En qué consiste la separación de hecho y cómo afecta a los hijos

Separación de hecho. cómo afecta a los hijos
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En qué consiste la separación de hecho y cómo afecta a los hijos

Qué es la separación de hecho

La separación de hecho es la situación en la que se encuentran los cónyuges cuando no se ha procedido a la efectiva separación legal o divorcio, bien por ser una decisión tomada recientemente, bien porque no se ha llegado a un consenso sobre las medidas que regulen esa separación o divorcio.

Es decir, es la situación inmediatamente posterior a la decisión de la ruptura de la pareja. Esta situación puede tener mayores o menores repercusiones, como ahora veremos, sobre todo en caso de que el matrimonio tenga hijos o tengan como régimen económico del matrimonio el de sociedad de gananciales.

Cuándo procede recurrir a la separación de hecho

En primer lugar, no podemos olvidar que el Código Civil establece en su artículo 87 que para que se pueda interponer una demanda de divorcio o separación debe haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio.

Por lo tanto, en el caso de que los cónyuges decidieran terminar con la relación antes del transcurso de esos tres meses, su situación obligatoriamente tendría que pasar por la separación de hecho, no pudiendo interponer demanda o presentar convenio regulador en el Juzgado hasta finalizar dicho periodo.

Este plazo de tres meses será evitable únicamente en el caso de que exista “un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio”, según recoge el art. 81 del Código Civil.

No obstante, fuera de este caso concreto y poco probable, la separación de hecho es frecuente cuando las relaciones conyugales terminan, siendo poco habitual que las partes lleguen a un acuerdo en las medidas que rigen la separación antes de proceder a esta separación.

Sin embargo, que esto se dé con asiduidad no significa que sea recomendable, ni mucho menos, mantener esta situación en el tiempo indefinidamente. Por ello, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados, recomendamos presentar la demanda de divorcio o separación cuanto antes, independientemente de los acuerdos que puedan alcanzarse con posterioridad.

Cómo se acredita la separación de hecho

La separación de hecho, como decimos, se da en el espacio de tiempo en el que los cónyuges deciden terminar con su matrimonio y hasta que efectivamente se acuerdan las medidas que deben regir mediante un convenio regulador o una Sentencia de divorcio.

Por lo tanto, para acreditar esta situación, lo más fácil es que uno de los dos cónyuges abandone la vivienda familiar o que esta separación sea notoria y definitiva, conociéndolo así familiares y allegados. Suele confundirse esta separación con el cumplimiento de un delito de abandono de familia, pero nada más lejos de la realidad.

Si un cónyuge abandona la vivienda con motivo de una ruptura y una separación de hecho, no conlleva la comisión del delito de abandono de familia contemplado en el art. 226 del Código Penal, sino que simplemente es el abandono del lugar físico que ha sido la vivienda familiar.

El delito de abandono de familia se produce cuando se deja “de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados”.

El ejemplo más común lo encontramos en el abandono de las obligaciones económicas, es decir, cuando el cónyuge decide retirar todo el sustento económico a su cónyuge e hijos y los deja desamparados con la intención de provocar dicho perjuicio. También puede acreditarse esta separación de hecho con testigos y conversaciones de WhatsApp o correos electrónicos entre las partes.

Diferencias entre la separación de hecho y la separación legal

La separación de hecho no es aconsejable mantenerla en el tiempo porque, básicamente, no se encuentra regulada ni reconocida jurídicamente, por lo que los cónyuges deberán regir su situación de manera autónoma y mediante acuerdos.

Esta es la principal diferencia con la separación legal, que se encuentra regulada en el art. 81 del Código Civil y por la cual se regularán las medidas después de la separación, quedando así protegidos tanto los propios cónyuges como los hijos si los hubiere.

Consecuencias jurídicas y económicas de la separación de hecho

Al no encontrarse regulada en nuestro país la separación de hecho, los deberes y obligaciones inherentes al matrimonio siguen vigentes durante la separación de hecho y hasta que no exista Convenio Regulador o sentencia de divorcio o separación legal.

Por lo tanto, sigue vigente el régimen económico del matrimonio, así como los beneficios fiscales inherentes al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y también la obligación de sustento de la familia e hijos. Además, dificulta notablemente la acreditación de un desequilibrio económico para el caso de solicitar una pensión de alimentos.

Pero el mantener en el tiempo la separación de hecho también tiene consecuencias en otros ámbitos. Así, si uno de los cónyuges fallece durante esta separación de hecho, el otro cónyuge sobreviviente no tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora, tal y como establece el artículo 834 del Código Civil.

Sin embargo, la consecuencia más problemática es el mantenimiento de la sociedad de gananciales vigente durante el matrimonio. Esto significa que, si uno de los cónyuges durante el matrimonio invirtió en un negocio, los frutos de ese negocio son también gananciales durante la separación de hecho y hasta la interposición de la demanda de divorcio o separación legal.

Esta es la regla general recogida en los artículos 1392 y 1393.3 del Código Civil. Sin embargo, la jurisprudencia actual ha ido matizando el rigor literal de estos artículos, estableciendo que esta situación podrá desvirtuarse cuando se cese de modo efectivo la convivencia conyugal. Esto significa que hay que acreditar que la relación estaba terminada de hecho y definitivamente, ya que en tal caso estaríamos ante un enriquecimiento injusto.

Esta interpretación jurisprudencial viene determinada por entender que esa convivencia conyugal es la razón de ser de la sociedad de gananciales, por lo que, si la primera desaparece, no tiene cabida la segunda.

Qué ocurre con los hijos en caso de recurrir a la separación de hecho

Esto supone que, si existen hijos, por ejemplo, el cónyuge que los tenga bajo su guarda después de la separación, puede impedir las relaciones con el otro cónyuge y hasta no tener unas medidas judiciales que regulen un régimen de visitas. Igualmente, y en caso contrario, el cónyuge que no tenga a sus hijos consigo puede decidir no aportar una pensión de alimentos para sus gastos hasta que no se establezca dicha obligación.

Estas controversias generan malestar y confrontación entre las partes, lo que provoca dificultades a la hora de fijar unas medidas de mutuo acuerdo. Así, en estas situaciones, se mantienen unas posiciones enfrentadas donde se priorizan intereses personales en vez de atender a los intereses de los hijos, que son los que deben primar en toda separación y divorcio con hijos.

