los plazos judiciales, ya que el primer concepto hace referencia a la relación entre el ciudadano y la administración y en el segundo de los casos, a la actividad del juzgado en relación a su agenda de procedimiento, la cual quedará paralizada en agosto salvo en casos de urgencia.

Plazos administrativos durante el mes de agosto

Como hemos dicho anteriormente, los plazos administrativos afectan a esos procedimientos que involucran directamente al ciudadano y a la administración, como puede ocurrir en la reclamación de una multa de tráfico o la presentación de una papeleta de conciliación a un trabajador que ha sido despedido de su trabajo y pretende llegar a un acuerdo antes del juicio.

Por lo general, en los plazos administrativos no son hábiles ni lo sábados, ni los domingos, ni los días festivos, de manera que cuando un ciudadano tenga que realizar cualquier gestión que no requiera la intervención de un juzgado, el mes de agosto será como cualquier otro del año. Aunque para mayor claridad, todos los años se publica un calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para tener en cuenta los plazos.

Por lo general, el mes de agosto no es hábil para la jurisdicción laboral, aunque hay algunas excepciones que recoge el artículo 43 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para las que no se paralizan los plazos durante las vacaciones de verano y que, por tanto, hará seguir trabajando a cualquier abogado especialista en Derecho Laboral:

  • Despidos, tanto disciplinarios, como objetivo, en un ERE…
  • Presentar la papeleta de conciliación tras un despido.
  • Extinción de contrato del trabajador por incumplimiento del empresario.
  • Modificación sustancial de las condiciones de un trabajador en su empleo.
  • Suspensión o reducción de jornada por causas objetivas.
  • Impugnación de altas médicas.
  • Medidas laborales para la protección de la violencia de género.
  • Actos preparatorios de accidentes de tráfico, enfermedades laborales, etc.

Debemos tener en cuenta que, aunque el mes de agosto no será hábil para la presentación de una demanda por despido de un trabajador, sí lo será para presentar la papeleta de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) antes de iniciar un posible juicio.

El mes de agosto será inhábil en materia de jurisdicción civil, ya que es aquella rama que regula los contratos que no sean laborales, sobre asuntos de familia u otros temas que requieran más urgencia. En este sentido, será el propio juzgado quien determine si la demora del procedimiento puede provocar o no un perjuicio grave para la persona demandante.

Por otro lado, el mes de agosto sí que tendrá en cuenta a la hora de contabilizar los plazos, por lo que el abogado especialista en Derecho Civil tendrá que estar muy atento para que no se le pasen dichos plazos.

El mes de agosto se considerará hábil para la jurisdicción penal mientras se investiga un presunto delito, por lo que durante esos días se podrán celebrar juicios rápidos como, por ejemplo, en casos de positivo en alcohol o drogas mientras se conduce. Para ello, necesitará contactar con un abogado especialista en Derecho Penal en Granada como Emeybe Abogados.

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¿Qué es el proindiviso y cómo disolver una comunidad de bienes?

Qué es el proindiviso y cómo disolver una comunidad de bienes
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¿Qué es el proindiviso y cómo disolver una comunidad de bienes?

Cuando hablamos de proindiviso, estamos haciendo referencia a un concepto jurídico que define el reparto de la propiedad de un bien entre varias personas. Es decir, cada uno de los titulares a los que pertenece dicho bien tendrán la propiedad parcialmente, compartiéndola con otras personas que también tendrán disposición sobre el mismo.

Así, podemos establecer que existe proindiviso, también conocido como condominio o copropiedad, cuando dos personas comparten la propiedad de una vivienda o cuando se decide hacer el reparto de una herencia y hay más de un individuo en el testamento.

En este sentido, suelen darse situaciones de disputa, ya que los titulares de dicho bien a menudo no están de acuerdo en cómo actuar y en si prefieren venderlo, conservarlo o dividirlo. Es aquí donde aparece el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados y la figura del abogado especialista en Derecho Civil en Granada, encargado de dar solución a todos esos problemas que surgen como consecuencia de la disolución de un proindiviso.

¿Cómo se disuelve un proindiviso o comunidad de bienes?

La disolución de un proindiviso, o extinción de condominio, supone la desaparición de la propiedad común sobre un bien. Para que esto ocurra, si el bien es indivisible será necesario que se den algunas circunstancias específicas, como la renuncia de los derechos de los propietarios en favor de unos solo, la venta del bien a un tercero y el posterior reparto de la ganancia o la división de dicho bien común. En este último caso será necesario que se abra un proceso judicial para que, con la ayuda de un abogado especialista en Derecho Civil en Granada, uno de los propietarios mantenga el bien y el resto sea compensado económicamente.

Estas son algunas de las opciones para vender una parte de proindiviso:

Vender a terceros. Se trata de la alternativa más sencilla, aunque para llevarla a cabo será necesario que todos los propietarios están de acuerdo en vender el inmueble. De este modo, cada uno de ellos podrá recibir una cantidad económica derivada de la venta.

Subasta pactada. Otra de las opciones para la venta de la parte de proindiviso de un inmueble será la subasta pactada. Al igual que la venta a terceros, todos los propietarios deben estar de acuerdo en la venta para evitar pasar por los juzgados.

Empresas de compra de proindivisos. Se trata de una de las opciones más reclamadas por quienes quieren vender su parte de proindiviso sin entrar en conflicto con los otros propietarios. En este caso, la empresa adquirirá la parte del bien a cambio de una cantidad económica.

Acto de conciliación. Cuando el resto de propietarios se niega a vender, antes de acudir a los juzgados existe la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso en un acto de conciliación.

Demanda judicial. Se trata de la opción menos deseada por ser la más desagradable, además de la más tediosa y costosa. Mediante esta opción, uno de los propietarios exige ante un juez que el bien en cuestión sea vendido en subasta pública para que cada uno de los titulares reciba una cantidad de dinero equivalente.

¿Quién puede hacer una extinción de condominio?

La extinción de condominio es un proceso orientado a cuando uno de los copropietarios de un bien quiere poseerlo al completo, como puede ocurrir en los supuestos de herencias, separaciones o divorcios. En estos casos, uno de los titulares expresa su intención de quedarse con dicho bien, por lo general a través de un procedimiento judicial y con el asesoramiento de un abogado especialista en Derecho Civil en Granada.

Como hemos mencionado anteriormente, no se puede obligar a ningún propietario a vender su parte de proindiviso, ya que cada uno de ellos tendrá la libertad de hacer lo que quiera con su parte. Es por eso que recomendamos llegar a un acuerdo amistoso entre todas las partes para evitar demora y problemas derivados de un procedimiento judicial.

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