Procedimiento de embargo: Todo lo que debes saber

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Procedimiento de embargo: Todo lo que debes saber

El embargo de bienes por impago de deudas

Cuando una persona se ve envuelto en cualquier procedimiento judicial por impago de deudas, independientemente de dónde procedan esas deudas, corre el peligro de embargo de bienes, en caso de no abonar la cantidad reclamada. Es entonces cuando será necesaria la asistencia de un letrado, como explicamos desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados.

Unos procedimientos pueden derivar en el embargo de cuentas bancarias, salarios y emolumentos e, incluso, con el embargo de nuestros vehículos. Sin embargo, otros procedimientos, como la ejecución hipotecaria, concluyen con el embargo del inmueble hipotecado. En estos procedimientos provocando que el demandado y usuario, además del ahogo económico que le ha impedido abonar la hipoteca, termine en una situación de vulneración social por quedarse sin vivienda.

¿Existe un orden para los embargos?

En términos generales, se establece en nuestro Código Civil que, a falta de pacto entre las partes deudoras y acreedoras, el juzgado responsable de la ejecución embargará los bienes del deudor procurando tener en cuenta la facilidad de su enajenación. Es decir, el juzgado debe tener en cuenta qué bienes existen para embargar y empezará por lo bienes de los que resulte más fácil su embargo para satisfacer al acreedor.

Pero si no existen bienes que se puedan considerar de fácil embargo o, si existiendo, no fuesen suficientes para cubrir la deuda, la ley sí indica expresamente un orden para proceder a los embargos, siendo el primero de los bienes para embargar el dinero o cuentas corrientes.

Eso tiene sentido, ya que es mucho más fácil embargar una cuenta corriente del deudor, en la que hay cuantía suficiente como para liquidar la deuda. Siempre sin perder de vista los límites que establece la ley en relación con los bienes inembargables.

Tras el embargo de las cuentas corrientes, establece la normativa que se embargarán los créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, como podrían ser las devoluciones que se puedan realizar por parte de la agencia tributaria a consecuencia de las declaraciones de impuestos.

En tercer lugar, se embargarán las joyas y objetos de arte, en cuarto lugar, las rentas en dinero procedentes de cualquier origen, y en siguiente lugar los intereses, rentas y frutos de toda especie. Si, aun habiendo intentado el abono de la deuda mediante embargo de esos bienes, no se ha satisfecho la deuda, se procederá al embargo de los bienes muebles, acciones, participaciones sociales y similares.

Si con dichos embargos aun no se ha cubierto la deuda, se procederá al embargo de los bienes inmuebles. Es en esta fase de la reclamación de una deuda judicializada en la que hay que estar bien aconsejado y defendido frente al acreedor, por abogados expertos en derecho civil, con el fin de intentar conservar esa vivienda que tanto ha costado conseguir en algunos casos.

El embargo de los sueldos, salarios, pensiones, ingresos de actividades profesionales, créditos y derechos realizables a medio y largo plazo, se encuentran en el último lugar de los bienes a embargar por parte del juzgado.

Qué límite hay para los embargos de salario

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los límites para los embargos de sueldos y pensiones.

En primer lugar, es inembargable el salario o emolumentos que no excedan del salario mínimo interprofesional que, en 2022 quedó fijado en 1.000 €. Si el salario recibido es mayor que dicho salario mínimo interprofesional, existe una escala porcentual para determinar cuánto se puede embargar en cada caso.

Así, en la cuantía que doble el salario mínimo interprofesional podrá embargarse un 30%; la cuantía que se equipare a un tercer del salario mínimo interprofesional se podrá embargar un 50%; la cuantía adicional que equipare a un cuarto salario podrá embargarse un 60%; la cuantía que sea equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional podrá embargarse en un 75%; y el resto de cuantías que excedan a los anteriores podrá embargarse en un 90%.

No obstante, hay que advertir que en las deudas por impagos de pensiones de alimentos estos límites no son aplicables, por lo que no habrá límite mínimo para embargar.

Qué ocurre con los bienes inmuebles embargados

Una vez que el juez pertinente ha confirmado la validez de la deuda y la obligación de abonarla, si no se dispone de la cuantía líquida suficiente para pagar la deuda, se puede encontrar el deudor con el embargo de sus bienes, sin poder hacer nada al respecto.

En el caso de que el bien embargado fuese un inmueble, y suponiendo que el valor de la vivienda que se ha embargado es mayor que la cuantía de la deuda reclamada se realiza por el juzgado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad competente.

Esa anotación conlleva que, si el deudor propietario de la vivienda quiere vender ese inmueble, podrá hacerlo ya que sigue siendo el titular del inmueble, pero de lo recibido por esa venta tendrá la obligación de abonar lo que corresponda al acreedor en favor de quien se anotó el embargo preventivo y saldar así la deuda.

Qué opciones tiene el acreedor de cobrar tras un embargo del deudor

Cuando se encuentra un acreedor en un procedimiento judicial para reclamar la deuda suele ser porque el deudor no ha pagado a pesar de la insistencia del acreedor.

Si esa negativa a abonar la deuda no es por falta de liquidez económica y el deudor dispone de cuantía líquida en cuentas bancarias a su nombre que puedan ser embargables, el juzgado decretará el embargo de esas cuentas bancarias hasta alcanzar la cuantía debida, siempre teniendo en cuenta los límites que establece la ley.

Pero si la negativa a abonar la deuda se debe a que el deudor no tiene dicha liquidez económica para cubrir esa deuda y se acredita por el deudor o por parte del juzgado que no hay dinero en las cuentas bancarias a nombre del ejecutado, se pasa entonces al embargo de bienes inmuebles.

En una situación similar, es aconsejable acudir a un despacho de abogados que conozca bien la materia y las diferentes opciones que pueda tener el acreedor para que esa deuda le sea abonada.

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¿Cómo tributan a Hacienda los regalos de Reyes?