Todos estos problemas pueden evitarse con un buen asesoramiento de un abogado experto en derecho de familia, por lo que recomendamos acudir a un despacho de abogados con soluciones jurídicas específicas en cuanto se decida poner fin a la relación matrimonial.

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Cuándo reclamar la extinción del contrato por incumplimiento del empresario

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Cuándo reclamar la extinción del contrato por incumplimiento del empresario

Cuándo puede un trabajador solicitar la extinción de su contrato

Es posible que hayamos escuchado en algún momento que algún conocido tiene o haya tenido problemas en su trabajo, bien porque se encuentre en una situación insostenible, bien porque sus nóminas no reflejan lo que realmente están desempeñando. Esto último ocurre cuando el empresario paga parte de ese trabajo en B.

Para estos supuestos, el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores regula las posibilidades que tiene el trabajador cuando se encuentra ante una situación de este tipo, los llamados incumplimientos graves de empleador. Medidas que desde el despacho de abogados de Granada Emeybe tratamos de combatir, como con el resto de servicios jurídicos específicos, para evitar que el trabajador quede vulnerable a las decisiones impuestas por el empresario.

¿Puede considerarse baja voluntaria la extinción del contrato?

El mencionado artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores proporciona al empleado el derecho de solicitar la extinción de su contrato laboral si se están dando estos incumplimientos de manera reiterada y grave. En un primer momento se puede pensar que esta solicitud de extinción de contrato es como una baja voluntaria, pero nada más lejos de la realidad.

Esta extinción de contrato del art. 50 ET otorga al trabajador el derecho a reclamar una indemnización por despido improcedente y a la prestación por desempleo si se ha cotizado. Sin embargo, para conseguir estos beneficios hay que pasar por un procedimiento judicial, siendo el Juez quien determine la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario.

En estos casos, como decimos, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, además de tener derecho al paro. Además, si estamos ante una vulneración de derecho fundamental, el trabajador podría solicitar una indemnización adicional al despido improcedente, correspondiente a cubrir los daños y perjuicios ocasionados.

Tipos de incumplimiento grave del empresario

En primer lugar, hay que tener claro que el incumplimiento del empresario que denunciemos debe ser suficientemente grave como para repercutir negativamente en el trabajador, por lo que el Juez debe valorar cada caso para determinar la culpa y gravedad del incumplimiento.

Sin embargo, el art.50 ET establece dos motivos específicos que se consideran un incumplimiento grave del empleador. Por un lado, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que menoscabe la dignidad del trabajador. Por otro, la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

Además, recoge una cláusula adicional que establece que el trabajador podrá extinguir el contrato por “cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario”. Esta última cláusula permite incluir aquí cualquier conducta grave del empresario.

Reclamación por modificación sustancial de las condiciones de trabajo

La legislación laboral, en su art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, recoge el procedimiento a seguir para que el empresario obligado a modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de un trabajador por circunstancias económicas o de organización, pueda hacerlo.

Esta posibilidad viene de la mano de la posibilidad del trabajador de no aceptar dicho cambio en sus condiciones laborales, pudiendo optar por la solicitud de un despido objetivo con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Sin embargo, en ocasiones vemos que los empresarios eluden esas pautas recogidas en la norma laboral y modifican las condiciones de los trabajadores a su antojo y sin seguir el procedimiento del art. 41 ET.

En este caso, si un trabajador ve modificadas sus condiciones laborales de manera sustancial y, además, este cambio le produce un perjuicio específico que menoscabe su dignidad por un comportamiento voluntario, grave y continuado del empresario, podría solicitar la extinción del contrato por el art. 50 ET. Así, accedería a la indemnización de despido improcedente.

Estaríamos en este caso, por ejemplo, si a un trabajador le degradaran en funciones, eliminando responsabilidades y dejándolo en un puesto que no es de su experiencia.

Reclamación por falta de pago o retrasos en el abono del salario

El segundo motivo reflejado en la norma es el impago habitual y grave de los salarios, pudiendo ser esta falta de abono de la nómina o retrasos en la misma. Esto es uno de los motivos recogidos por el art. 50 ET porque, igual que es obligación del trabajador realizar con diligencia su trabajo, el empresario tiene como obligación la de remunerar al trabajador por el trabajo realizado.

Además, se considera incumplimiento grave del empleador y el trabajador puede reclamar su despido improcedente, aunque la empresa tenga una mala situación económica. Esto es así porque si la empresa no tiene solvencia o no puede pagar las nóminas de sus empleados, lo que se debe hacer es despedir de manera objetiva por circunstancias económicas a los trabajadores, no mantenerlos trabajando sin el abono de sus nóminas.

Por ello, la mala situación económica de la empresa no justificará el impago de las nóminas ni impedirá la extinción de la relación laboral por el art. 50 ET. Este incumplimiento en el abono de la nómina puede ser tanto por el impago del salario total o por retrasos en los abonos.

En el primer caso, la falta de pago del empresario debe ser grave y continuado. Así, no basta con el retraso puntual, sino que se exige jurisprudencialmente que el retraso sea de al menos cuatro mensualidades. En el segundo caso se complica establecer la gravedad de la situación, pero igualmente debemos estar ante unos retrasos continuados.

En este supuesto de retrasos en la nómina, la jurisprudencia considera grave el retraso continuado de once mensualidades consecutivas. Así como el retraso de un año en abonar las pagas extraordinarias de dos años y la percepción del salario con retraso de entre quince y veinte días durante varios años.

Otros incumplimientos del empresario que se pueden reclamar

Además, como hemos dicho, el artículo 50 contiene una cláusula que permite incluir cualquier incumplimiento grave del empresario. En este caso, la jurisprudencia ha incluido como incumplimiento grave del empresario el pago continuado de parte del salario en B, dejando de cotizar por esa parte para perjuicio del trabajador. Igualmente, la sobrecarga de trabajo es también entendida como incumplimiento grave del empleador o el incumplimiento de la prevención de riesgos laborales.

Además, el artículo 50 ET puede aplicarse en el caso de que un empresario no quiera reincorporar al trabajador en sus condiciones laborales cuando se ha anulado una modificación sustancial. Pero el caso más común por el que se solicita la extinción del contrato laboral por incumplimiento del empresario es por el acoso laboral o por la falta de ocupación efectiva del puesto de trabajo.

