Responsabilidad de un peatón en un accidente de tráfico

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Responsabilidad de un peatón en un accidente de tráfico

¿Puede un peatón tener responsabilidad en su propio atropello?

Podemos pensar erróneamente que el hecho de circular como peatón nos exime de toda culpabilidad cuando hay algún accidente en el que nos hemos visto implicados. Pero la realidad es que el simple hecho de ser un peatón y haber sido atropellado o golpeado por un vehículo a motor, ya sea un coche o una moto, no conlleva que toda la culpa sea del vehículo y al peatón herido no se le impute nada de responsabilidad o culpa.

Cómo determinar la culpa del peatón en un accidente de tráfico

Son muchos los factores que influyen en un atropello a un peatón. Entre ellos están la visibilidad de la vía, si había un día soleado o de lluvia y oscuro, si se trata de un tramo recto o con curvas, si había o no paso de cebra, la velocidad límite del tramo en concreto, o incluso la actitud del peatón a la hora de cruzar la calzada.

Multitud de sentencias en nuestro país consideran aplicar una concurrencia de culpas entre el conductor del vehículo y el peatón atropellado, siempre dependiendo de las circunstancias del siniestro en concreto.

Esto depende de la actuación del peatón más que del vehículo, ya que si un peatón cruza la calzada dentro de la ciudad por un paso de peatones sin semáforo, su responsabilidad es más limitada, aunque no nula, pues el paso de cebra no implica que el peatón pueda cruzar corriendo o sin mirar. Pero es evidente que si el peatón cruza la calzada unos metros antes por una zona en la que no hay paso de cebra, la responsabilidad de este es mayor.

En este segundo caso, si el peatón resultase herido a causa de un golpe con un coche, cuando se vea en la situación de reclamar una indemnización a la compañía aseguradora del vehículo que le golpeó, deberá tener en cuenta que muy posiblemente se le bajará la cuantía de lo que le pudiera corresponder de indemnización ya que no cruzó por el sitio indicado para ello.

Pero en este mismo caso, si resulta que la vía está limitada a 50 kilómetros por hora y el vehículo iba a una velocidad muy superior en el momento en que se encuentra con un peatón cruzando la calzada a uno 100 metros de distancia, podría acreditarse que si hubiese ido a la velocidad correcta hubiese evitado el atropello con toda seguridad. En tal caso no existiría culpa de la víctima a pesar de haber cruzado la calzada por un lugar no habilitado para ello.

Como en todo accidente de tráfico lo importante será en las pruebas y un buen asesoramiento por abogados expertos en derecho civil. Aunque la ley establece la existencia de una responsabilidad civil derivada del riesgo que genera la conducción de vehículos a motor, no por ello será imposible aplicar parte de esa responsabilidad al peatón negligente.

Qué indemnización puede recibir un peatón que ha sido atropellado

Partiendo del hecho de que se haya establecido una responsabilidad exclusiva del vehículo a motor o por el contrario una concurrencia de culpas entre el conductor de ese vehículo y el peatón atropellado, se llegará a una cuantía indemnizatoria diferente.

No hay que olvidar que existirá un seguro obligatorio de responsabilidad civil por parte del vehículo que habrá de hacerse cargo de la indemnización y que, en caso de no existir ese seguro a pesar de ser obligatorio en nuestro país, se puede dirigir esa reclamación frente al Consorcio de Compensación de Seguros.

Tras una valoración económica de las lesiones sufridas y la reclamación correspondiente a la compañía aseguradora del vehículo implicado, habiéndose determinado que no ha existido culpa alguna por parte del peatón, le corresponderá el total de la indemnización.

¿Y si es el peatón el culpable del accidente?

Pero ¿qué pasa si se ha determinado que hay culpa de la víctima peatón? Será entonces cuando corresponderá a disminuir la cuantía de la indemnización. Esa disminución se hará en base al porcentaje de concurrencia de culpas.