Cómo tributan a Hacienda los regalos de Reyes
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¿Cómo tributan a Hacienda los regalos de Reyes?

Los regalos de los Reyes Magos ¿tributan?

En plena época de Navidad, y acercándose ya la fecha marcada en todos los calendarios de los más pequeños de la casa, desde el despacho de Granada Emeybe Abogados queremos hacer una advertencia a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, ya que, como aquel eslogan de mayo de 1978 en una campaña publicitaria promovida desde el Ministerio de Hacienda, “Hacienda somos todos”.

Pues sí, en una época en la que cada vez es más común dar aguinaldos o dar dinero como regalo de Reyes, no hay que olvidar que estos regalos son donaciones y que, por tanto, estos regalos de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente también tributan.

Límite económico para declarar una donación

Esta entrega de dinero a hijos, nietos o sobrinos no deja de ser una donación, es decir, un bien que adquiere una persona de otra de manera gratuita. Esta donación debe tributar según el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondiente. Además, tenemos que partir de la base de que la Agencia Tributaria, en los últimos años, viene siendo implacable en tema de blanqueo de capitales, intentando minimizar y detener la comercialización con dinero negro.

Por eso, Hacienda mira con lupa incluso los regalos ofrecidos en festividades como las que ahora invaden nuestras viviendas, debiendo ser precavidos a la hora de hacer este tipo de regalos, sobre todo si las cantidades de las que hablamos son elevadas.

Como ya explicábamos más detenidamente en el post sobre este Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aunque ciertamente la regulación es del Gobierno Central, la recaudación y bonificaciones aplicables corresponden a cada Comunidad Autónoma. La tributación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no tiene ninguna cuantía mínima por la cual se entienda que debe ser declarada, así que todas las entregas gratuitas de dinero deberían tributar. Ni el regalo de 50 € de la abuela, ni el regalo de 300 € de tu madre para un viaje están exentos de tributación.

Cómo controla Hacienda los regalos de Reyes

La realidad es que es difícilmente controlable el aguinaldo de 50€ que te puede dar un familiar o incluso esos 300 € que poníamos de ejemplo anteriormente. Por lo tanto, aunque deberían tributar, Hacienda no persigue con demasiado ahínco estas donaciones sin declarar.

No debemos olvidar que la mayoría de las Comunidades Autónomas aplican bonificaciones en estos impuestos, por lo que las cantidades a recaudar al final son mínimas. No obstante, si las cantidades son más elevadas, es la propia Entidad bancaria quien debe avisar a la Agencia Tributaria de la entrada o salida de dinero de una cuenta sin justificar.

Así, aunque no se establezca un mínimo para declarar una donación, sí que se establece un mínimo desde el cual la Entidad bancaria debe informar a Hacienda. Este límite es de 3.000 euros y el banco deberá informar a Hacienda tanto de la retirada de ese dinero como del ingreso sin justificar.

Tanto es así que la Entidad bancaria puede incluso congelar momentáneamente tu cuenta para que justifiques una entrada de dinero de más de 3.000 € y, hasta que no sucede esa justificación, no libera tu cuenta. Esto lo hace en base a la normativa de blanqueo de capitales, por lo que está respaldado para ello si hay alguna justificación para hacerlo.

Cuándo prescribe la declaración de los regalos de Reyes ante Hacienda

Sin embargo, aunque no se persigue con asiduidad, nada impide a la Agencia Tributaria requerir al obligado tributario para que justifique ingresos de menos de 3.000 euros y, en caso de ser donación por regalos de Navidad, poder aplicar la sanción correspondiente por no haber presentado el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Para ello, la Agencia Tributaria tiene nada más y nada menos que cuatro años en los que podrá pedirte explicaciones sobre ese aguinaldo recibido durante las Navidades o ese regalo de Reyes en efectivo. Por eso, si te llega el temido sobre con ventanita negra remitido por la Agencia Tributaria, te aconsejamos acudir a un despacho de abogados expertos en donaciones donde puedan asesorarte correctamente de las posibilidades existentes en tu asunto.

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Cesta de Navidad: ¿Tienen las empresas la obligación de entregarlas?

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Cesta de Navidad: ¿Tienen las empresas la obligación de entregarlas?

La obligación de dar cesta de Navidad ¿mito o realidad?

Desde hace unos años, concretamente desde el año de la pandemia, las cestas de Navidad han tomado protagonismo como sustitutas de las comidas y cenas de empresa, que no podían realizarse por las restricciones existentes con motivo del COVID-19.

Puede ocurrir que los trabajadores esperen un año más sus cestas de Navidad en estas fechas, asumiendo una situación que se ha producido durante varios años seguidos, pero que la empresa haya decidido unilateralmente prescindir de la cesta de Navidad, entendiendo que no es una obligación ni un derecho del trabajador.

Esta cuestión ha sido debatida en los Juzgados en numerosas ocasiones en el marco de procedimientos donde los trabajadores que esperaban la cesta de Navidad de todos los años, no la recibían, entendiendo que esta cesta de Navidad era una obligación por parte de la empresa y era obligatoria su entrega.

En este artículo, desde el despacho Emeybe Abogados de Granada vamos a repasar las claves para entender si existe obligación de dar cesta de Navidad por parte de la empresa a los trabajadores.

¿Es la cesta de Navidad un derecho adquirido por el trabajador?

Para poder determinar si la cesta de Navidad es considerada un derecho adquirido, tenemos que partir de conocer qué es ese derecho adquirido y qué requisitos debe cumplir para tener esa calificación. La jurisprudencia entiende que un derecho adquirido es aquel otorgado por el empresario unilateralmente en virtud de pacto que mejora las condiciones laborales del trabajador establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio Colectivo aplicable. Es decir, una gratificación o beneficio que va más allá de los mínimos legales.