Procedimiento para extinguir la relación laboral

Lo primero que debemos hacer es asesorarnos correctamente con un abogado experto en Derecho Laboral que pueda determinar si nos encontramos en uno de los supuestos contemplados en el art. 50 ET. Una vez identificado el incumplimiento, debemos tener claro que tenemos el plazo de un año para solicitarlo y, en todo caso, la relación laboral debe estar viva en ese momento.

Como hemos dicho, la extinción del contrato de trabajo por el art. 50 ET debe ser realizada por un Juez. Por lo tanto, habrá que interponer previamente una papeleta de Conciliación en el CMAC y, posteriormente, interponer la demanda ante el Juzgado de lo Social competente.

En el caso de que, una vez interpuesta la papeleta de conciliación e incluso la demanda, el trabajador fuera despedido, éste debe impugnar obligatoriamente el despido. Este nuevo procedimiento se acumulará al procedimiento de extinción de contrato en el Juzgado, pronunciándose el Juez primero sobre la extinción y segundo sobre el despido.

Además, es muy importante saber que no se puede abandonar el puesto de trabajo, aunque se haya interpuesto la demanda contra la empresa. Sin embargo, puede ocurrir que en los casos más graves la situación sea insostenible para el trabajador, pudiendo solicitar como medida cautelar la suspensión del contrato de trabajo mientras se resuelve el procedimiento, en virtud del artículo 180.4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, conservando el derecho de abono de la nómina y cotización de seguros sociales.

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Desapego parental: Cuándo se puede dejar de pagar la pensión de alimentos

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Desapego parental: Cuándo se puede dejar de pagar la pensión de alimentos

Qué es el desapego parental

Los procedimientos de divorcio o separación tienen para las partes una carga emocional añadida. Pero si además se añade la existencia de hijos en la pareja, la situación se vuelve mucho más compleja y complicada, sobre todo si esos hijos no quieren tener relación alguna con uno de los progenitores.

Lo normal es tanto uno como otro participen activamente en la vida de sus hijos después de dicho divorcio o separación, independientemente de si se tiene custodia monoparental o la custodia compartida. Pero en el caso de las custodias exclusivas puede ocurrir que, por decisión de los hijos o bien por influencias del progenitor custodio, tiendan a separarse emocionalmente del progenitor no custodio.

Esto provoca que, cuando los hijos tienen una edad razonable, se nieguen a mantener contacto alguno con el progenitor no custodio, viéndose este último rechazado voluntariamente por su hijo y sin poder hacer nada porque el Juzgado escuchará al menor y atenderá a su voluntad. Sin embargo, esto no hace que el progenitor no custodio no siga teniendo obligaciones respecto al mismo, como la pensión de alimentos y los gastos extraordinarios.

Es decir, puede ocurrir que un padre lleve años abonando una pensión de alimentos de su hijo sin poder disfrutar de su compañía por su propia decisión, generando un desapego voluntario, tal y como lo ha llamado la jurisprudencia.

¿Puedo dejar de pagar la pensión de alimentos si mi hijo es mayor de edad?

La respuesta general es negativa. No se puede dejar de abonar la pensión de alimentos por el cumplimiento de la mayoría de edad, sino que este sustento económico se debe seguir dando hasta que el hijo sea independiente económicamente.

Sin embargo, hay casos, como el desapego voluntario del hijo, donde se cuestiona si la madre o el padre no custodio tiene la obligación de procurar la pensión de alimentos cuando le hijo lleva años sin querer tener relación con su progenitor.

Las causas por las que se puede cesar la obligación de prestar alimentos aparecen tasadas en el artículo 152 del Código Civil como la muerte del alimentista, la independencia económica o, la que aquí nos interesa, cuando el hijo hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación.

El desapego parental como causa de desheredación

La jurisprudencia acoge la desheredación como referencia para determinar cuándo una mala relación del hijo/hija con el progenitor ha llegado a tal punto que puede considerarse motivo de extinción de la pensión de alimentos, es decir, no basta que haya una mala relación, sino que además debe ser de tal entidad que permita la desheredación.

Recientemente se ha desmarcado una vertiente doctrinal que, fundamentándose en estas circunstancias, permite la extinción de alimentos en casos concretos, dependiendo de la edad y la situación de los hijos, en los que puede eliminarse la pensión de alimentos por desapego parental.

Así establece la Sentencia del Tribunal Supremo nº. 104/2019, de fecha 19 de febrero de 2.019, que, aunque la nula relación entre padre e hijo y la absoluta desafección entre ellos no se encuentra recogida en el art. 152 del Código Civil como motivo tasado del cese del deber de prestar alimentos, esta relación de causas no es un numerus clausus. Pudiéndose entender que aunque los padres tengan una obligación moral con sus hijos, esta obligación es recíproca.

Por lo tanto, determina esta Sentencia que, si existe una negativa libre y voluntaria de los hijos mayores de edad a relacionarse con el padre, es impropio mantener una pensión de alimentos cuando el progenitor no puede tener relación con sus hijos ni conocer la evolución de sus estudios, “por cuanto que se estaría propiciando una suerte de enriquecimiento injusto a costa de un padre al que han alejado de sus vidas.”

Por lo tanto, el Tribunal Supremo deja claro que la mayoría de edad de los hijos y el continuo rechazo al padre son causas de suficiente entidad como para considerarlas una alteración de las circunstancias. Esta situación validaría la modificación de las medidas fijadas en el divorcio o la separación, haciendo extensible al apartado 4 del art. 152 CC.

Procedimiento para dejar de pagar la pensión de alimentos

Para poder eliminar la obligación de la pensión de alimentos por desapego parental, se debe acudir a un abogado experto en Derecho de Familia, que pueda evaluar el caso concreto y determinar si las circunstancias son determinantes para la eliminación de dicha obligación.

Y para ello, se debe valorar tanto la edad y situación de los hijos, como la existencia de un desapego real y provocado por éstos. Si estamos en ese caso, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe recomendamos iniciar un procedimiento de modificación de medidas definitivas, donde se evaluará por el Juez de instancia si el desapego es suficiente para cesar la obligación de los alimentos.

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Régimen de visitas de los menores después de las vacaciones

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Régimen de visitas de los menores después de las vacaciones

Tipos de custodia y régimen de visitas de menores

Cuando una relación de pareja finaliza, ya sea consecuencia de un divorcio o separación, si existen hijos lo primero que hay que hacer es acudir a un abogado especialista en divorcios para iniciar el procedimiento con el que fijar las medidas paternofiliales que preserven el interés superior del menor.

