Cuándo reclamar la extinción del contrato por incumplimiento del empresario

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Cuándo reclamar la extinción del contrato por incumplimiento del empresario

Cuándo puede un trabajador solicitar la extinción de su contrato

Es posible que hayamos escuchado en algún momento que algún conocido tiene o haya tenido problemas en su trabajo, bien porque se encuentre en una situación insostenible, bien porque sus nóminas no reflejan lo que realmente están desempeñando. Esto último ocurre cuando el empresario paga parte de ese trabajo en B.

Para estos supuestos, el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores regula las posibilidades que tiene el trabajador cuando se encuentra ante una situación de este tipo, los llamados incumplimientos graves de empleador. Medidas que desde el despacho de abogados de Granada Emeybe tratamos de combatir, como con el resto de servicios jurídicos específicos, para evitar que el trabajador quede vulnerable a las decisiones impuestas por el empresario.

¿Puede considerarse baja voluntaria la extinción del contrato?

El mencionado artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores proporciona al empleado el derecho de solicitar la extinción de su contrato laboral si se están dando estos incumplimientos de manera reiterada y grave. En un primer momento se puede pensar que esta solicitud de extinción de contrato es como una baja voluntaria, pero nada más lejos de la realidad.

Esta extinción de contrato del art. 50 ET otorga al trabajador el derecho a reclamar una indemnización por despido improcedente y a la prestación por desempleo si se ha cotizado. Sin embargo, para conseguir estos beneficios hay que pasar por un procedimiento judicial, siendo el Juez quien determine la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario.

En estos casos, como decimos, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, además de tener derecho al paro. Además, si estamos ante una vulneración de derecho fundamental, el trabajador podría solicitar una indemnización adicional al despido improcedente, correspondiente a cubrir los daños y perjuicios ocasionados.

Tipos de incumplimiento grave del empresario

En primer lugar, hay que tener claro que el incumplimiento del empresario que denunciemos debe ser suficientemente grave como para repercutir negativamente en el trabajador, por lo que el Juez debe valorar cada caso para determinar la culpa y gravedad del incumplimiento.

Sin embargo, el art.50 ET establece dos motivos específicos que se consideran un incumplimiento grave del empleador. Por un lado, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que menoscabe la dignidad del trabajador. Por otro, la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

Además, recoge una cláusula adicional que establece que el trabajador podrá extinguir el contrato por “cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario”. Esta última cláusula permite incluir aquí cualquier conducta grave del empresario.

Reclamación por modificación sustancial de las condiciones de trabajo

La legislación laboral, en su art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, recoge el procedimiento a seguir para que el empresario obligado a modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de un trabajador por circunstancias económicas o de organización, pueda hacerlo.

Esta posibilidad viene de la mano de la posibilidad del trabajador de no aceptar dicho cambio en sus condiciones laborales, pudiendo optar por la solicitud de un despido objetivo con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Sin embargo, en ocasiones vemos que los empresarios eluden esas pautas recogidas en la norma laboral y modifican las condiciones de los trabajadores a su antojo y sin seguir el procedimiento del art. 41 ET.

En este caso, si un trabajador ve modificadas sus condiciones laborales de manera sustancial y, además, este cambio le produce un perjuicio específico que menoscabe su dignidad por un comportamiento voluntario, grave y continuado del empresario, podría solicitar la extinción del contrato por el art. 50 ET. Así, accedería a la indemnización de despido improcedente.

Estaríamos en este caso, por ejemplo, si a un trabajador le degradaran en funciones, eliminando responsabilidades y dejándolo en un puesto que no es de su experiencia.

Reclamación por falta de pago o retrasos en el abono del salario

El segundo motivo reflejado en la norma es el impago habitual y grave de los salarios, pudiendo ser esta falta de abono de la nómina o retrasos en la misma. Esto es uno de los motivos recogidos por el art. 50 ET porque, igual que es obligación del trabajador realizar con diligencia su trabajo, el empresario tiene como obligación la de remunerar al trabajador por el trabajo realizado.

Además, se considera incumplimiento grave del empleador y el trabajador puede reclamar su despido improcedente, aunque la empresa tenga una mala situación económica. Esto es así porque si la empresa no tiene solvencia o no puede pagar las nóminas de sus empleados, lo que se debe hacer es despedir de manera objetiva por circunstancias económicas a los trabajadores, no mantenerlos trabajando sin el abono de sus nóminas.