Para esta consideración, ese acto o beneficio debe cumplir una serie de requisitos como son la mejora real de las condiciones laborales del trabajador, que sea concedido voluntariamente por el empresario y por su propia decisión, que tenga una habitualidad en el tiempo y que el empresario lo mantenga a pesar de no ser obligatorio. Si se cumplen estos requisitos, el trabajador adquirirá un derecho sobre dicha condición más beneficiosa y la empresa quedará obligada a mantenerla en el tiempo sin poder desistir de ella unilateralmente.

¿Es la cesta de Navidad una condición más beneficiosa del trabajador?

La respuesta a esta pregunta no es fácil ni unánime, habiéndose pronunciado nuestro Tribunal Supremo en numerosas ocasiones al respecto. Así, es cierto que existen sentencias del Tribunal Supremo que determinan que la cesta de Navidad es una condición más beneficiosa del trabajador, esto es, un derecho adquirido.

Sin embargo, como hemos visto, esta adquisición de derechos debe cumplir una serie de requisitos, por lo que, habrá que estar en cada caso concreto para determinar si la cesta de Navidad en la empresa en cuestión es un derecho adquirido por ser condición laboral más beneficiosa para el trabajador.

La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que no puede fijarse un criterio unitario para considerar la entrega de la cesta de Navidad como un derecho adquirido del trabajador, pero tampoco puede determinarse sin más que es una liberalidad de la empresa, sino que hay que valorar cada caso específico y deberá resolverse en atención a las circunstancias de cada caso.

¿Cuándo es la cesta de Navidad un derecho adquirido por el trabajador?

Como vemos, la jurisprudencia no determina que la cesta de Navidad sea un derecho adquirido por el trabajador, sino que lo que determina es si en cada caso concreto, de haberla concedido la empresa, pudiera calificarse como condición más beneficiosa del trabajador.

Para esto, como cualquier derecho adquirido, debe de cumplir los requisitos antes referidos. Así, el Tribunal supremo, en las sentencias que han evaluado el asunto concreto de si las cestas de Navidad suponen un derecho adquirido, establece que dicha cesta de Navidad debe ser entregada regular y habitual, reiterándose esta entrega todos los años.

Además, debe de ser patente que la empresa tiene la voluntad inequívoca de beneficiar al trabajador con la entrega de la cesta de Navidad, debiéndose entregar a todos los trabajadores sin excepción. En el caso de que se cumplan estos requisitos sí que estaríamos ante una condición laboral más beneficiosa que se convierte en derecho adquirido para el trabajador.

La posibilidad de suprimir la cesta de Navidad por la empresa

Puede pensarse en atención a lo expuesto, que este derecho adquirido no puede eliminarse en ningún supuesto, estando la empresa condenada a entregar todos los años la cesta de Navidad. Sin embargo, sí que existe la posibilidad de que la empresa elimine esta condición más beneficiosa, pues al ser considerada la cesta de Navidad como una condición de trabajo, se puede modificar siguiendo el procedimiento habitual para la modificación sustancial de las condiciones laborales del trabajador.

Este procedimiento está recogido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y establece que la empresa podrá modificar las condiciones laborales de sus trabajadores siempre que pueda acreditarse circunstancias que determinen dicha modificación, ya sean económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Este artículo establece el procedimiento a seguir por la empresa en caso de estar en uno de esos supuestos y quiera modificar sustancialmente las condiciones del trabajador. Este procedimiento variará dependiendo del número de trabajadores de la empresa a los que le afecte el cambio.

En todo caso, el trabajador deberá ser informado con antelación de mínimo quince días y por escrito de la decisión y de los motivos que han llevado a tomar esta postura por la empresa. Si el trabajador entendiera que se está viendo perjudicado por esta decisión unilateral, podrá solicitar la rescisión de su contrato y percibirá una indemnización de veinte días de salario por año de servicio y con un máximo de nueve meses.

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Lotería de Navidad 2022: Claves y forma de tributación a Hacienda

Lotería de Navidad. Impuestos
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Lotería de Navidad 2022: Claves y forma de tributación a Hacienda

Esta semana ronda en nuestras cabezas la posibilidad de ser uno de los afortunados en ganar la lotería. Tapar agujeros, comprarse una casa o un coche, hacer un viaje… son las respuestas más habituales de los beneficiarios del premio. Lo más curioso es que mientras que las posibilidades de ganar para un jugador son del 1 entre 100.000 (0.001%), Hacienda siempre obtiene el 20% del total que supera la cuantía del mínimo exento. Por ello, conviene saber cómo se debe tributar este premio para no tener problemas con la Administración Pública, contando con el asesoramiento de un abogado especialista en Derecho Fiscal en Granada.

Durante el pasado año 2020 el mínimo exento fue establecido en 40.000 euros, lo que significa que no se pagan impuestos en los premios inferiores a esa cantidad. Así, cuando el premio supera la cuantía establecida se aplicará un 20%. Por lo tanto, solo el primer, segundo y tercer premio tendrán que abonar los impuestos correspondientes, mientras que el resto quedan exentos del pago de impuestos, como recoge en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, marcando las pautas de los impuestos de la Lotería de Navidad.

¿Cuándo se pagan los impuestos?

A la hora de cobrar el premio, los afortunados no tendrán que preocuparse por la declaración del dinero, ya que hacienda resta los impuestos del premio de manera automática. La declaración de la Renta debe recoger esta información en el apartado de “ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales».

En caso de los contribuyentes no residentes quedan obligados a rellenar el Modelo 230 de la AEAT para que se apliquen las retenciones necesarias. También será obligatorio rellenar el Modelo 136 en caso de que la retención del 20% anteriormente mencionada no se aplicase en el momento de recibir el premio.

La Lotería del Estado no está incluida en la base imponible del IRPF, de manera que no será necesario pagar más en la declaración anual. Los afortunados no se verán afectados a la hora de la obtención de ayudas publicadas en prestaciones o becas.

¿Qué ocurre cuando el boleto es compartido?

