Hacienda se enfrenta a reclamaciones millonarias tras la caída del Modelo 720

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Hacienda se enfrenta a reclamaciones millonarias tras la caída del Modelo 720

Los contribuyentes ya no tendrán que declarar a Hacienda los bienes que poseen en el extranjero después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya tumbado el Modelo 720. Lo hace, además, criticando duramente la legislación y las medidas aplicadas por la Agencia Tributaria, encargada de emitir elevadas sanciones por no declarar la actividad fuera de nuestras fronteras.

“La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión”, señala el TJUE, que señala tres puntos por lo que esta legislación “va más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos”.

Primero de todo, establece que “España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales”. El motivo, que las opciones elegidas «en materia de prescripción son desproporcionadas atendiendo a esos objetivos, puesto que permiten a la Administración tributaria proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado». Esto es, que el TJUE rechaza la imprescriptibilidad que contempla el modelo 720.

Además, el Tribunal considera abusivas las sanciones del 150% que aplica la legislación española, tachándolas de “extremadamente represivas”. Por último, rechaza que además de este panorama, se apliquen sanciones de 5.000 euros por cada dato incompleto, omitido o inexacto, estableciendo un mínimo de 10.000 euros.

El polémico Modelo 720

Instaurado por el ministro Cristobal Montoro el 30 de enero del pasado año 2013, el Modelo 720 ha supuesto una lluvia de críticas y demandas prácticamente desde su nacimiento. Y es que su aplicación suponía, hasta ahora, multas abusivas a los contribuyentes que acumularan más de 50.000 euros en bienes en el extranjero.

La Comisión Europea ya avisó en 2017 de la desproporcionalidad de las medidas impuestas por la Hacienda española, tachándolas de discriminatorias: “están en conflicto con las libertades fundamentales de la UE”. Así, exigía cambios inmediatos e incluso amenazaba con acudir al Tribunal de Justicia comunitario para su derogación.

Cinco años más tarde, Europa se ha manifestado y ha sido entonces cuando el Modelo 720 ha terminado cayendo. España, ante esta situación, cuenta con la obligación de modificar el texto, ya que es vinculante. De no hacerlo, la Comisión Europea puede volver a recurrir a la justicia y pedir que se le impongan sanciones pecuniarias.

Hacienda modificará en breve el Modelo 720

Tal y como exigen desde Europa, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha adelantado que el Gobierno modificará el Modelo 720 de declaraciones de bienes en el extranjero, declaro ilegal durante la última semana de enero de 2022 por el TJUE.

En rueda de prensa para presentar los datos de recaudación tributaria, Montero ha asegurado que la intención del Ejecutivo es aprobar la modificación de la norma antes de que termine el plazo de presentación de este ejercicio, el 31 de marzo, y que para ello se aprovechará alguna de las leyes actualmente en tramitación.

Asimismo, ha apuntado que cada año se presentan unas 60.000 declaraciones y que desde la puesta en marcha del modelo en 2013 se han declarado bienes por unos 225.200 millones.

Qué ocurre en el resto de Europa

De la misma forma que ocurre en España, la obligación de los ciudadanos de declarar los bienes en el exterior resulta una norma fiscal habitual también en otros países europeos.

FRANCIA. El fisco francés ha de estar informado de las cuentas bancarias en el exterior que tengan los residentes en Francia desde que se abren y hasta que se cierran, con multas de 1.500 euros por cada una no declarada y de hasta 10.000 euros si están en países con los que Francia no ha establecido una convención de asistencia administrativa.

ALEMANIA. Los contribuyentes alemanes también están obligados a informar de cualquier tipo de ingreso obtenido en el extranjero, aunque por norma general se incluye en la declaración de la renta. Las multas por rentas no declaradas ascienden al 10 % de los impuestos evadidos, cuando el total no supera los 100.000 euros, al 15 % para importes inferiores al millón y al 20 % si se sobrepasa este umbral.

ITALIA. Los residentes en Italia que posean bienes inmuebles o derechos sobre estos en el extranjero deben pagar anualmente un impuesto que se denomina IVIE. La elusión de este gravamen comporta sanciones que oscilan entre el 3 % y el 15 % del valor del bien no declarado.

REINO UNIDO. El sistema fiscal británico impone tasas a los residentes en el Reino Unido sobre sus ingresos y ganancias en el extranjero, en tanto que las propiedades en otros países están también sujetas al impuesto de patrimonio.