Por ello, la mala situación económica de la empresa no justificará el impago de las nóminas ni impedirá la extinción de la relación laboral por el art. 50 ET. Este incumplimiento en el abono de la nómina puede ser tanto por el impago del salario total o por retrasos en los abonos.

En el primer caso, la falta de pago del empresario debe ser grave y continuado. Así, no basta con el retraso puntual, sino que se exige jurisprudencialmente que el retraso sea de al menos cuatro mensualidades. En el segundo caso se complica establecer la gravedad de la situación, pero igualmente debemos estar ante unos retrasos continuados.

En este supuesto de retrasos en la nómina, la jurisprudencia considera grave el retraso continuado de once mensualidades consecutivas. Así como el retraso de un año en abonar las pagas extraordinarias de dos años y la percepción del salario con retraso de entre quince y veinte días durante varios años.

Otros incumplimientos del empresario que se pueden reclamar

Además, como hemos dicho, el artículo 50 contiene una cláusula que permite incluir cualquier incumplimiento grave del empresario. En este caso, la jurisprudencia ha incluido como incumplimiento grave del empresario el pago continuado de parte del salario en B, dejando de cotizar por esa parte para perjuicio del trabajador. Igualmente, la sobrecarga de trabajo es también entendida como incumplimiento grave del empleador o el incumplimiento de la prevención de riesgos laborales.

Además, el artículo 50 ET puede aplicarse en el caso de que un empresario no quiera reincorporar al trabajador en sus condiciones laborales cuando se ha anulado una modificación sustancial. Pero el caso más común por el que se solicita la extinción del contrato laboral por incumplimiento del empresario es por el acoso laboral o por la falta de ocupación efectiva del puesto de trabajo.

Procedimiento para extinguir la relación laboral

Lo primero que debemos hacer es asesorarnos correctamente con un abogado experto en Derecho Laboral que pueda determinar si nos encontramos en uno de los supuestos contemplados en el art. 50 ET. Una vez identificado el incumplimiento, debemos tener claro que tenemos el plazo de un año para solicitarlo y, en todo caso, la relación laboral debe estar viva en ese momento.

Como hemos dicho, la extinción del contrato de trabajo por el art. 50 ET debe ser realizada por un Juez. Por lo tanto, habrá que interponer previamente una papeleta de Conciliación en el CMAC y, posteriormente, interponer la demanda ante el Juzgado de lo Social competente.

En el caso de que, una vez interpuesta la papeleta de conciliación e incluso la demanda, el trabajador fuera despedido, éste debe impugnar obligatoriamente el despido. Este nuevo procedimiento se acumulará al procedimiento de extinción de contrato en el Juzgado, pronunciándose el Juez primero sobre la extinción y segundo sobre el despido.

Además, es muy importante saber que no se puede abandonar el puesto de trabajo, aunque se haya interpuesto la demanda contra la empresa. Sin embargo, puede ocurrir que en los casos más graves la situación sea insostenible para el trabajador, pudiendo solicitar como medida cautelar la suspensión del contrato de trabajo mientras se resuelve el procedimiento, en virtud del artículo 180.4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, conservando el derecho de abono de la nómina y cotización de seguros sociales.

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Reforma Concursal 2022: cómo afecta a la Ley de Segunda Oportunidad

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Reforma Concursal 2022: cómo afecta a la Ley de Segunda Oportunidad

En la actualidad, es frecuente contar con varios préstamos bancarios en vigor, ya sea para la compra de nuestra vivienda, de un vehículo, o incluso para poder cubrir gastos universitarios. Esto ha ocasionado que, después de las crisis económicas que han sacudido nuestro país desde el 2007, muchas personas hayan tenido que recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad para solucionar sus problemas de impagos por verse superados por esos gastos a los que ya no pueden hacer frente.

Esto ha provocado que los procedimientos judiciales por impago de estos préstamos hayan aumentado exponencialmente, solicitando las entidades bancarias su ejecución y reclamación al consumidor y deudor la devolución de las cantidades prestadas. Un deudor que no ha tenido más opción que recurrir a servicios jurídicos específicos para dar solución a esta problemática.