En estos casos resulta difícil llegar a un acuerdo entre la compañía de seguros y el perjudicado lesionado respecto al porcentaje de responsabilidad a aplicar a cada una de las partes implicadas en el siniestro, por lo que en la mayoría de casos se debe interponer una demanda con la correspondiente tramitación en el Juzgado del procedimiento. Aquí, será el juez finalmente quien decida en sentencia qué porcentaje de culpa aplicar al conductor del vehículo y al peatón lesionado.

Como indicamos desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados, un dato importante para tener en cuenta en estos casos es que la propia Ley de Responsabilidad Civil limita esa reducción en la indemnización. Aunque exista concurrencia de culpas entre peatón y vehículo, la víctima nunca podrá ver reducida su indemnización más de un 75%. Es decir, que si un peatón que ha sido atropellado y, por ello, ha resultado lesionado con una valoración económica de esas lesiones en 50.000 euros, por ejemplo, cómo mínimo recibirá una indemnización de 12.500 euros.

Qué dice la Justicia sobre la concurrencia de culpas

Los tribunales españoles tienen en cuenta en principio dos factores importantes. Por un lado, la obligación legal que tiene el conductor de un vehículo de adoptar las precauciones necesarias para su seguridad y la de los demás usuarios de la vía. Por otro, la posible conducta negligente del peatón.

Existen numerosas sentencias en las que a pesar de esa obligación del conductor a adecuar su conducción y su velocidad a las circunstancias de la vía y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse, si resulta probado que la víctima atropellada y lesionada cruzó intempestivamente y de manera negligente, aplican concurrencia de culpas en algunos casos hasta el 70% para ese peatón.

Así, como existen también sentencias, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, donde, aunque se haya probado culpa de la víctima, si esa negligencia o culpa no ha sido la causa exclusiva del accidente, carecerá de eficacia para eximir de responsabilidad al conductor.

Como se percibe claramente de las decisiones de los tribunales en esta materia, habrá que probar la negligencia del peatón, pero no sólo eso, sino que además habrá que probar que esa negligencia ha contribuido directamente a la producción del siniestro y en consecuencia a las lesiones sufridas.

Dependerá de la prueba de la negligencia del peatón el porcentaje a aplicar de concurrencia de culpas. Por ello, en asuntos tan delicados como es el atropello a un peatón, se aconseja acudir a un despacho de abogados especializados en accidentes de tráfico que pueda guiar todo el procedimiento de manera que se llegue a un resultado lo más favorable posible para el lesionado peatón.

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Normativa para ciclistas: ¿A qué multas se enfrentan en la ciudad?

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Normativa para ciclistas: ¿A qué multas se enfrentan en la ciudad?

Normativa de circulación para ciclistas

Toda persona que usa como medio de transporte la bicicleta dentro de la ciudad debe tener en cuenta que existen normas de obligado cumplimiento no solo para vehículos a motor, sino también para los ciclistas. Así, no se debe circular libremente por la ciudad, pasando de la acera a la calzada, eludiendo el carril bici, atravesando un parque libremente o cruzar un paso de cebra montado en la bicicleta.

En la reforma de la Ley de Tráfico del año 2021 se incluyó la modificación del objeto de dicha ley. Así, antes esta legislación iba destinada únicamente a los vehículos de motor, pero ahora abarca también a bicicletas o patinetes.

Como novedades para los ciclistas, aunque se les sigue permitiendo circular en grupo siempre que se tenga una especial atención a la conducción, ya no es obligatorio ir en línea, uno detrás de otro.

También se mantiene la obligatoriedad de llevar el casco de protección en vías urbanas, interurbanas y travesías, salvo que se fije alguna excepción mediante una norma reglamentaria. No llevar esta protección puede conllevar una multa de hasta cien euros.

¿Por dónde puede circular una bicicleta?

La Ley de Tráfico prohíbe a los ciclistas circular por autopistas y autovías, como es lógico, pero sí se les permite circular por los arcenes de las autovías, siempre que no esté prohibido expresamente mediante las señales de la propia vía.