Lo conveniente es informar de que se trata de un boleto compartido a la hora de recogerlo en la propia administración, además de identificar a los ganadores. La entidad debe informar a la Agencia Tributaria. Es importante, ya que a la hora de distribuir el premio Hacienda puede considerar dicho abono como donación y las arcas públicas se verían premiadas doblemente.

Cuando no es posible acreditar que el boleto pertenece a varias personas o se decide posteriormente repartir el premio, se produce una donación al titular del boleto, por lo que éste deberá ser tributado bajo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En los boletos compartidos, una única persona figura como beneficiario y será él mismo el responsable del reparto. También será el encargado de informar de todos los premiados, como apuntamos desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados.

Participaciones en boletos

Las participaciones de lotería no existen a efectos fiscales, ya que lo que tributa es el propio décimo. En el caso de las participaciones premiadas con más de 2.500 euros se aplica la retención al depositario del décimo. Esto quiere decir que se cobrará lo que corresponda proporcionalmente después de haber descontado los impuestos. Como se menciona anteriormente, conviene identificar a los participantes para evitar que el reparto sea considerado donación.

Comunidad de bienes

En el caso de las parejas, no es necesario estar casado en régimen de gananciales para entender que la pareja comparte un décimo. En 2015, el Tribunal Supremo resolvió un caso por apropiación indebida. Se entiende que cuando la pareja tiene una comunidad de bienes, independientemente de si está casada o no, deberán repartir al 50% la cantidad en el momento que se produzca la ruptura de la relación.

¿Tienes alguna duda acerca de cómo tributa un premio en la Lotería? En Emeybe Abogados Granada te damos las respuestas legales que necesitas a servicios jurídicos específicos.

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Pareja de hecho: Definición, regulación y efectos fiscales en España

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Pareja de hecho: Definición, regulación y efectos fiscales en España

Qué es una pareja de hecho

En nuestra sociedad es cada vez más común escuchar hablar de las parejas de hecho como opción sustituta del matrimonio, pero realmente puede no conocerse el alcance de esta figura jurídica creada para adaptar la realidad jurídica a la realidad social.

Así, la pareja de hecho es la convivencia pública y estable de la misma, independientemente del sexo, con el objetivo de tener una vida familiar, pero sin contraer matrimonio. Todo esto, y más, queda explicado en este artículo, donde desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados queremos resolver todas tus dudas en torno a esta temática.

Regulación de las parejas de hecho

Esta figura jurídica no está regulada a nivel nacional, siendo las Comunidades Autónomas quienes tienen la potestad para regular esta materia. En concreto, Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, Canarias, Galicia, Valencia, Murcia y País Vasco sí tienen regulación específica de parejas de hecho, sin necesitar una pareja la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho para ser consideradas como tal.

Para las Comunidades Autónomas que no tienen regulación específica, las parejas que quieran considerarse pareja de hecho deberán inscribirse necesariamente en el Registro de Parejas de Hecho. Esto hace que, para la formalización de una pareja de hecho, se tenga en cuenta la legislación del lugar de residencia.

Qué validez tiene la pareja de hecho en España

Al contrario que el matrimonio, la pareja de hecho no puede inscribirse en el Registro Civil porque no existe la pareja de hecho como estado civil. Esto provoca que se pueda estar registrado como pareja de hecho con una persona, pero estar unido en matrimonio a otra, sin que se pueda cotejar o comprobar entre Registro Civil y Registros de Pareja de hecho esta información. Además, como ahora veremos, esto hace que la pareja de hecho no pueda equipararse al matrimonio, aunque compartan algunas similitudes.

Qué se necesita para ser pareja de hecho

Por lo general, hay unos requisitos básicos para poder acceder a la formalización de pareja de hecho, aunque, como hemos dicho, al ser reguladas por las Comunidades Autónomas, los requisitos pueden variar.

En primer lugar, para poder ser considerada pareja de hecho, los componentes de dicha pareja deben ser mayores de edad o estar emancipados judicialmente. Por otro lado, no puede existir un parentesco directo entre la pareja para la formalización de la pareja de hecho. Además, no deben estar casados, debiendo acreditarlo. En el caso de que algún miembro de la pareja hubiera estado casado, deberá acreditar el divorcio del matrimonio.

Puede parecer que esto es contradictorio con lo que hemos dicho anteriormente de que puede ocurrir que una persona esté registrada como pareja de hecho con una persona, pero casada con otra, pero no es así.

La realidad es que para la inscripción como pareja de hecho sí que hay que acreditar la soltería, pero para el matrimonio no hay que acreditar que no estas inscrito como pareja de hecho. Esto hace que pueda ocurrir que una pareja se inscriba como pareja de hecho y no eliminen esta inscripción después de la ruptura, contrayendo nupcias después con personas diferentes.

Por otro lado, para la formalización de la pareja de hecho es necesaria una convivencia previa acreditable y, claro está, la inscripción en el Registro habilitado por cada Comunidad Autónoma. Lo mejor para saber los requisitos y saber en cada caso concreto si se cumplen, es acudir a un abogado especialista en Derecho de Familia, que podrá asesorar a la pareja en sus decisiones.

El régimen económico de las parejas de hecho

Como hemos dicho antes, las parejas de hecho no pueden equipararse al matrimonio, principalmente porque no se le asumen determinadas obligaciones económicas entre las partes. Así, el matrimonio tiene aparejado un régimen económico matrimonial, siendo el establecido por ley el de la sociedad de gananciales, pero pudiendo modificarlo la pareja mediante capitulaciones matrimoniales a la sociedad de separación de bienes o de participación.

Sin embargo, las parejas de hecho no tienen régimen económico matrimonial, debiendo de acordar las partes lo que consideren oportuno respecto a la economía común y sus efectos en la relación.

Efectos fiscales de la pareja de hecho

Otra diferencia de la pareja de hecho respecto al matrimonio es los efectos que tienen respecto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. En este caso, el matrimonio tiene la opción de presentar dicho impuesto de manera conjunta y de manera separada, a su elección. Sin embargo, la pareja de hecho no tiene opción de presentación conjunta de la renta, ya que no se encuentra considerada como una unidad familiar.