Cómo ayuda la Ley de Segunda Oportunidad frente a las deudas

Ante esta situación, cada vez más común, se redactó la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que otorgaba la posibilidad a los deudores de gestionar e incluso condonar las deudas que se habían visto incapaces de abonar mensualmente.

Esta Ley se ha visto completada con la nueva Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal que entrará en vigor el próximo 26 de septiembre y que intenta corregir y ampliar las soluciones dadas por la primera. Todo ello llega con la intención de resolver la situación insostenible que para muchos particulares supone el no poder abonar los préstamos a final de mes por el devenir de los problemas económicos, generando deudas e intereses mayores a los ingresos.

La exoneración final de la deuda es el objetivo y el ideal para cualquier persona que se encuentre en esta situación. Sin embargo, no todo el mundo puede acceder a ella, ya que hay que seguir unos pasos y cumplir unos requisitos para reclamar la Ley de Segunda Oportunidad. Así, el deudor debe actuar de buena fe, no ocultar ninguna deuda existente (eso podría conllevar a la perdida de la exoneración de las deudas), y cumplir los requisitos que establece la normativa.

Cómo afecta la reforma concursal a la Ley de Segunda Oportunidad

Con la nueva reforma de la Ley concursal se prevé un procedimiento especial y más eficaz para los deudores, intentando que el procedimiento ya recogido en la Ley de la Segunda Oportunidad se agilice y sea menos costoso, tanto para particulares como para empresas. Esta reforma, además, hace que se planteen dos caminos a seguir a la hora de solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho.

La primera opción, contenida en la Ley de Segunda Oportunidad, es proceder a la liquidación de la masa activa y la posterior exoneración de la deuda por conclusión del concurso o por resultar insuficiente esa masa activa para satisfacer los créditos existentes. Pero esta reforma de la Ley concursal abre una segunda puerta que plantea la posibilidad de no liquidar la masa activa, sino que promueve un plan de pagos para intentar satisfacer las deudas del solicitante.

Esto supone asimilar nuestra legislación a las legislaciones norteamericana, francesa o finlandesa, países en los que una persona física puede obtener una exoneración de sus deudas después de un plan de pago manteniendo sus bienes. Es decir, sin que haya una liquidación de la masa activa del deudor. Así, esta reforma contempla el acceso a la exoneración de las deudas sin tener que liquidar previamente el patrimonio, como sí hacía la Ley de Segunda Oportunidad, ofreciendo al deudor la posibilidad de mantener su vivienda habitual si se cumplen unas condiciones concretas.

Además, en el caso de que el deudor sea autónomo o PYME y, a la hora de tramitar el procedimiento tenga su negocio en activo, se le abre la posibilidad de que siga ejerciendo su actividad profesional, cosa que no era contemplada en la Ley de Segunda Oportunidad.

En la primera opción dada por la Ley de Segunda Oportunidad, la exoneración del pasivo existente procedía cuando había finalizado la fase de liquidación de la masa activa o había resultado insuficiente esa masa para cubrir todas las deudas existentes.

Pero la gran novedad en esta reforma de la Ley Concursal es la posibilidad de fijar un plan de pagos manteniendo a salvo determinados bienes propiedad del deudor, como la vivienda familiar. Ese plan de pagos tiene una duración de tres años que en algunos supuestos se puede ampliar a cinco años cuando se reúnan los requisitos previstos en la nueva Ley Concursal. Durante ese plazo, los créditos que puedan ser exonerados posteriormente no devengan intereses mientras se cumplan los pagos acordados, lo que supone un alivio para los deudores que continuaban sumando intereses.

Qué garantías hay de que se exonere la deuda con la Ley de Segunda Oportunidad

Conseguir o no la exoneración final de la deuda depende de un buen asesoramiento profesional. Por eso, recomendamos acudir a un abogado experto en la Ley de Segunda Oportunidad que pueda orientar al deudor sobre qué y cómo hacer para conseguir ese resultado final tan deseado, como hacemos en el despacho de abogados de Granada Emeybe. Así, se podría perder esta exoneración si se deja de cumplir el plan de pagos acordado o no destina todos sus ingresos al abono de las deudas, porque se podría entender que no se estaría obrando de buena fe.