Si estas medidas se recogen en un Convenio Regulador de mutuo acuerdo pueden ser muy variadas y adecuarse a cada caso en concreto siempre que respeten dicho interés del hijo, abarcando supuestos específicos que así requieran los progenitores. Si no se consigue llegar a un acuerdo, es el Juez de familia quien dispondrá qué medidas son las más beneficiosas para los hijos en común, atendiendo a la situación y relación de los padres entre ellos y con sus hijos.

En cuestión de custodias podemos diferenciar dos tipos: custodia monoparental y custodia compartida. En la primera, la custodia monoparental, es uno de los progenitores quien va a tener en su compañía diaria al menor, limitándose el otro progenitor a ver a su hijo mediante un régimen de visitas y debiendo abonar una pensión de alimentos.

El régimen de visitas de la custodia monoparental puede ser muy diverso, dependiendo de las circunstancias laborales del padre no custodio, de la vida diaria de sus hijos y de la residencia de ambos, pero siempre se debe preservar este derecho que tienen padres e hijos. Este régimen de visitas suele determinarse con fines de semana alternos y algún día intersemanal, para procurar que la relación padre-hijo no se deteriore.

En la custodia compartida, sin embargo, son ambos progenitores quienes conviven con el menor al 50%, bien sea por semanas alternas o por quincenas. En este caso, al repartir el tiempo del menor por mitad a ambos progenitores, no se suele recoger régimen de visitas, aunque puede determinarse un régimen de visitas intersemanal para los periodos más largos.

En este caso, aunque por lo general no se fija pensión de alimentos, al contrario de lo que puede pensar la sociedad, debe estudiarse cada caso concreto, porque la pensión de alimentos lo que intenta es procurar el bienestar del menor. Y si existe una diferencia notable en la economía de los padres, es posible que se establezca una pensión de alimentos en beneficio del hijo. En todo caso, lo ideal es contar con el asesoramiento jurídico de un despacho de abogados de Granada como Emeybe Abogados.

Régimen de visitas durante las vacaciones escolares

El régimen de visitas expuesto o la custodia compartida tal y como se aplique, se deja en suspenso durante las vacaciones escolares de los hijos, entendiendo que pasan más tiempo en casa y que, por ende, pueden pasar más tiempo con sus padres.

Por ello, desde que finalizan las clases en junio hasta que se reanudan en septiembre, ya sea de inicio a fin o solo los meses de julio y agosto, el tiempo de los hijos se reparte al 50% entre los progenitores. Igualmente ocurre con las vacaciones de Semana Santa y Navidad.

En ese tiempo, imaginemos, julio y agosto, se repartirán los meses por quincenas, estando los hijos durante quince días seguidos con cada progenitor, independientemente de si se tiene custodia compartida o custodia monoparental.

Cómo reanudar el régimen de visitas tras las vacaciones escolares

Cuando se termina ese periodo vacacional, se vuelve a retomar el régimen de visitas que venía establecido en las medidas paternofiliales acordadas por los padres o por el Juez. Aquí puede surgir la controversia entre los padres de determinar quién es el progenitor al que le toca el primer fin de semana después de las vacaciones o el primer turno de la custodia compartida.

En principio, y como hemos explicado, al suspenderse el régimen de visitas ordinario, una vez que terminen las vacaciones debería de retomarse donde se dejó. Es decir, si el último fin de semana antes de las vacaciones lo disfrutó la madre, el primer fin de semana después de las vacaciones debería disfrutarlo el padre. Sin embargo, esto no es una ciencia exacta y, como decimos, hay que estar en cada caso concreto a lo que beneficie más el interés del menor.

Es posible que pueda darse la circunstancia de que el último periodo vacacional lo haya disfrutado el padre con sus hijos, alargando este periodo un fin de semana más. Esto hace que los hijos puedan estar más de dos semanas sin ver a uno u otro progenitor, por lo que, en atención a su interés, se pueda determinar que el primer fin de semana después de las vacaciones lo disfrute el progenitor con quien no hubiesen pasado este último periodo vacacional.

Incumplimiento de las medidas paternofiliales

En el caso de que alguno de los progenitores incumpla las medidas fijadas, facultará al otro progenitor para acudir al Juzgado que dictó dichas medidas para la ejecución de la Sentencia de divorcio o Convenio Regulador. Esta ejecución, deberá ajustarse a lo dispuesto en las medidas fijadas, siempre y cuando respeten el interés superior del menor, tan importante en el Derecho de Familia.

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Plazos procesales durante el mes de agosto 2022 | Calendario judicial

Plazos procesales agosto 2022
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Plazos procesales durante el mes de agosto 2022 | Calendario judicial

Llega el mes de agosto y con él, las vacaciones. También para los juzgados, y es que según establece el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales”. Sin embargo, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados insistimos en la necesidad de agilizar ciertos procedimientos cuando se trate de casos especiales, como puede ser la reclamación de despido de un trabajador que ha perdido su trabajo.

Así, debemos comenzar este artículo diferenciando entre los plazos administrativos y los plazos judiciales, ya que el primer concepto hace referencia a la relación entre el ciudadano y la administración y en el segundo de los casos, a la actividad del juzgado en relación a su agenda de procedimiento, la cual quedará paralizada en agosto salvo en casos de urgencia.

Plazos administrativos durante el mes de agosto

Como hemos dicho anteriormente, los plazos administrativos afectan a esos procedimientos que involucran directamente al ciudadano y a la administración, como puede ocurrir en la reclamación de una multa de tráfico o la presentación de una papeleta de conciliación a un trabajador que ha sido despedido de su trabajo y pretende llegar a un acuerdo antes del juicio.

Por lo general, en los plazos administrativos no son hábiles ni lo sábados, ni los domingos, ni los días festivos, de manera que cuando un ciudadano tenga que realizar cualquier gestión que no requiera la intervención de un juzgado, el mes de agosto será como cualquier otro del año. Aunque para mayor claridad, todos los años se publica un calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para tener en cuenta los plazos.