Pero ¿y dentro de la ciudad?, pues en la nueva reforma se estableció que las bicicletas no podrán circular por las aceras. Por lo tanto, desde marzo del 2022 un ciclista no puede circular por las aceras, salvo que existan excepciones concretas que se determinen por una norma específica.

Esto tiene la excepción de la existencia de un carril-bici o arcén autorizado para uso exclusivo de bicicletas, en estos casos el ciclista podrá evitar la circulación por la calzada y circular por el carril-bici.

Esta prohibición puede resultar un problema para los jóvenes, incluso los menores de edad que vayan circulando con su bicicleta, ya que no tiene permitido circular por la acera y debe infiltrarse dentro de la circulación de una ciudad en la que los vehículos a motor todavía no han interiorizado en su manera de conducir, la concurrencia con otros medios de transporte más desprotegidos como es la bicicleta. Sobre todo, cuando las ciudades no están bien acondicionadas con carriles para bicicletas adecuados, o incluso cuando ni siquiera existe un carril-bici.

Nuevas infracciones para los ciclistas en 2023

Ya se consideraba como infracción leve el hecho de circular en bicicleta sin el alumbrado reglamentario y sin usar los elementos reflectantes obligatorios. Ahora, además, se ha añadido una infracción leve consistente en el incumplimiento de la Ley de Tráfico, especialmente hacia los conductores de bicicletas.

Es decir, los ciclistas deben cumplir especialmente las normas contenidas en la Ley de Tráfico, ya que, en caso de incumplir, por ejemplo, el circular por acera sin carril-bici en lugar de por la calzada, se puede considerar una infracción leve.

Como adelantamos desde el despacho de abogados de Granada Emeye Abogados, esa infracción leve conlleva una multa de hasta cien euros a día de hoy. Así que, un agente de la autoridad, ya sea policía local en el caso de las poblaciones o de circulación en vías urbanas, puede multar perfectamente a un ciclista que circula por la acera.

Excepciones a conductas infractoras de ciclistas

La obligación para los ciclistas de llevar el casco de protección en vías interurbanas, es decir, en el trayecto de un municipio a otro, por ejemplo, o del pueblo de la periferia hacía la ciudad donde se encuentra el lugar de trabajo, tiene alguna excepción como es el supuesto en el que esté previsto por razones médicas del ciclista, o se trate de “rampa ascendente prolongada”.

Control de alcoholemia a ciclistas

La normativa española, en concreto el Reglamento General de la Circulación especifica que los conductores de bicicletas están obligados a someterse a pruebas de alcoholemia, y en caso de superar la tasa de alcohol en aire o en sangre prevista en la norma, conllevará la imposición de una sanción al igual que ocurre con cualquier conductor de un vehículo a motor.

¿Puedo aparcar la bicicleta en cualquier lugar?

Puede que sea algo desconocido para los usuarios de bicicletas, pero el hecho de que una bicicleta abandonada o amarrada de manera dificulte la circulación tanto de vehículos como de personas, o incluso si está dañando el mobiliario urbano, da potestad al ayuntamiento del municipio para retirar esa bicicleta y llevarla al depósito municipal.

Responsabilidad de ciclistas en siniestros de tráfico

Nuestro Tribunal Supremo lo tiene bastante claro: hay que proteger a los más desprotegidos como los peatones o conductores de bicicleta, pero hay que atender al caso concreto para determinar si pueden tener algo de responsabilidad a pesar de haber sido la víctima lesionada en el siniestro.

Por los tribunales se entiende que si el ciclista no asume el riesgo que supone incorporarse a la circulación, no evita un posible siniestro y se puede demostrar la negligencia del ciclista, habrá responsabilidad tanto del vehículo que colisiona con la bicicleta como del ciclista que conduce esa bicicleta.

Puede darse el caso de que se estime una concurrencia de culpas en un 50% o dependiendo de las circunstancias del siniestro, que se aplique un 60% de responsabilidad al conductor del vehículo a motor y un 40% de responsabilidad al conductor de la bicicleta.