Mientras, en el supuesto de que existan hijos dentro de la pareja de hecho, una de las partes sí podrá formar una unidad familiar y tributar por los menores, pero sin incluir al otro progenitor que deberá presentar el impuesto de manera individual.

¿Existe pensión de viudedad para las parejas de hecho?

Para que una pareja de hecho devengue pensión de viudedad se exigen más requisitos que en el matrimonio. Así, cuando en un matrimonio uno de los cónyuges fallezca, se devenga automáticamente la pensión de viudedad siempre que el fallecido tenga al menos 500 días cotizados en los cinco últimos años o alcance quince años cotizados durante toda su vida.

Sin embargo, el superviviente de la pareja de hecho, para cobrar la viudedad, deberá tener unos ingresos durante el año natural anterior inferiores al 50% de los ingresos de la pareja si hay hijos y de un 25% si no existen hijos; o no deberá superar 1,5 veces el salario mínimo interprofesional si no hay hijos, aumentando un 0,5 por cada hijo en común con derecho a la pensión de orfandad.

Similitudes entre el matrimonio y la pareja de hecho

Pero no todo son diferencias entre el matrimonio y la pareja de hecho, existiendo puntos en común entre ambas figuras. La más importante es la que afecta a los hijos comunes, teniendo ambos padres las mismas obligaciones y derechos respecto a sus hijos independientemente de que se encuentren concebidos en un matrimonio o en una pareja de hecho. Eso significa que, en caso de ruptura, las medidas que se deben fijar son las mismas y abarcan la custodia, la pensión de alimentos, el régimen de visitas y el uso de la vivienda familiar.

Esto también significa que los permisos laborales retribuidos con objeto de la maternidad y la paternidad también son iguales independientemente de si los progenitores se encuentran casado o como pareja de hecho.

Por otro lado, los miembros de la pareja de hecho disfrutaran de los mismos derechos de asistencia sanitaria, tal y como lo harían bajo la figura del matrimonio. También se sucederían los miembros de la pareja de hecho en el contrato de arrendamiento si uno de ellos fallece, acreditando únicamente dos años de convivencia con el fallecido. Igualmente, las parejas de hecho se pueden beneficiar de ayudas, becas y subvenciones tal y como lo harían los cónyuges dentro del matrimonio.

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Tipos de jubilación en España 2022: Todo lo que debes saber

Tipos de jubilación y cotización en España
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Tipos de jubilación en España 2022: todo lo que debes saber

Edad y cotización mínima para la jubilación

En el año 2022, la edad a la que cualquier persona puede acceder a la jubilación ordinaria es de 65 años cuando el trabajador tiene una cotización de, al menos, 37 años y seis meses. En el caso de que el trabajador que no tenga cotizado ese período de tiempo, la edad de jubilación ordinaria sube hasta los 66 años y dos meses.

Esto no significa que un trabajador no pueda jubilarse antes de dicha edad, pero para acceder a esa jubilación anticipada debe de cumplir una serie de requisitos. Ahora bien, existen varias modalidades de jubilación anticipada, como son la jubilación para mutualistas, involuntaria, voluntaria, de actividades penosas, tóxicas o peligrosas, de personas con discapacidad y jubilación parcial anticipada.

En este artículo vamos a desgranar los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre la jubilación, aunque desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados aconsejamos dejar este tipo de temas a abogados especializados en Derecho Civil.

Tipos de jubilación en España

La jubilación anticipada voluntaria se puede solicitar dos años antes de la jubilación ordinaria y se debe tener un período mínimo de cotización de 35 años. En este tipo de jubilación se aplican una serie de coeficientes reductores como penalización dependiendo de los meses de anticipación a la edad de jubilación.

La jubilación anticipada forzosa o involuntaria tiene como requisitos estar inscrito en las oficinas como demandante de empleo al menos durante los 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud y haber cumplido un periodo mínimo de cotización de 33 años, tener 61 años o 62, si la cotización acumulada es menor de 37 años y 3 meses. Igualmente, aquí se aplican coeficientes reductores dependiendo del tiempo de anticipación de la jubilación.

La jubilación anticipada para mutualistas se puede solicitar a partir de los 60 años, con una cotización mínima de 30 años y cese involuntario.

La jubilación por incapacidad se puede solicitar a partir de los 56 años, teniendo 15 años trabajados con dicha discapacidad de un porcentaje igual o superior al 45%.

Por último, la jubilación por actividades penosas, tóxicas o peligrosas tiene una reducción de la edad a 52 años, como bomberos, policías, mineros, etc.

¿Qué pensión puedo tener con la jubilación ordinaria?

Para determinar la cuantía de la pensión de jubilación ordinaria en 2022 hay que determinar la base reguladora, que es el resultado de dividir por 350 todas las bases de cotización del trabajador que solicita la jubilación durante los 300 meses anteriores a la solicitud.

Hay que tener en cuenta que los 24 primeros meses se suman en su valor nominal y, el resto hasta 300 meses deben actualizarse conforme al IPC. No obstante, esto es así desde enero de 2013, cuando se modificó la Ley General de la Seguridad Social, por lo que antes de dicha fecha la base reguladora será el resultado de dividir las bases de cotización de 180 meses por 210. A partir de 2013, el número de meses se ha elevado a razón de 12 por año hasta llegar a los 300 en la actualidad.

Pongamos como ejemplo a un trabajador que tiene una cotización constante de 1.500 € durante esos 300 meses. La suma de las bases de cotización ascendería a 450.000 € que tendríamos que dividir entre 350. En este caso, el resultado daría un total de 1.285,71 €, que sería la pensión de jubilación del trabajador. Para poder determinar la pensión de jubilación y, en su caso, saber si cumple con los requisitos para solicitarla, es necesario acudir a un abogado experto en Seguridad Social que pueda asesorarle individualmente sobre su caso concreto.