Por lo general, el mes de agosto no es hábil para la jurisdicción laboral, aunque hay algunas excepciones que recoge el artículo 43 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para las que no se paralizan los plazos durante las vacaciones de verano y que, por tanto, hará seguir trabajando a cualquier abogado especialista en Derecho Laboral:

  • Despidos, tanto disciplinarios, como objetivo, en un ERE…
  • Presentar la papeleta de conciliación tras un despido.
  • Extinción de contrato del trabajador por incumplimiento del empresario.
  • Modificación sustancial de las condiciones de un trabajador en su empleo.
  • Suspensión o reducción de jornada por causas objetivas.
  • Impugnación de altas médicas.
  • Medidas laborales para la protección de la violencia de género.
  • Actos preparatorios de accidentes de tráfico, enfermedades laborales, etc.

Debemos tener en cuenta que, aunque el mes de agosto no será hábil para la presentación de una demanda por despido de un trabajador, sí lo será para presentar la papeleta de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) antes de iniciar un posible juicio.

El mes de agosto será inhábil en materia de jurisdicción civil, ya que es aquella rama que regula los contratos que no sean laborales, sobre asuntos de familia u otros temas que requieran más urgencia. En este sentido, será el propio juzgado quien determine si la demora del procedimiento puede provocar o no un perjuicio grave para la persona demandante.

Por otro lado, el mes de agosto sí que tendrá en cuenta a la hora de contabilizar los plazos, por lo que el abogado especialista en Derecho Civil tendrá que estar muy atento para que no se le pasen dichos plazos.

El mes de agosto se considerará hábil para la jurisdicción penal mientras se investiga un presunto delito, por lo que durante esos días se podrán celebrar juicios rápidos como, por ejemplo, en casos de positivo en alcohol o drogas mientras se conduce. Para ello, necesitará contactar con un abogado especialista en Derecho Penal en Granada como Emeybe Abogados.

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¿Qué es el proindiviso y cómo disolver una comunidad de bienes?

Qué es el proindiviso y cómo disolver una comunidad de bienes
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¿Qué es el proindiviso y cómo disolver una comunidad de bienes?

Cuando hablamos de proindiviso, estamos haciendo referencia a un concepto jurídico que define el reparto de la propiedad de un bien entre varias personas. Es decir, cada uno de los titulares a los que pertenece dicho bien tendrán la propiedad parcialmente, compartiéndola con otras personas que también tendrán disposición sobre el mismo.

Así, podemos establecer que existe proindiviso, también conocido como condominio o copropiedad, cuando dos personas comparten la propiedad de una vivienda o cuando se decide hacer el reparto de una herencia y hay más de un individuo en el testamento.

En este sentido, suelen darse situaciones de disputa, ya que los titulares de dicho bien a menudo no están de acuerdo en cómo actuar y en si prefieren venderlo, conservarlo o dividirlo. Es aquí donde aparece el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados y la figura del abogado especialista en Derecho Civil en Granada, encargado de dar solución a todos esos problemas que surgen como consecuencia de la disolución de un proindiviso.

¿Cómo se disuelve un proindiviso o comunidad de bienes?

La disolución de un proindiviso, o extinción de condominio, supone la desaparición de la propiedad común sobre un bien. Para que esto ocurra, si el bien es indivisible será necesario que se den algunas circunstancias específicas, como la renuncia de los derechos de los propietarios en favor de unos solo, la venta del bien a un tercero y el posterior reparto de la ganancia o la división de dicho bien común. En este último caso será necesario que se abra un proceso judicial para que, con la ayuda de un abogado especialista en Derecho Civil en Granada, uno de los propietarios mantenga el bien y el resto sea compensado económicamente.

Estas son algunas de las opciones para vender una parte de proindiviso:

Vender a terceros. Se trata de la alternativa más sencilla, aunque para llevarla a cabo será necesario que todos los propietarios están de acuerdo en vender el inmueble. De este modo, cada uno de ellos podrá recibir una cantidad económica derivada de la venta.

Subasta pactada. Otra de las opciones para la venta de la parte de proindiviso de un inmueble será la subasta pactada. Al igual que la venta a terceros, todos los propietarios deben estar de acuerdo en la venta para evitar pasar por los juzgados.

Empresas de compra de proindivisos. Se trata de una de las opciones más reclamadas por quienes quieren vender su parte de proindiviso sin entrar en conflicto con los otros propietarios. En este caso, la empresa adquirirá la parte del bien a cambio de una cantidad económica.

Acto de conciliación. Cuando el resto de propietarios se niega a vender, antes de acudir a los juzgados existe la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso en un acto de conciliación.

Demanda judicial. Se trata de la opción menos deseada por ser la más desagradable, además de la más tediosa y costosa. Mediante esta opción, uno de los propietarios exige ante un juez que el bien en cuestión sea vendido en subasta pública para que cada uno de los titulares reciba una cantidad de dinero equivalente.

¿Quién puede hacer una extinción de condominio?

La extinción de condominio es un proceso orientado a cuando uno de los copropietarios de un bien quiere poseerlo al completo, como puede ocurrir en los supuestos de herencias, separaciones o divorcios. En estos casos, uno de los titulares expresa su intención de quedarse con dicho bien, por lo general a través de un procedimiento judicial y con el asesoramiento de un abogado especialista en Derecho Civil en Granada.

Como hemos mencionado anteriormente, no se puede obligar a ningún propietario a vender su parte de proindiviso, ya que cada uno de ellos tendrá la libertad de hacer lo que quiera con su parte. Es por eso que recomendamos llegar a un acuerdo amistoso entre todas las partes para evitar demora y problemas derivados de un procedimiento judicial.

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Convenio regulador: por qué es importante en divorcio o separación

El convenio Regulador. porqué es tan importante en un divorcio o separación
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El convenio Regulador: porqué es tan importante en un divorcio o separación

Cuando se produce una ruptura matrimonial, provocada por un divorcio o una separación, es de vital importancia elaborar un buen convenio regulador para establecer las medidas que ambos cónyuges están obligados a cumplir una vez termina este proceso. Su contenido determinará la forma de actuar de ambas personas en el plano personal y patrimonial, por lo que es muy importante recurrir a un abogado especialistas en divorcios en Granada que asesore a la pareja sobre cómo hacer un convenio regulador y qué debe incluir el convenio regulador.

Qué es un convenio regulador

Podemos definir el convenio regulador como el documento que recoge las obligaciones de una pareja una vez que finaliza su vínculo matrimonial, ya sea porque los cónyuges hayan decidido poner fin a la convivencia por medio del divorcio o porque hayan elegido tomar distancia con la separación antes de decidir si es viable la reconciliación o la ruptura definitiva ante un juez.