Esa concurrencia de culpas conlleva a que la indemnización que pueda corresponder al ciclista lesionado se vea reducida en ese 40%. Por ello, siempre es recomendable acudir a abogados expertos en accidentes cuando uno se ve inmerso en un conflicto similar, porque como en todo proceso judicial o extrajudicial, dependerá de las pruebas que se aporten, de cómo se defiendan los intereses del lesionado, el resultado final y la apreciación de un porcentaje más alto o más bajo de responsabilidad por parte del ciclista afectado.

Y sin olvidar que la mejor manera de evitar un siniestro y las consecuencias posteriores es conocer la norma, y saber qué puedo hacer y qué tengo prohibido si voy a circular en bicicleta, ya sea dentro de la ciudad como en las vías interurbanas donde suelen ocurrir la mayoría de estos aparatosos accidentes.

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¿Qué es la servidumbre de paso? Todo lo que debes saber

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¿Qué es la servidumbre de paso? Todo lo que debes saber

Qué es una servidumbre de paso

En el despacho de Abogados de Granada Emeybe Abogados solemos encontrarnos problemas entre vecinos respecto a las fincas urbanas y rústicas, alegando determinados derechos sobre las fincas colindantes. El problema más llamativo es el relativo a las servidumbres de paso, que es un derecho real por el cual se limita el derecho del propietario de una finca en beneficio de otra finca colindante, que adquiere la autoridad de entrar o salir por la primera.

La servidumbre de paso está regulada entre los artículos 564 y 570 del Código Civil. Así, el artículo 564 del Código Civil establece que “El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización”.

La finca que ve mermado su derecho de propiedad se le llama predio sirviente, mientras que la que adquiere el derecho de usar la propiedad del vecino como acceso a su propiedad se le llama predio dominante.

Normalmente, este tipo de servidumbres de paso ocurre en fincas rústicas que se encuentran rodeadas de otros terrenos y que no tienen acceso o salida a la vía pública. Esto hace que, necesariamente, tengan que pasar por la propiedad de la finca colindante para llegar al camino público, teniendo, por tanto, la finca “encerrada” un derecho de paso sobre esta segunda finca.

Así, el tamaño de esta servidumbre de paso dependerá de la necesidad del predio dominante. Pero esto también puede ocurrir en las fincas urbanas, aunque es menos conflictivo en este caso, como por ejemplo cuando vemos tuberías o cables pasar por propiedades privadas. En ese caso, la servidumbre de paso es a favor de la empresa instaladora y el propietario de la vivienda es el predio sirviente.

Requisitos para constituir una servidumbre de paso

Los requisitos para la constitución de una servidumbre de paso emanan de la propia redacción del artículo 564 del Código Civil antes señalado, y estos son:

  1. Que exista una finca enclavada entre otras
  2. Que esta finca no tenga acceso directo a un camino público
  3. Que la servidumbre de paso no provoque daño a la finca sirviente
  4. Que la servidumbre de paso se trace de manera óptima buscando invadir la menor distancia posible de la finca sirviente
  5. Buscar el trazado más cómodo para la servidumbre

Cómo se constituye una servidumbre de paso

La servidumbre de paso se puede constituir tanto a favor de un inmueble o finca o a favor de una o varias personas, siempre que el propietario de la servidumbre acceda a ello y dicha servidumbre no contravenga la legislación.

El Código Civil establece dos vías para crear una servidumbre, recogidas en los artículos 537 a 542 y pueden ser por reconocimiento legal o por prescripción. En la primera de ellas, por reconocimiento legal, puede ser voluntario o procesal.

Si el propietario del predio sirviente no tiene inconveniente en fijar dicha servidumbre de paso, accederá a ella de manera voluntaria a partir de un contrato que puede fijar un precio, una indemnización o ser de manera gratuita. Sin embargo, si el propietario del predio dominante no llega a un acuerdo con el propietario del predio sirviente en las condiciones de dicha servidumbre de paso, podrá solicitar judicialmente dicho reconocimiento presentando una demanda de constitución del paso de servidumbre.