Qué deudas no podrá perdonar la Ley de Segunda Oportunidad

Puede pensarse que todas las deudas podrían computar en un procedimiento de Segunda Oportunidad, Sin embargo, existen determinadas deudas que, por su carácter o causa, no pueden ser tenidas en cuenta en este procedimiento.

Así, la Ley de Segunda Oportunidad no permite que se incluya como parte del pasivo las deudas que sean consecuencia de una multa por un procedimiento penal, por sanciones administrativas muy graves. Tampoco las deudas derivadas de las pensiones de alimentos en procedimientos de familia, así como las deudas procedentes de una responsabilidad civil extracontractual.

Igualmente, pueden surgir dudas sobre si una deuda contraída por un matrimonio en régimen de gananciales puede exonerarse completamente si uno de los cónyuges accede al procedimiento de Segunda Oportunidad. En este caso, la reforma de la Ley Concursal es clara en su artículo 491, estableciendo que la exoneración de la deuda se hace de manera personal, por lo que, si la deuda corresponde a cada cónyuge al 50%, solo se exonerará el 50% del cónyuge al que se le ha aplicado la Ley de Segunda Oportunidad.

Por otro lado, si existe un avalista del préstamo, se complicaría la exoneración de la deuda que se solicita a través del mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad. Esto ocurre porque la entidad bancaria le podría solicitar el abono de la deuda a este tercero, no pudiendo alegarse insolvencia por el deudor principal si este avalista tiene bienes que cubran el crédito. Por lo tanto, para poder acceder al procedimiento de Segunda Oportunidad y conseguir el objetivo de la exoneración total de la deuda, se debe procurar un buen asesoramiento de un abogado experto en Ley de Segunda Oportunidad.

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Cómo reclamar indemnización por accidente en la vía pública

Reclamar indemnización por accidente en la vía pública
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Cómo reclamar indemnización por accidente en la vía pública

Parece evidente a quién hay que reclamar la responsabilidad cuando se produce el despido de un trabajador en una empresa o cuando queremos solicitar la devolución de la cláusula suelo de la hipoteca al banco con el que la firmamos. Sin embargo, no es tan sencillo predecir sobre quién recae la responsabilidad cuando se produce un accidente en un espacio público.

En este artículo vamos a explicar los diferentes supuestos en los que los ciudadanos pueden iniciar un proceso de reclamación por daños en la vía pública u otros espacios sin restricciones de acceso, como la playa, además de quiénes son los responsables y los pasos para reclamar. Y es que, si bien los ayuntamientos son, a priori, los principales responsables de los accidentes producidos en la vía pública, también puede darse el caso de que la responsabilidad recaiga sobre otra empresa que cuente con la concesión y un espacio público determinado.

Reclamar indemnización por accidente o caída en la vía pública

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, los ayuntamientos tienen el deber de mantener los espacios públicos en un óptimo estado de conservación. Así, cualquier accidente que se produzca en la vía pública tendrá consecuencias jurídicas y económicas sobre la Administración, previo estudio de las lesiones que haya sufrido la persona accidentada.

La normativa vigente especifica que la indemnización por caída o accidente en la vía pública será proporcional al tipo de lesión que haya sufrido la persona y a las consecuencias materiales que haya podido ocasionar dicha caída, como puede ser la rotura de un dispositivo. Así, para reclamar una indemnización por un accidente en la vía pública, debemos:

Llamar a la policía. En ese primer momento, la policía realizará el atestado del accidente y hará fotos de todo lo sucedido para aportar más adelante el informe de daños.

Buscar testigos. Es importante que las pruebas vayan acompañadas del testimonio de otras personas presentes en el lugar del accidente por si se produce un juicio.

Dirigirse al hospital. En este punto, se evaluarán las lesiones y el alcance de las mismas, lo cual servirá para reclamar una indemnización por daños en la vía pública con el parte médico.

Debemos destacar que durante todo este proceso es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especialista en Derecho Civil, como ocurre en el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados, donde además ofrecemos ayuda con cualquier servicio jurídico específico. Nunca se sabe si la reclamación a la administración tendrá un final rápido o se demorará con la celebración de un juicio, por lo que siempre es aconsejable tener a un profesional del derecho al lado para garantizar el mejor resultado.

Reclamar indemnización por accidente o caída en la playa

Aunque la playa también es considerada un espacio público y, por tanto, competencia de los ayuntamientos, cabe la posibilidad de que haya espacios otorgados a empresas por medio de una concesión y que sea esa compañía quien responda por los daños ocurridos en la playa.