De una forma u otra, desde el despacho de Abogados de Granada Emeybe Abogados recomendamos elaborar rigurosamente un convenio regulador que evite problemas a la pareja en el futuro. Para ello, será necesaria la ayuda de un abogado especialista en divorcios en Granada para salvaguardar tanto los derechos de ambos cónyuges como los de los menores.

La presentación de un convenio regulador ante un juez en un proceso de divorcio significará que la pareja ha llegado a un punto en común en cada uno de los factores de convivencia, como puede ser el patrimonio o la situación en la que quedan los menores. De una forma u otra, debe existir equidad, ya que un juez no aceptará un convenio regulador que deje a una de las partes en situación de desequilibrio. Igualmente, el interés de los menores prevalecerá sobre el de sus progenitores con la intervención del Ministerio Fiscal.

Cuál es el contenido del convenio regulador

Como bien establece el artículo 90 del Código Civil, el convenio regulador debe recoger un mínimo de contenido para que pueda ser aprobado como documento que tiene la intención de establecer las medidas a cumplir por los cónyuges una vez finalice el matrimonio.

En un proceso de divorcio, los menores se posicionan como una parte clave. Por eso, es muy importante recoger en el convenio regulador el régimen de patria potestad, la custodia y el régimen de visitas, sin olvidar que los abuelos también tendrán derecho a ver a sus nietos.

En relación al patrimonio, el convenio regulador también deberá contemplar la distribución de las cargas y la liquidación del régimen matrimonial, así como el uso de la vivienda y resto de propiedades comunes que sea fruto del matrimonio.

Por último, pero no menos importante, el convenio regulador también contemplará el reparto de otros efectos económicos, entre los cuales es importante destacar la pensión compensatoria y la pensión de alimentos en caso de que el matrimonio tenga hijos menores a su cargo.

En definitiva, el convenio regulador es un documento de obligado cumplimiento que requerirá la asistencia de un abogado especialista en divorcios, y es que no es fácil que una pareja llegue a un acuerdo en todos y cada uno de los puntos que incluye el convenio regulador. En este punto debemos destacar el régimen de pensión compensatoria y régimen de pensión de alimentos, ya que en ambos casos será necesaria la intervención de un juez si se modifica o extingue.

¿Qué ocurre si no se aprueba el convenio regulador?

Como hemos explicado hasta este punto, el convenio regulador es el paso previo a formalizar el divorcio o, en otras palabras, el contrato al que llegan los cónyuges antes de que un juez dé por concluido el vínculo matrimonial. Así, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe, especialista en Derecho de Familia insistimos en la importancia de fijar unas bases claras y equitativas con el objetivo de evitar problemas en el futuro.

Sin embargo, en el caso que no se alcance un acuerdo entre las dos partes, será un juez el encargado de determinar las consecuencias de un divorcio o una separación. Para ello, tendrá que escuchar lo que tienen que decir ambos cónyuges, así como los menores de 12 años a su cargo, aunque en la mayor parte de los casos una de las partes no queda conforme con el resultado, por lo que recomendamos llegar a un acuerdo previo con la ayuda de un abogado.

¿Y si uno de los cónyuges incumple el convenio regulador?

El convenio regulador es un documento de obligado cumplimiento. Partiendo de esa premisa, ambos cónyuges deberán respetarlo. De no ser así, la parte que se vea afectada puede iniciar un procedimiento judicial para ejecutar el convenio regulador.

Como consecuencia de dicho incumplimiento, el cónyuge que vulnere las medidas puede enfrentarse a una multa, a la interposición de una querella si el juez entiende que existe desobediencia o a la devolución del dinero que debería pagar y no ha pagado en el régimen de pensión de alimentos o pensión compensatoria.

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¿Cómo impugnar un testamento? Claves para reclamar una herencia

Impugnar un testamento. Claves para reclamar la herencia
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¿Cómo impugnar un testamento? Claves para reclamar una herencia

Si bien todo lo que envuelve la gestión de una herencia se traduce en un procedimiento tedioso y difícil de gestionar por los familiares, la situación se vuelve más complicada cuando el fallecido tomó la decisión de no incluir a alguno de sus descendientes en el reparto de los bienes. Es en este punto donde nos planteamos las condiciones y las causas para impugnar un testamento.

De esta forma, podemos establecer que la impugnación de un testamento es el proceso civil a partir del cual una persona se muestra en contra de las últimas voluntades manifestadas por el fallecido, bien porque se trata de un heredero forzoso o porque no está de acuerdo con el reparto de los bienes. En cualquiera de los casos, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados Granada apuntamos a la necesidad de contar con el asesoramiento de un abogado especialista en herencias que ayude a la persona afectada a reclamar el correcto reparto de los bienes en el testamento.

¿Quién puede impugnar un testamento?

La primera pregunta que debe responder la persona afectada por el reparto de una herencia es si tiene la capacidad legal de iniciar una reclamación para impugnar el testamento. Pues bien, en este sentido debemos aludir a la relación entre el fallecido y el afectado, ya que solamente podrá impugnar un testamento aquella persona que por ley deba recibir parte del patrimonio.

Es aquí donde entra en juego la figura del heredero forzoso, es decir, esa persona que tiene el derecho de recibir la parte legítima de la herencia. Ni siquiera el fallecido podrá decidir sobre quién queda fuera o dentro de esa fracción, de manera que entendemos como parte legítima la que corresponde a los hijos o descendientes, a los padres o ascendientes en el caso de que el fallecido no tenga hijos o, en su defecto, al cónyuge.

Cabe destacar que, si no existe ninguna de las personas anteriores por cualquier circunstancia, el patrimonio pasará a los abuelos o ascendientes más lejanos y si tampoco se da este caso, los bienes corresponderán a los hermanos, sobrinos y tíos del fallecido y, en última instancia, al Estado por la ausencia de familiares cercanos o lejanos.

¿Cuándo se puede impugnar un testamento?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 675 del Código Civil, el testador no podrá impedir la impugnación del testamento una vez haya fallecido y se proceda al reparto de los bienes. Sin embargo, la Ley permite que el fallecido pueda limitar los bienes que reciba quien posteriormente vaya a impugnar el testamento al tercio de legítima, es decir, a la parte que obligatoriamente deba ir a los herederos forzosos. De esta forma, el testador se estaría asegurando que la persona que quiera impugnar el testamento por entender que no recibe los suficientes bienes, no pueda reclamar la herencia al recibir la parte que le corresponde por Ley.