Si esto ocurre, la Sentencia determinará qué indemnización le corresponderá al propietario que ve ocupado su terreno como consecuencia del derecho de paso, realizando una acción confesoria de servidumbre.

Si estás en esta situación, lo ideal es ponerse en manos de abogados expertos en derecho civil para poder determinar si se cumplen los requisitos para constituir legalmente dicha servidumbre y solicitarlo en caso de no existir acuerdo con el predio sirviente.

La otra vía para constituir una servidumbre es la prescripción adquisitiva o usucapión. Para adquirir así una servidumbre, deben transcurrir 20 años en los cuales el predio dominante se ha venido sirviendo de la servidumbre de paso de manera continuada, adquiriendo entonces dicho derecho. Estos 20 años comienzan a contar desde el día en el que se empieza a ejercer dicha servidumbre y para constatar si existe tal servidumbre debemos acudir al Registro de la Propiedad.

¿Se puede eliminar una servidumbre de paso?

Sí, la servidumbre de paso puede eliminarse o extinguirse si se cumplen uno o varios de los requisitos establecidos en el artículo 546 del Código Civil. Así, se eliminará la servidumbre de paso en el caso de que el propietario del predio dominante y el sirviente pasen a ser la misma persona, unificándose la propiedad de ambas fincas.

Igualmente se extinguirá la servidumbre de paso si no se ha utilizado por un tiempo igual o superior a 20 años o ha quedado impedido su uso por el estado de la finca.

Además, también puede cancelarse por acuerdo entre el propietario del predio dominante y el propietario del predio sirviente. Esta situación deberá recogerse por escrito para evitar problemas futuros entre ambas parcelas colindantes.

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Reclamación de desperfectos a vecinos por humedades en la vivienda

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Reclamación de desperfectos a vecinos por humedades en la vivienda

Daños en las viviendas por lluvias y filtraciones

No es nada raro que las lluvias torrenciales que se suelen dar en los meses de invierno tengan como consecuencia ciertos daños o desperfectos en algunas viviendas provocados por filtraciones, humedades y otros perjuicios causados a las viviendas colindantes.

Cuando esto ocurre, empiezan los problemas entre vecinos, ya que habrá que comprobar desde qué vivienda proviene la filtración del agua para determinar quién es el responsable de su reparación. Tanto si la vivienda que está causando los daños es nuestra como si lo es el inmueble que está sufriendo ese daño, es una situación que viene de improviso y que hay que solucionar lo más rápido posible para evitar males mayores.

Qué hacer cuando aparece una humedad en el techo o pared

Todo empieza con la llamada del vecino comunicando que tiene manchas de humedad en su techo o pared, o incluso alguna gotera en el techo. Si se da parte al seguro que se tenga contratado sobre la vivienda, se pueden agilizar los trámites y la reparación.

Sin embargo, si el seguro no se hace cargo, o si la compañía de seguros dice que el daño no es causado por la vivienda objeto de la cobertura de la póliza de seguro, es ahí donde comienza una lucha por atribuir la culpabilidad o responsabilidad a una de las viviendas y, en consecuencia, a una de las compañías de seguros o al propietario de la vivienda.

Esa responsabilidad se denomina responsabilidad extracontractual, por lo que para que pueda exigirse ha de existir una acción u omisión imprudente por parte del demandado causando daño a otro, como indica nuestro Código Civil en su artículo 1902 en relación con las obligaciones que nacen de la culpa o negligencia.

Cómo acreditar que el daño en la vivienda procede del vecino

Como en casi cualquier materia en nuestro Derecho, la mejor manera de defenderse en un asunto como éste es obtener una prueba fehaciente, una prueba que pueda acreditar sin lugar a dudas el daño causado y su origen.

Esa prueba se suele conseguir acudiendo a la realización de un informe pericial, por arquitecto, aparejador, un especialista en la materia, que inspecciona el lugar donde se encuentran los daños y la posible procedencia.