¿Puedo compatibilizar la jubilación con un puesto de trabajo?

Desde el 17 de marzo de 2013 se permite compatibilizar la percepción de un porcentaje de la pensión de jubilación contributiva con la realización de cualquier trabajo. En estos supuestos, los trabajadores que compatibilicen la jubilación con su trabajo tendrán derecho a recibir el 50% de la pensión, independientemente de su jornada, teniendo la consideración de pensionistas a partir de ese momento y a todos los efectos. No obstante, esta compatibilidad no aplica el complemento por mínimos, independientemente de los ingresos obtenidos en el trabajo compatibilizado.

Sin embargo, hay que diferenciar si se trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena. En el primer caso, el trabajador autónomo podría recibir hasta el 100% de la jubilación si se acoge a la jubilación activa. Esto es posible si se acredita que se tiene por lo menos un trabajador contratado. Igualmente, el trabajador autónomo puede complementar los ingresos generados por su actividad con la pensión de jubilación siempre que los ingresos netos de la actividad no superen el Salario Mínimo Interprofesional anual.

Por otro lado, el trabajador por cuenta ajena también puede compatibilizar la prestación de jubilación. Sin embargo, en este caso se deben cumplir una serie de requisitos no solo por el trabajador, sino también por la empresa que lo tiene contratado. En este caso, el trabajador, para poder compatibilizar, debe tener cumplida la edad ordinaria de jubilación y para el cálculo de la pensión se debe aplicar a su base reguladora al 100%. Es decir, esta compatibilidad solo podrá ser adquirida por pensionistas con largas carreras de cotización.

Pero estos no son los únicos requisitos para que un trabajador por cuenta ajena pueda compatibilizar la jubilación, ya que la empresa también debe de cumplir una serie de requisitos. Así, la empresa no puede haber despedido improcedentemente a ningún trabajador en los seis meses anteriores a la compatibilidad, y, una vez iniciada esta compatibilidad, está obligada a mantener la vigencia del contrato de trabajo con el mismo nivel de empleo. Una vez finalizada la relación profesional que promueve esa compatibilidad, se restablece el percibo del 100% de la pensión de jubilación.

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Impuesto de sucesiones y donaciones: Todo lo que debes saber

Impuesto de sucesiones y donaciones Andalucía
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Impuesto de sucesiones y donaciones: Todo lo que debes saber

¿Qué es el impuesto de sucesiones y donaciones?

Lo primero que debemos saber es que tanto el impuesto de sucesiones como el de donaciones se regula en el mismo texto normativo y se devenga cuando se adquiere un bien de otra persona gratuitamente.

Sin embargo, hay que diferenciar el caso en el que dicha adquisición se produce en el momento en que un heredero recibe bienes por el fallecimiento del sucesor, es decir, se realiza una transmisión “mortis causa”, con la transmisión que realiza por ejemplo un padre a sus hijos se denomina “inter vivos”. En el primer caso se devengaría el impuesto de sucesiones y en el segundo caso el impuesto de donaciones.

La regulación del impuesto de sucesiones y donaciones le compete al Estado, pero su recaudación depende de cada Comunidad Autónoma. Además, las Comunidades Autónomas tienen competencias cedidas para regular ciertos extremos del impuesto, como pueden ser las bonificaciones tan queridas por los ciudadanos. En cualquier caso, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados aconsejamos poner este tema en manos de un abogado especialista en Herencias.

¿Cómo se calcula el impuesto de sucesiones y donaciones?

Para hacer una aproximación de lo que podría costarnos fiscalmente una donación o la aceptación de una herencia y los beneficios que se pueden aplicar a cada caso concreto y obtener así un cálculo exacto, se debe tener en cuenta para ese cálculo el valor de los bienes que se van a heredar o donar.

Si se trata de un inmueble, una casa, una finca rústica, un piso en el centro de la ciudad o un vehículo, hay que hacer un cálculo del valor de ese bien. Para conocer el valor del bien o bienes inmuebles que se van a adquirir lo más común es acceder al valor de referencia que ofrece la Dirección General del Catastro.

La ley dispone que la base mínima de tributación será ese valor de referencia contenido en el Catastro, es decir, que, si un padre dona a su hijo un piso, el hijo tendrá que abonar el impuesto de donaciones por esa adquisición y la base imponible de ese impuesto será cómo mínimo el valor de referencia del catastro.

Si ese valor de referencia en el año 2023 se encuentra en 43.250 euros, pero el valor que se le da en la escritura de donación es de 50.000 euros, el hijo abonará el impuesto con la base imponible de 50.000 €. Lo mismo ocurrirá en los supuestos de las adquisiciones “mortis causa”. Pero si el valor que se le da en la escritura es de 30.000 euros y el valor de referencia está en 43.250 euros, el hijo deberá tributar en base a dicho valor de referencia como mínimo.

Como decimos, las Comunidades Autónomas son las competentes para la recaudación y bonificación del impuesto, por lo que, para saber la cuota tributaria, que será lo que se abone finalmente, hay que acudir a la Ley de cada Comunidad Autónoma.

En el caso de Andalucía, esta cuota tributaria se obtiene aplicando una tabla fijada en la Ley 5/2021 de 20 de octubre, de Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en esa tabla se fijan unos tipos que oscilan entre el 7 y el 26%, dependiendo del valor neto de lo que se adquiere.

¿Quién debe pagar el impuesto de sucesiones y donaciones?

Los que están obligados a su abono son lo que reciben los bienes y derechos. Si se trata de una herencia, el heredero que recibe el bien será quién tendrá que pagar el impuesto de sucesiones, y si se trata de una donación será quién recibe el bien el obligado a abonar el impuesto de donaciones.

Bonificaciones en Andalucía del impuesto de donaciones

Hasta hace pocos años, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, resultaba bastante caro fiscalmente recibir una herencia. Sin embargo, hoy en día disfrutamos en nuestra Comunidad sureña de unas reducciones que han hecho mucho más sencillo y menos problemático el hecho de recibir bienes a consecuencia del reparto de una herencia, y el hecho de las donaciones que se realicen en nuestro territorio.