Es el caso de una menor de 3 años que se cortó con un vidrio en la playa mientras jugaba y a la que indemnizaron con cerca de 41.000 euros después de demostrar en un juicio que el cristal con el que había tenido el accidente provenía de un kiosco situado en la playa. En este caso, los padres pusieron una reclamación de responsabilidad al ayuntamiento y demandaron como responsables subsidiarios a los dueños del kiosco. Éstos finalmente fueron condenados a pagar la indemnización y las costas del procedimiento por tener una concesión del ayuntamiento que, entre otras cosas, les obligaba a tener limpia la playa.

Como hemos dicho anteriormente, cada caso es muy particular y por eso desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados aconsejamos poner este tipo de casos en manos de un abogado especialista en Derecho Civil que garantice el mejor resultado para el accidentado.

Pasos y plazos para reclamar indemnización por accidente en la vía pública

Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que el lugar donde hemos sufrido el accidente pertenece al ayuntamiento, a otro organismo de la Administración Pública o es competencia de una tercera empresa, ya que en este caso deberemos seguir otro procedimiento.

Una vez tengamos esa información, es preciso tener en nuestro poder el atestado de la policía y el parte de lesiones realizado en el hospital. Con estos documentos, nuestro abogado especialista en Derecho Civil presentará una instancia en el ayuntamiento, que a su vez lo derivará al Registro de Reclamaciones Patrimoniales.

El plazo para reclamar una indemnización por un accidente o caída en la vía pública es de 1 año a partir del percance, aunque este período quedará interrumpido si ponemos en conocimiento del ayuntamiento la intención de reclamar. En ese caso, el plazo empezará a contar desde ahí.

El ayuntamiento, por su parte, tendrá un plazo máximo de 6 meses para responder a la reclamación de daños y en el caso de que no lo haga, se entenderá que está desestimada por silencio administrativo. En este caso, la persona que ha sufrido el accidente o caída en la vía pública tendrá que intentar reclamar la indemnización por la vía judicial, presentando un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

¿Cuál es el importe de la indemnización por daños en la vía pública?

El cálculo de la indemnización cuando se inicia una reclamación por daños en la vía pública puede variar en función del estado de la misma, así como del alcance de la lesión. Además, se utiliza un baremo para determinar el dinero que puede recibir una persona que ha tenido un accidente en la vía pública, que mide el tipo de perjuicio y la gravedad de las lesiones.

En el primero de los casos, se determinará el perjuicio personal provocado desde el momento de la caída hasta la recuperación definitiva, que será indemnizado con 31,05 euros al día. Por su parte, según la gravedad de las lesiones, la persona accidentada recibirá 53,81 diario si son moderadas, 77,61 euros diarios si son graves y 103,48 euros diarios si son muy graves.

Principales causas que provocan accidentes en la vía pública

Para iniciar un proceso de demanda contra un organismo público por un accidente o caída en la calle, éste debe estar muy bien justificado. Así, para que prospere la reclamación de una indemnización por un accidente o caída en la vía pública el demandante debe acreditar que el estado de la misma no se encontraba en óptimas condiciones.

Los principales motivos que provocan la reclamación de indemnizaciones son:

  • Baldosas o partes del pavimiento mal instaladas.
  • Grietas en la acera o la carretera.
  • Desperfectos en las áreas de recreación infantiles.
  • Desprendimiento de la tapa del alcantarillado.
  • Caída de señales u otros elementos instalados en la vía pública.

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Drones en España: un ‘juego’ que puede salir caro si no conoces la normativa

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Drones en España: un ‘juego’ que puede salir caro si no conoces la normativa

Volar drones en España se ha convertido en una práctica cada vez más habitual entre la población, tanto que incluso algunas empresas sopesan la opción de incluirlos como herramienta de trabajo. No obstante, la mayoría de quienes poseen un dron en nuestro país desconoce la normativa que los rodea y la dureza con la que la justicia puede actuar en caso de hacer uso ilícito de estos aparatos, lo que puede llevar a necesitar la ayuda de abogados especialistas Derecho Civil.