Si por ambas partes, propietario de la vivienda que sufre los daños y el propietario de la vivienda que los ha causado, asumen y aceptan la responsabilidad del causante del perjuicio, el propietario de la vivienda responsable abona el coste de la reparación tanto de su inmueble como del vecino afectado, y no hay conflicto alguno.

¿Y si nadie se hace responsable de la reparación del daño?

Pero no siempre es tan pacífica una situación similar. En muchas ocasiones puede ocurrir que el vecino del piso debajo de nuestra vivienda nos avisa de unas humedades o daños en sus paredes, asegurando que la causa procede de nuestra vivienda, que algo debe haber defectuoso o dañado en nuestro inmueble y es lo que está causando esas humedades, pero nuestro seguro y el perito correspondiente derivan la responsabilidad a otra vivienda o al propio vecino afectado, llevando así este conflicto a un procedimiento judicial.

Cuando estos asuntos llegan al Juzgado, la mayoría de conflictos se centran en convencer al juez de que los daños vienen o no vienen causados por la vivienda del vecino demandado.

La única manera de probar esa relación entre el perjuicio y la filtración de agua o rotura de tubería de la vivienda causante, es a través de informes periciales realizados por expertos. Para ello, siempre es aconsejable acudir a un despacho de abogados especializado en reclamaciones civiles en esta materia que pueda guiar al cliente de la mejor manera y con mayor probabilidad de éxito en el procedimiento judicial.

Qué dice la Justicia española sobre las reclamaciones por humedades

Cuando existe un daño evidente y visible, no se suele discutir su existencia, pero sí el origen de ese daño. La mayoría de nuestros tribunales tienen en cuenta como prueba principal esos informes periciales y pueden entender que el documento de la parte demandante es el más verídico y claro en cuanto a la procedencia del perjuicio.

También pueden entender desde el informe aportado por la parte demandada que el propietario de la vivienda que tenía filtraciones o alguna rotura y causaba humedades en el vecino colindante, es más claro y es posible que indique que ese daño por el que se reclama no es responsabilidad de la vivienda del demandado.

Según se entienda por el juzgador, si está clara o no la relación de causalidad condenará o absolverá al demandado. Por esto desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados sabemos de la importante de acudir a buenos especialistas cuando nos vemos inmersos en una reclamación inesperada por el vecino y además nuestra compañía de seguros nos dice que no abona ninguna reparación porque no cree que sea su responsabilidad.

¿El responsable debe abonar el dinero o reparar los daños?

En una reclamación de este tipo se puede solicitar que se condene a la reparación, es decir, que por parte del responsable se lleve a cabo la reparación, o que se condene a una cuantía exacta de dinero según los presupuestos de que se disponga.

La elección de una u otra opción dependerá de cada caso concreto, determinando qué es más beneficioso para el perjudicado, qué entiende el tribunal que debe hacerse o a qué acuerdo se llega entre ambas partes cuando se soluciona el conflicto sin necesidad de llegar a un procedimiento judicial.

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¿Qué ocurre con las vacaciones no disfrutadas en el año natural?

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¿Qué ocurre con las vacaciones no disfrutadas en el año natural?

¿Se pierden las vacaciones laborales no disfrutadas en el año natural?

A final de año, y en el marco de la Navidad, nos embriaga la ilusión, los regalos y las reuniones familiares. Pero en esta época también llegan las dudas de los trabajadores que, no habiendo podido coger las vacaciones durante el año, piensan que pueden perder ese derecho si no ejercitan dichas vacaciones antes del 31 de diciembre.

El Estatuto de los Trabajadores regula el derecho del trabajador de tener, como mínimo, 30 días de vacaciones al año. Este mínimo puede ser variado, al alza, por los Convenio Colectivos de cada actividad.

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores no delimita el disfrute de dicho periodo vacacional al año natural, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, sino que lo que establece es que hay que estar a lo referido en el Convenio o, en su defecto, al acuerdo entre empresa y trabajador.