Además, desde el 1 de enero de 2022 se aplica la nueva normativa dispuesta en la Ley 5/2021 de 20 de octubre, de Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuando se trata de herederos o donatarios (quien recibe lo donado) descendientes, es decir, hijos o nietos que reciben un bien de sus padres o abuelos, tendrán una bonificación del 99% en la cuota tributaria, en el tipo de gravamen que fija la tabla de la Ley.

Por lo que, si seguimos el ejemplo anterior y aplicando la cuota tributaria, el hijo que recibe una donación de un inmueble por parte de su padre por un valor de 50.000 euros, tendría que abonar una cuota de 20.000 euros por el impuesto. Sin embargo, al aplicar la bonificación del impuesto, en Andalucía del 99%, abonaría una cuota finalmente de 200 euros.

Bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones en Madrid

En la Comunidad de Madrid ya existía está bonificación del 99% del impuesto en supuestos de adquisiciones por descendientes o ascendientes. Sin embargo, para adquisiciones por parte de hermanos, tíos o sobrinos existía una bonificación del 10% o el 15% sobre la cuota tributaria.

La nueva Ley aplicable en la Comunidad de Madrid modifica ese porcentaje de deducción en la cuota que finalmente se abona por el obligado tributario, a un 25% siempre que se trate de adquisiciones “mortis causa” o “inter vivos” entre hermanos, o entre tíos y sobrinos.

Esta modificación se ha acogido con muy buen agrado, dado que hoy en día es menos raro que fallezca un ciudadano o ciudadana sin hijos, pero con hermanos y sobrinos quienes van a recibir la herencia del fallecido o a quienes desea donar algún bien de su propiedad.

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Cómo tributan en España los beneficios de una empresa extranjera

Cómo tributan los beneficios obtenidos por un residente español en el extranjero
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Cómo tributan en España los beneficios de una empresa extranjera

Tributación de residentes españoles con empresas en el extranjero

Cuando un empresario decide iniciar un negocio en el extranjero, es muy probable que le asalte la duda sobre cómo tributa una empresa fuera de España. Ya sea por el atractivo turístico que genera o por la diferencia fiscal que existe en otros países en comparación con el nuestro, resulta frecuente que un empresario decida abrir un negocio fuera de nuestras fronteras o, de forma alternativa, aumentar su empresa con una nueva sede en el extranjero. Por ejemplo, en América del Sur o en América Central, con los que compartimos idioma y se hace más sencilla la actividad empresarial.

Cada vez es más común que un extranjero se traslade temporalmente a nuestro país para abrir una sede de su negocio principal o incluso para abrir un nuevo negocio, y volver a su país de residencia. O que, por el contrario, un español, residente en España, decida trasladar su negocio a otro país, pero seguir residiendo dentro de nuestras fronteras junto al resto de su familia.

Después de haber conseguido superar todos los trámites necesarios para poner en marcha el negocio, hay que tener claro cómo y dónde van a tributar las rentas o ingresos que obtengamos de esa empresa, puesto que las administraciones tributarias de los diferentes países van a hacer lo posible para que no pasen desapercibidas esas rentas que obtiene un ciudadano residente en su territorio.

Para ello, se han regulado normativamente los conflictos que surgen cuando, por ejemplo, un residente español recibe ingresos de un hotel que creó en Chile y del que es propietario, ya que tanto la administración tributaria española como la administración tributaria chilena van a intentar gravar esas rentas obtenidas. No es extraño pensar que las administraciones tributarias van a buscar los mecanismos posibles para gravar todas las rentas posibles y hacer que las arcas del Estado no paren de aumentar a causa de los impuestos de sus ciudadanos y residentes.

Cómo se gravan los impuestos de empresas en el extranjero

El instrumento para determinar qué país va a grabar esos beneficios queda reflejado en un convenio firmado entre ambos países, el de residencia de la persona física y el de la empresa, y del que va a recibir los ingresos o rentas. La mayoría de los convenios en esta materia siguen un modelo estándar creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que, aunque son similares en algunos términos, varían en algunos puntos concretos.

Para poder conocer con total seguridad dónde tiene que tributar una empresa si dispongo de mi negocio en país extranjero, lo más aconsejable es acudir a un abogado experto en Derecho Fiscal y Tributario que estudie el Convenio concreto con sus particularidades y asegure la mejor solución al empresario en material de Fiscalidad Internacional.

Por ver un supuesto concreto, si una persona vive más de 183 días en territorio español, en principio se considerará residente en España, tenga o no tenga una vivienda permanente en España y tenga o no un núcleo familiar en España. Tras varios viajes a diferentes ciudades de Chile, decide abrir un hotel en una de esas ciudades tras haber realizado un buen estudio de mercado y haber obtenido buenas relaciones profesionales. El negocio será una sociedad residente en el país extranjero, Chile en nuestro supuesto concreto, y la persona física que creó esa sociedad para explotar el negocio será residente en España. Datos que hay que tener muy claros, porque van a determinar dónde tendremos que pagar nuestros impuestos para evitar sanciones tributarias de ambas administraciones tributarias.

Cómo tributan las rentas de un negocio en el extranjero

Las rentas que se obtengan por parte de la entidad residente en Chile, tributarán en ese país sin controversia alguna, mediante un impuesto similar o idéntico al Impuesto de Sociedades de nuestro país, pero cuando ese hotel empiece a dar beneficios, el residente español recibirá unos ingresos considerados como dividendos, y los recibirá en su país de residencia, España. El Convenio de Doble Imposición firmado entre España y Chile, Convenio entre el Reino de España y la República de Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 7 de julio de 2003, es el instrumento que va a determinar qué administración tributaria es la competente para gravar esa renta obtenida por la persona física.