Como el tamaño de nuestro dron, las multas por usarlo de forma incorrecta pueden ser más o menos grandes dependiendo de la infracción. De hecho, su volumen es uno de los aspectos a tener en cuenta antes de abandonar la superficie, como muchos otros que te explicamos.

Legislación en España: esto es lo que dice la justicia de los drones

Lo primero que deben conocer los aficionados o pilotos de drones es que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es el organismo que regular el uso de estos aparatos en nuestro país, además de velar por la seguridad de navegación y transporte aéreo. Con respecto a la Normativa de drones en España, actualmente se aplican los Reglamentos Europeos RE 2019/947 y RD 2019/945. Además, el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, que modifica el RD 552/2014, de 27 de junio, seguirá vigente hasta inicios de 2022.

Durante este año, se espera la publicación de un nuevo Real Decreto que regule el vuelo de drones en España y actualice la normativa vigente con respecto al reglamento europeo.

Lo que se puede y no se puede hacer con un dron

Son muchos los factores que determinan el uso de drones en un lugar u otro de la ciudad, a pesar de que la nueva normativa de drones en España ha eliminado la distinción entre piloto profesional y amateur. Sin embargo, aunque la acreditación de una licencia sea obligada para todos ellos, los últimos solo deberán demostrar tener las nociones básicas necesarias.

Dicho esto, existe una lista de limitaciones a la hora de volar un dron en España:

  • Volar de día y en condiciones meteorológicas favorables.
  • Dar prioridad a otras categorías de aeronaves salvo que el peso sea inferior a 2 kg.
  • Volar el dron siempre dentro del alcance visual del piloto.
  • Nunca volar el dron por encima de 120 metros de altura sobre el terreno.
  • Mantener siempre una distancia adecuada a obstáculos.
  • No poner en riesgo seguridad de personas o bienes materiales
  • En caso de difusión de imágenes de personas o espacios privados, cumplir la regulación de Protección de Datos, Ley De Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y necesitarás tener autorización sobre las personas.

No solo bastará con cumplir estas normas, y es que la zona donde se vuela un dron también es de gran importancia. Así, se deben seguir las siguientes recomendaciones:

  • Fuera del espacio aéreo controlado.
  • A más de 8 kilómetros de cualquier aeropuerto o aeródromo.
  • A más de ocho kilómetros de ejes de pistas de aeropuertos.
  • Sin sobrevolar aglomeraciones de edificios ni reuniones.
  • Lejos de obstáculos y sin poner en riesgo la seguridad de nadie.
  • Lugares en los que se otorgue prioridad a otras aeronaves.
  • Dentro del alcance visual.
  • Hasta a 120 metros de altura sobre el terreno

¿A qué sanciones te enfrentas por volar un dron en España?

Aunque en muchas ocasiones lo parezca, volar un dron no es un juego que pueda hacer a su dueño salir indemne ante un uso incorrecto. Tanto es así que la justicia golpea duramente contras aquellas personas que no respeten las normas.

Si lo que te interesa es conocer la sanción económica a la que puedes enfrentarte por volar un dron en España, debes saber que los castigos pueden ir desde los 60 hasta los 255.000 euros. Esto dependerá de cómo de grave sea la situación, es decir, desde no contar con la licencia exigida por la Nueva Normativa Europea de Drones hasta volar en lugares restringidos.

Una de las prácticas más perseguidas es la del vuelo de drones cerca de aeropuertos o aeródromos. Otro de los casos más frecuentes es el uso de personas sin su consentimiento, violando su Derecho a la Intimidad y la correspondiente Ley de Protección de Datos. En cualquier caso, el infractor se puede enfrentar a importantes multas que le harán necesitar el asesoramiento de un equipo de expertos como los que contamos en el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados.

Cómo hacer una denuncia ante una actividad ilegal

No solo la policía puede denunciar el uso ilícito de drones en nuestro país, y es que, como ocurre con muchas otras actividades, cualquier persona puede emitir una denuncia al respecto. Tú mismo puedes dirigirte a las autoridades competentes para ponerles en conocimiento de las irregularidades presenciales. Para ello, debes dirigirte a los canales especializados:

  • De forma telemática a través en la sede electrónica de AESA.
  • En el Registro General de AESA, acudiendo a la dirección postal : C/ General Perón, 40 (Madrid).
  • En alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • Ante las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, que lo pondrán en conocimiento de AESA.

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