Dicho esto, podemos distinguir varios supuestos en los que se podrá impugnar un testamento por entender que el reparto del patrimonio no se ha hecho según los derechos sucesorios:

El tercio de legítima. Como hemos mencionado anteriormente, el tercio de legítima corresponde a la parte de la herencia que debe repartirse entre los herederos forzosos, de manera que podrá impugnar un testamento aquella persona que, siendo hijo o hija del fallecido, no aparezca en el reparto. Por su parte, el fallecido podrá entregar el tercio de libre disposición a quien quiera, está dentro o fuera de la familia, mientras que el tercio de mejora tendrá que repartirlo entre los legitimarios, aunque puede elegir no dar nada a la persona que impugna el testamento.

Desheredación. Si el testador ha tomado la decisión de desheredar a la persona que quiere impugnar el testamento, ésta perderá todos sus derechos a reclamar la herencia. No obstante, deben darse unos supuestos para que la desheredación ocurra, de manera que es en este punto cuando el afectado tendrá que acudir a un abogado especialista en herencias en Granada para demostrar que lo establecido por el fallecido no es cierto.

Así, el testador podrá desheredar a sus hijos o padres cuando cualquiera de ellos le hayan negado el alimento durante alguna parte de su vida o haya existido algún episodio de maltrato. Mientras, si es el cónyuge quien ha sido desheredado y, por tanto, quiere impugnar el testamento, no podrá hacerlo si no ha cumplido con sus deberes conyugales, como dice la Ley.

Incapacidad. El artículo 663 del Código Civil señala que el testador debe contar con la capacidad de repartir su patrimonio, de manera que se podrá impugnar el testamento realizado por menores de 14 años y por todas aquellas personas incapaces de expresar su voluntad.

De forma alternativa, podemos establecer que también se podrán impugnar los testamentos que se lleven a cabo bajo coacción, amenaza o engaño. En cualquier caso, desde Emeybe Abogados Granada contamos con la experiencia para iniciar una reclamación de la herencia y el reparto de la misma, así como su impugnación, como abogados con multitud de servicios jurídicos.

Procedimiento para impugnar un testamento

Para impugnar un testamento, la persona afectada tendrá que iniciar un procedimiento judicial que comenzará con la demanda interpuesta por un abogado especialista en herencias en Granada. Se trata de un proceso que requiere agilidad por parte del demandante, ya que apenas tendrá 15 días desde el fallecimiento del testador para dirigirse al Juzgado de Primera Instancia de su lugar de residencia.

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Diferencias entre separación y divorcio. ¿Qué es mejor?

Divorcio y separación. Diferencias
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Diferencias entre separación y divorcio. ¿Qué es mejor?

Cuando en el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados hablamos de la ruptura del vínculo matrimonial como abogados especialistas en divorcios, podemos estar refiriéndonos tanto a la separación como al divorcio de la pareja. Sin embargo, aunque el fin parece ser el mismo, las consecuencias de uno y otro proceso difieren en el sentido de que existen ventajas y desventajas en función de la opción elegida por los cónyuges.

A grandes rasgos, la principal diferencia entre el divorcio y la separación es que en el primero de los casos el vínculo matrimonial se rompe de forma definitiva, mientras que en el segundo la pareja vive separada y mantiene la posibilidad de una futura reconciliación. Además, un acuerdo de separación tendrá que redactarse para establecer una serie de factores como el reparto de bienes, las deudas, la custodia de los hijos en caso de que haya o su manutención.

Estas cuestiones también se abordarán durante el proceso de divorcio por medio de un convenio regulador, aunque como decimos anteriormente, el acuerdo de separación puede proteger los intereses de la pareja de cara a un posible divorcio. Con esto nos estamos refiriendo a que si una separación concluye en divorcio, un juez puede trasladar el acuerdo de separación al proceso de divorcio por considerarlo adecuado, de manera que debe hacerse de forma minuciosa y exhaustiva con la ayuda de un abogado especialista en Derecho de Familia.

Principales diferencias entre la separación y el divorcio

Aunque en las líneas anteriores ya hemos avanzado algunos de los aspectos diferenciadores del divorcio y la separación, a continuación vamos a especificarlos de una forma más clara:

La separación implica el fin de la vida en pareja. Por ello, debe pactarse la custodia y el cuidado de los hijos como un aspecto de la vida en común que se ve modificado. Lo mismo ocurre en situación de divorcio, aunque en este caso como consecuencia de la ruptura total del vínculo.

El divorcio es irreversible. En cambio, la separación puede ser el paso previo a una reconciliación futura, por lo que en este punto no se contempla el inicio de un segundo matrimonio.

La separación se debe formalizar de hecho o ante un notario. En cambio, el divorcio siempre requerirá la intermediación de un notario o un proceso judicial al no poder ser de hecho.

Ventajas de la separación sobre el divorcio

En la separación legal, el régimen económico pasa a ser el de separación de bienes, por lo que, aunque no exista liquidación del régimen de gananciales y los bienes siguen siendo comunes hasta ese momento, a partir de la separación legal la economía de uno y otro cónyuge será independiente. Otra ventaja radica en el tiempo de reflexión que se puede tomar la pareja, decidiendo si retoma el vínculo matrimonial o, por el contrario, da un paso en dirección al divorcio definitivo por medio de un proceso judicial.

En cualquier caso, como hemos mencionado anteriormente, el acuerdo de separación cobra especial importancia en el sentido que puede valer para el acuerdo de divorcio, por lo que será crucial establecer los límites adecuados sobre el reparto de los bienes, la situación en la que quedan las deudas de la pareja o la custodia compartida de los hijos si los hubiera.

¿Qué efectos jurídicos tiene una separación?

La separación de una pareja supone la suspensión de su vida matrimonial, por lo que se mantiene el régimen económico del mismo. Sin embargo, existen algunos efectos jurídicos que debemos mencionar a la hora de hablar de la separación conyugal:

La presunción de paternidad queda interrumpida. Así lo establece el Código Civil, que dice que los hijos nacidos después del matrimonio y antes de los 300 días siguientes al divorcio o separación se considerarán hijos en común de la pareja.

La patria potestad será del progenitor que tenga la custodia. El juez, no obstante, puede decretar un régimen distinto, concediendo la custodia a los dos progenitores.