Hasta ahora, la jurisprudencia venía estableciendo que dichas vacaciones debían disfrutarse dentro del año natural, por ser dicho periodo el que las generaba. Sin embargo, las empresas suelen permitir al trabajador agotar dichas vacaciones hasta el 31 de enero del año siguiente. 

No obstante, el criterio, como ahora veremos, ha cambiado radicalmente, no solo en supuestos específicos de excepcionalidad, sino, como ahora veremos, por la defensa de los derechos del trabajador, por lo que lo más adecuado es acudir a un despacho de abogados de Granada experto en materia laboral para guiar tanto a empresa como a trabajador.

Vacaciones no disfrutadas por incapacidad temporal

Cuando se trata de una actividad organizada por una empresa a la que se abona un precio por realizar dicha actividad, estaremos hablando de una relación entre consumidor y empresario. En estos casos, se aplica la normativa vigente en materia de defensa de consumidores y usuarios, de manera que la responsabilidad del prestador de servicios pasa a ser semi-objetiva. Esa responsabilidad semi-objetiva hace que sea la entidad que se lucra por la realización de la actividad quien tiene que probar que cumplió con todos los requisitos legales y demás cuidados que exigen la actividad en concreto.

En caso de un accidente sufrido mientras se está realizando una actividad de este tipo y contratada a una entidad que presta ese servicio, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios dice expresamente que “Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido con las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos”.

Por lo tanto, como la propia normativa prevé, la clave de estos procedimientos va a estar en la prueba que debe aportar la entidad organizativa y que acredite que cumplió con todos los cuidados inherentes a la actividad concreta, para evitar que pudiera sufrir algún accidente cualquiera de los consumidores participantes.

Qué debe ocurrir para que se conceda la indemnización al accidentado

En este caso, el trabajador que no haya podido disfrutar de sus vacaciones por encontrarse afecto de una incapacidad temporal podrá disfrutar de este derecho una vez se reincorpore a su puesto de trabajo, independientemente de que se encuentre en otro año natural.

Si el empresario se negara a conceder dichas vacaciones, el trabajador tendrá que solicitarlas judicialmente, siendo en este caso el Juzgado quien determine la obligación y el derecho del trabajador a disfrutar de este periodo vacacional.

Pérdida de vacaciones por permisos de maternidad, paternidad o lactancia

Igual que en el caso anterior, el trabajador que no pueda disfrutar de sus vacaciones por estar dentro de un permiso de maternidad, paternidad o lactancia, podrá tener estas vacaciones una vez terminado el permiso correspondiente, aunque haya transcurrido el año natural que generó las vacaciones.

La negativa de la empresa a dar vacaciones en el año natural

Es posible y, por desgracia, muy común, que el empresario niegue al trabajador el disfrute de sus vacaciones alegando necesidades organizativas de la empresa, rechazando la solicitud del trabajador cuando exige el disfrute de sus días de descanso.

A esta situación le ha dado respuesta de manera concreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de 6 de noviembre de 2018 en el asunto C684/16. Esta sentencia establece que las vacaciones son un derecho fundamental del trabajador con las que no se puede negociar, entendiendo que el trabajador es la parte débil de la relación laboral.

En este sentido, establece el TJUE que no puede imponerse al trabajador la obligación de acreditar por qué no disfrutó de sus vacaciones durante el año natural, debiendo ser la empresa quien tiene la obligación de procurar que el trabajador disfrute de dicho periodo vacacional dentro del año natural.

Así, solo si la empresa acredita que informó debidamente al trabajador de su derecho y facilitó opciones para procurar efectuar las vacaciones del trabajador, rechazando éste las vacaciones, perderá el trabajador dicho derecho.

Es decir, deberá la empresa acreditar que, si no se han disfrutado de las vacaciones, ha sido por el rechazo expreso del trabajador, como establece la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C120/21.