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Qué es y a quién se aplica la Ley de Segunda Oportunidad

claves para solicitar la ley de segunda oportunidad
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Qué es y a quién se aplica la Ley de Segunda Oportunidad

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus, multitud de empresarios están viendo cómo se le acumulan las deudas propias de su día a día sin poder ingresar o facturar como venían haciéndolo en sus actividades comerciales. Se cuentan por miles los comercios obligados a frenar su actividad, echando el cierre después de inyectar una cantidad de dinero que, lejos de convertirse en una mejora, ha pasado a ser una pesadilla y a recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad.

Es en este contexto donde toma especial relevancia la Ley de Segunda Oportunidad, una medida que entró en vigor en 2015 pero que es ahora cuando vuelve a estar de actualidad por las oportunidades que brinda a todas aquellas personas que puedan verse acuciadas por deudas.

De hecho, aún es desconocida por muchos esta vía alternativa que, como su propio nombre indica, trata de ofrecer una segunda oportunidad a aquellas personas que han experimentado una mala experiencia empresarial y buscan escapar de sus consecuencias negativas.

Ley de Segunda Oportunidad, tan favorable como desconocida

El mecanismo de segunda oportunidad entró en vigor en el año 2015 y busca tender la mano a esas personas que, por unos motivos u otros, han visto cómo sus negocios no han reportado los beneficios que esperaban fruto de una inversión inicial.

De la misma forma que las empresas pueden acudir al concurso de acreedores cuando su situación financiera es insostenible, la segunda oportunidad tiene como objetivo principal que los emprendedores que hayan experimentado una situación fallida en sus proyectos puedan volver a poner en marcha nuevas iniciativas.

Hasta la entrada en vigor de esta Ley, imperaba en nuestra legislación la responsabilidad patrimonial universal, es decir, que un empresario o particular que contraía deudas por causa de sus acciones respondía de las mismas con todo su patrimonio presente y futuro, lo que en la práctica condenaba a muchas personas a vivir para siempre en una situación de insolvencia.

Se trataba, por tanto, de una verdadera apuesta, pues cada negocio se adentraba en un territorio desconocido que podía acabar en éxito o fracaso.

Resulta curioso que no haya sido hasta la llegada de una crisis sanitaria como la que azota a la sociedad por culpa del Coronavirus que esta alternativa no haya tomado la relevancia que merece, ya que gracias a ella miles de personas físicas y autónomos ven la oportunidad de saldar sus deudas y emprender un nuevo futuro, evitando el lastre económico que dejan.

¿Quién puede acogerse a esta Ley?

La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para las personas físicas, esto es, todas aquellas que inician un proyecto empresarial y que no figuran como Sociedad. No obstante, también pueden acogerse a ella los particulares que, por diversas circunstancias, han acumulado una deuda que no pueden enfrentar en un determinado momento.

En definitiva, esta medida se crea con el objetivo de que todas aquellas personas que hayan actuado conforme a la ley y cuyo proyecto no ha reportado el beneficio esperado, generando una deuda inasumible, puedan contar con una segunda oportunidad.

No se trata de un ‘cheque en blanco’ que el Estado facilita a los emprendedores, ya que solo apunta a esos capaces de demostrar que, habiendo realizado todas las gestiones de su negocio en pro de su mejora y mantenimiento, no han podido evitar su desplome.

Así, la buena fe del deudor figura como primer y principal requisito. Este hecho debe estar presente en todo el proceso, el cual se dilata en torno a los cinco años posteriores mientras la persona física se somete a una constante evaluación de su actividad.

Durante ese tiempo, el sujeto debe actuar en beneficio de las otras partes afectadas, evitando renunciar a proyectos lucrativos o negándose a tomar parte en el equilibrio de dicha situación.

¿Qué deudas pueden cancelarse con la Ley de Segunda Oportunidad?

Generalmente, podemos distinguir dos grandes bloques entre deudas acumuladas con las Administraciones Publicas y el resto de deudas con terceros.

En la práctica se puede llegar a cancelar el 70% de las deudas con la Administraciones Publicas, aunque este extremo se encuentra en continua cuestión, pues algunos Tribunales han considerado incluso que puede cancelarse un porcentaje mayor o incluso la totalidad.