Tercio de mejora. Si uno de los cónyuges fallece durante la separación legal o de hecho, el otro no podrá disfrutar del usufructo de su tercio de mejora.

Compensación económica. El cónyuge más perjudicado por la separación, tendrá derecho a una compensación económica decretada por un juez en caso de que no haya entendimiento previo.

Tipos de separación. ¿Qué papel juegan los hijos?

No existen distintos tipos de separación como tal, aunque podemos hablar de las diversas situaciones que se producen como consecuencia de ella en función de si en el matrimonio existen o no hijos menores de edad.

Así, en el caso de matrimonios con hijos menores de edad o en situación de dependencia el artículo 81 del Código Civil establece que “se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:

1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código.

2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio”.

Por su parte, en los matrimonios sin hijos mejores a su cargo, al no existir menores que dependan de él, la separación se producirá con al menos 3 meses de antigüedad desde la fecha de enlace presentando ante notario el pertinente convenio regulador. Será ese el momento en el que se definan las condiciones de la separación, que también podrán valer para el divorcio en caso de que no exista entendimiento o reconciliación futuro.

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Cómo hacer un testamento en España: tipos y precio

como hacer un testamento. precio y tipos
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Cómo hacer un testamento en España: tipos y precio

Según establecen los artículos 662 a 743 del Código Civil, el testamento es la declaración de últimas voluntades con la que la una persona elige qué hacer con su patrimonio una vez haya fallecido. Además, este documento podrá determinar la tutela de los hijos, en caso de que éstos sean menores de edad, u otros legados.

Se trata de un proceso que busca evitar conflictos familiares u otros problemas futuros cuando el testador haya fallecido. Por eso, es muy importante hacer un testamento y para ello es necesaria la presencia de un abogado especialista en Derecho Civil y un notario, que se encargará de verificar la legalidad y deseos de quien haya realizado el testamento.

Tipos de testamento en España

Cuando hablamos de hacer un testamento, podemos distinguir entre un testamento común y un testamento especial. A su vez, el primero se clasifica en testamento ológrafo, abierto y cerrado, mientras que el segundo se divide en militar marítimo y hecho en un país extranjero.

Los testamentos especiales apenas se utilizan, de manera que en el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados vamos a poner el foco sobre los testamentos comunes para tratar de analizar todo lo necesario para hacer un testamento en España correctamente.

Testamento ológrafo. Es el tipo de testamento que redacta el propio testador de su puño y letra. Debe incluir la fecha para tener validez y cuenta con el gran inconveniente de que puede declamarse nulo al contar, a priori, con defectos de forma. Tampoco se recomienda su uso por el hecho de que puede perderse con facilidad.

Testamento abierto notarial. Se trata del testamento que se realiza ante notario, lo cual otorga la importante ventaja de que el testador recibe asistencia jurídica para que el documento cumpla con las exigencias formales necesarias. Además, el testamento original quedará en poder del notario, que tiene la obligación de inscribirlo en el Registro General de Últimas Voluntades para garantizar la confidencialidad, integridad y accesibilidad al documento.

Testamento cerrado notarial. Como bien dice el artículo 680 del Código Civil, “El testamento es cerrado cuando el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto”. En este caso, el testamento se incluye en un sobre que se cierra y se sella sin que nadie más que el testador conozca su contenido. El testamento cerrado quedará en poder del notario, del testador o de alguna persona de su confianza.

En cualquier de los tres casos, es muy recomendable contar con la asistencia de un abogado especialista en Derecho Civil para garantiza que el testamento está conforme a la Ley.

Cuánto cuesta hacer un testamento

Aunque hay personas contrarias a hacer un testamento por que ello supone pensar en la muerte, lo cierto es que se trata de un proceso sencillo que hará más fáciles los trámites de quienes hereden ese patrimonio. Además, tiene como ventaja que el testador podrá decidir sobre sus bienes, en lugar de que éstos se repartan sin su consentimiento previo.

Si a ello añadimos el económico coste que supone (unos 50 euros el testamento ológrafo y entre 40 y 80 euros los testamentos abierto y cerrado), nada impide a cualquier persona hacer un testamento donde reparta su patrimonio.

Sin embargo, aquí debemos establecer que no podrá hacer la entrega de cualquier forma, ya que no más de un tercio podrá ir destinado a personas fuera de su familia o dos tercios pertenecerán a los hijos. En Emeybe Abogados somos expertos en herencias, así que te invitamos a saber un poco más sobre cómo reclamar una herencia en nuestra sección destacada.

¿Es necesario hacer testamento con un solo hijo?

En este caso particular, si el cónyuge es viudo, no tendrá que preocuparse por hacer un testamento si quiere que todos sus bienes los reciba su hijo. Sin embargo, si hace testamento, respetará la parte legítima de su hijo y podrá entregar parte de su patrimonio a otra persona.

Y aunque no sea éste su deseo, siempre es interesante hacer un testamento notarial para que, tras su fallecimiento, el hijo no tenga que afrontar más gastos haciendo una declaración de herederos.

¿Qué pasa si no hay testamento?

Cuando una persona fallece y no ha dejado por escrito su deseo de cómo repartir su patrimonio, su mitad dentro del matrimonio en separación de bienes irá destinada a los hijos u otras personas fuera de la familia siguiendo unas directrices. Puedes saber un poco más sobre cómo repartir una herencia en nuestra sección destacada o poniéndote en contacto con nosotros.

En el caso de que la persona que fallece no hay hecho testamento y tampoco tiene hijos, la ley establece que su herencia corresponde a sus padres, aunque si éstos han muerto también, los herederos serán los abuelos u otros ascendientes más lejanos. Si tampoco tiene ascendientes, el heredero es el cónyuge y si no hay cónyuge, el orden establece que el patrimonio pase a los hermanos, sobrinos, tíos y, en última instancia, a sus primos. No obstante, si el fallecido no tiene familia, será el Estado quien herede su patrimonio.

¿Se puede impugnar un testamento?

Un testamento estará sujeto a impugnación siempre que no se hayan respetado los derechos sucesorios. En este sentido, debemos conocer quiénes son los herederos forzosos y quien tiene derecho a heredar la parte legítima, que queda fuera del alcance del testador. En Emeybe Abogados Granada, donde ofrecemos multitud de servicios jurídicos específicos, te ayudamos a conocer los pasos para impugnar un testamento y los supuestos que deben darse para reclamar una herencia mal repartida.

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