La normativa establece que la renta que obtenga esa persona a consecuencia de los beneficios de la empresa residente en Chile podrá ser gravada en territorio español, pero también puede ser gravada en territorio chileno. Es decir, el Convenio de Doble Imposición de este supuesto concede potestad a ambos países o a ambas administraciones tributarias para gravar esa renta obtenida. Pero con una limitación, y es que la administración tributaria chilena no podrá gravar esa renta obtenida por encima del tipo del 10%, con lo cual el residente español pagaría como máximo un 10% de los ingresos obtenidos como dividendos a la hacienda chilena.

¿Cómo interviene la Hacienda española en los beneficios extranjeros?

Los Convenios de Doble Imposición prevén un mecanismo para evitar que la empresa deba tributar los beneficios obtenidos en ambos países. Algunos utilizan el mecanismo de deducción y otros el mecanismo de exención. En nuestro supuesto concreto, el artículo 22 del CDI entre España y Chile aplica el mecanismo de deducción que consiste en deducir lo abonado a la administración tributaria chilena. Es decir, el residente español podrá deducir de su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas lo que haya abonado en el país extranjero por el impuesto sobre la renta, que recordemos no podrá ser superior al 10% del importe bruto de los dividendos obtenidos.

En el estudio de estos Convenios de Doble Imposición está la clave para una buena estrategia fiscal, y así jugar con la normativa para reducir la carga tributaria o fiscal, siempre dentro de la legalidad. Así, en nuestro supuesto, si quien recibe las rentas procedentes de la sociedad creada y residente en Chile es una entidad residente en España en lugar de una persona física, el límite máximo que podrá gravar la administración tributaria chilena no será del 10% si no del 5%, si se cumplen unos requisitos dispuestos en la normativa.

Si a eso le añadimos la exención prevista en la normativa española en relación a los ingresos que reciba una entidad residente en territorio español en concepto de dividendos procedentes de otra entidad residente en país extranjero, siempre y cuando se cumplan los requisitos estipulados en la ley, resultará que hemos pagado como máximo un 5% de impuestos en total.

La casuística es demasiado amplía y habrá que ver todos los detalles de cada supuesto para poder realizar una buena estrategia fiscal y poder decidir en qué territorio montar ese negocio, puesto que puede resultarnos más beneficioso crearlo en Chile, Brasil, Estados Unidos, o en cualquier otro país extranjero. Por eso, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados siempre recomendamos recurrir a un abogado especialista en Derecho Fiscal y Tributario que conozca las bases y fundamentos de la Fiscalidad Internacional.

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Plazos procesales durante el mes de agosto 2022 | Calendario judicial

Plazos procesales agosto 2022
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Plazos procesales durante el mes de agosto 2022 | Calendario judicial

Llega el mes de agosto y con él, las vacaciones. También para los juzgados, y es que según establece el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales”. Sin embargo, desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados insistimos en la necesidad de agilizar ciertos procedimientos cuando se trate de casos especiales, como puede ser la reclamación de despido de un trabajador que ha perdido su trabajo.

Así, debemos comenzar este artículo diferenciando entre los plazos administrativos y los plazos judiciales, ya que el primer concepto hace referencia a la relación entre el ciudadano y la administración y en el segundo de los casos, a la actividad del juzgado en relación a su agenda de procedimiento, la cual quedará paralizada en agosto salvo en casos de urgencia.

Plazos administrativos durante el mes de agosto

Como hemos dicho anteriormente, los plazos administrativos afectan a esos procedimientos que involucran directamente al ciudadano y a la administración, como puede ocurrir en la reclamación de una multa de tráfico o la presentación de una papeleta de conciliación a un trabajador que ha sido despedido de su trabajo y pretende llegar a un acuerdo antes del juicio.

Por lo general, en los plazos administrativos no son hábiles ni lo sábados, ni los domingos, ni los días festivos, de manera que cuando un ciudadano tenga que realizar cualquier gestión que no requiera la intervención de un juzgado, el mes de agosto será como cualquier otro del año. Aunque para mayor claridad, todos los años se publica un calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para tener en cuenta los plazos.

Por lo general, el mes de agosto no es hábil para la jurisdicción laboral, aunque hay algunas excepciones que recoge el artículo 43 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para las que no se paralizan los plazos durante las vacaciones de verano y que, por tanto, hará seguir trabajando a cualquier abogado especialista en Derecho Laboral:

  • Despidos, tanto disciplinarios, como objetivo, en un ERE…
  • Presentar la papeleta de conciliación tras un despido.
  • Extinción de contrato del trabajador por incumplimiento del empresario.
  • Modificación sustancial de las condiciones de un trabajador en su empleo.
  • Suspensión o reducción de jornada por causas objetivas.
  • Impugnación de altas médicas.
  • Medidas laborales para la protección de la violencia de género.
  • Actos preparatorios de accidentes de tráfico, enfermedades laborales, etc.

Debemos tener en cuenta que, aunque el mes de agosto no será hábil para la presentación de una demanda por despido de un trabajador, sí lo será para presentar la papeleta de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) antes de iniciar un posible juicio.

plazos procesales agosto 2022

El mes de agosto será inhábil en materia de jurisdicción civil, ya que es aquella rama que regula los contratos que no sean laborales, sobre asuntos de familia u otros temas que requieran más urgencia. En este sentido, será el propio juzgado quien determine si la demora del procedimiento puede provocar o no un perjuicio grave para la persona demandante.

Por otro lado, el mes de agosto sí que tendrá en cuenta a la hora de contabilizar los plazos, por lo que el abogado especialista en Derecho Civil tendrá que estar muy atento para que no se le pasen dichos plazos.

El mes de agosto se considerará hábil para la jurisdicción penal mientras se investiga un presunto delito, por lo que durante esos días se podrán celebrar juicios rápidos como, por ejemplo, en casos de positivo en alcohol o drogas mientras se conduce. Para ello, necesitará contactar con un abogado especialista en Derecho Penal en Granada como Emeybe Abogados.

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