Sobre el resto de afectados, es decir, bancos o particulares, la deuda puede quedar exenta de pago hasta en el 100% de su cuantía, siempre que el deudor haya, como se explicaba, actuado de buena fe y en los próximos cinco años no haya ingresado cantidades con las cuales asumir esos pagos pendientes.

Plazo y coste para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Siendo un proceso con muchos matices, tanto el plazo de resolución como el coste a asumir por el deudor para el trámite de su problema resulta complejo. Es por ello que desde Emeybe Abogados Tributarios se aconseja poner este problema en manos de quienes cuentan con la experiencia necesaria para tratarlo. Con un equipo experto en consultoría tributaria, la firma profesional granadina aporta a sus clientes el asesoramiento exigido por esta situación, siempre desde la cercanía y el compromiso que requiere tan delicado caso.

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Requisitos a seguir para la liquidación de una sociedad

Liquidación de una sociedad. Requisitos
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Requisitos a seguir para la liquidación de una sociedad

La liquidación de una sociedad es uno de esos trámites que conviene realizar conjuntamente con un buen abogado especializado en Derecho mercantil, ya que para liquidar una empresa conforme la Ley hay que pasar por un proceso de disolución, liquidación y extinción. Es decir, no es suficiente con frenar la actividad de la misma, debiendo seguir una serie de criterios.

Paso a paso para liquidar una sociedad

Después de cumplir todos los requisitos que deben seguirse para la liquidación de una sociedad, también cesan las obligaciones de la empresa. Ya que esta liquidación implica su desaparición del tráfico jurídico.

Antes de liquidar la sociedad, debe darse un acuerdo de disolución. Para ello, los administradores de la empresa deberán asistir a una junta general. En esta, será necesario contar con la mayoría ordinaria en el caso de Sociedad Anónima y que voten a favor como mínimo los socios que representen un tercio del capital social en el caso de Sociedad Limitada.

Una vez adoptado el acuerdo, se tendrá que reflejar en escritura pública e inscribirla en el Registro Mercantil. Aquí os dejamos el paso a paso que debe seguirse para la liquidación de una sociedad, cumpliendo con el proceso regulado por ley.

Nombrar a los encargados de liquidar la sociedad

En el caso de no desaparecer las causas que provocaron la disolución de la entidad mercantil, se procederá a la posterior liquidación. Si la sociedad no tiene ningún tipo de créditos ni de deudas pendientes, se podrá realizar la disolución y liquidación de modo simultáneo.

Dado que los administradores de la sociedad dejan de ejercer su cargo, se tendrá que nombrar una figura que se encargue de liquidar la sociedad de manera profesional, de tal forma que el patrimonio se administre de la mejor manera posible para minimizar los posibles perjuicios para los acreedores. La elección de los encargados de liquidar la sociedad puede depender de lo establecido en los estatutos, ser elegida por la junta general o ser los mismos administradores.

Transformar activos en liquidez

Para liquidar la sociedad los encargados deberán llevar a cabo todas las operaciones necesarias para que los activos de la sociedad se conviertan en dinero líquido. Este dinero se empleará para pagar los compromisos pendientes de la compañía a liquidar.

Pagar las deudas exigibles

Otro de los requisitos a seguir para la liquidación de una sociedad es pagar en su totalidad, o en función del dinero disponible y los acuerdos alcanzados, las deudas exigibles existentes en el momento de la liquidación. Estas deudas pueden ser con proveedores, acreedores, entidades financieras, organismos oficiales, etc.

Cuando se paguen los créditos y deudas pendientes, se debe proceder a realizar el balance de liquidación final. En este se determina el activo total de la sociedad que ha quedado. Después se tendrá que determinar la cuota de liquidación corresponde a cada socio en función a lo aportado en el capital social. Tanto el balance como el reparto de las cuotas será aprobado en junta general.

Conclusión

Hasta aquí los trámites necesarios para la disolución y la liquidación de una sociedad. Si necesitas información tanto para llevar a cabo la liquidación como para evitarla, no dudes en contactar con nuestro equipo de profesionales.

En Emeybe Abogados ofrecemos un asesoramiento integral en Derecho Societario a todo tipo de empresas: Desde los primeros pasos como entidad, a la extinción de la personalidad jurídica, prestando una colaboración leal y cercana en el día a día de las mismas. Nuestro equipo especializado en Derecho Mercantil en Granada, se encuentra en continua actualización para encontrar las soluciones óptimas a las problemáticas que puedan surgir en cualquier empresa.

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