Pérdida de las vacaciones en el año natural por la negativa de la empresa

Hasta ahora, nuestros Tribunales no eran proclives a derivar la carga de la prueba del disfrute de las vacaciones en el empresario, exigiendo al trabajador acreditar que, si no disfrutó de su derecho vacacional fue por exigencias de la empresa.

Esto hacía que, como en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de julio de 2020, se considerara que el trabajador que no solicitó las vacaciones dentro del año natural lo hacía de manera voluntaria y acogiendo libremente dicha opción, perdiendo, por lo tanto, ese derecho.

Sin embargo, poco a poco, la jurisprudencia española va adecuándose a la jurisprudencia europea, habiéndose pronunciado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia de 25 de noviembre de 2022 en esta materia.

Así, se entiende ahora que es el empresario quien tiene que velar porque se ejecute el derecho del trabajador a tener vacaciones, debiendo acreditar el empresario que actuó con la diligencia debida para que se produjera dicho disfrute, indicando al trabajador formalmente y de manera precisa, transparente y oportuna al respecto, informando de que, si no se disfrutan dichas vacaciones, se perderán al término del año natural.

Si la empresa no acredita esta situación, el trabajador no perderá su derecho, aunque haya transcurrido el año natural, debiendo de compensarle el empresario económicamente por los días de vacaciones generados y no disfrutados.

Desgraciadamente, para que esto ocurra hay que acudir a los tribunales, siendo la negativa de la empresa lo más habitual en estos casos, por eso, lo más recomendable en estas situaciones es acudir a un abogado experto en derecho laboral para que pueda asesorar tanto a trabajador como a empresa de las posibilidades que existen.

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Responsabilidad civil de accidentes en actividades de riesgo

Responsabilidad Civil en los accidentes en actividades deportivas organizadas
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Responsabilidad Civil de accidentes en actividades de riesgo

Lesiones por accidente en actividad deportiva organizada

Las actividades deportivas y de riesgo al aire libre están de moda. Cada vez es más habitual que a la hora de preparar un viaje o unas vacaciones se busquen actividades por la zona de destino, ya sea de senderismo por montaña, barranquismo o descenso de barrancos, rafting, o cualquier actividad deportiva en grupo para conocer la naturaleza del sitio vacacional.

Este tipo de actividades conlleva un riesgo en su realización, por lo que no es raro que puedan ocurrir accidentes durante la práctica de estas actividades. Si realizando una de esas actividades se producen lesiones por accidente, puede surgir la duda de si se puede reclamar una indemnización por ello, ya que el perjudicado simplemente estaba siguiendo indicaciones del monitor de la actividad y podría ser responsable de esas lesiones. En estos casos, siempre es recomendable acudir a profesionales, como es el caso del despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados.

La responsabilidad en accidentes en actividades de riesgo

Cuando se trata de una actividad organizada por una empresa a la que se abona un precio por realizar dicha actividad, estaremos hablando de una relación entre consumidor y empresario. En estos casos, se aplica la normativa vigente en materia de defensa de consumidores y usuarios, de manera que la responsabilidad del prestador de servicios pasa a ser semi-objetiva. Esa responsabilidad semi-objetiva hace que sea la entidad que se lucra por la realización de la actividad quien tiene que probar que cumplió con todos los requisitos legales y demás cuidados que exigen la actividad en concreto.

En caso de un accidente sufrido mientras se está realizando una actividad de este tipo y contratada a una entidad que presta ese servicio, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios dice expresamente que “Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido con las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos”.

Por lo tanto, como la propia normativa prevé, la clave de estos procedimientos va a estar en la prueba que debe aportar la entidad organizativa y que acredite que cumplió con todos los cuidados inherentes a la actividad concreta, para evitar que pudiera sufrir algún accidente cualquiera de los consumidores participantes.

Qué debe ocurrir para que se conceda la indemnización al accidentado

Sin embargo, aunque la mayor carga probatoria recaiga en la entidad que organiza la actividad, el perjudicado deberá probar también que los daños que sufrió son consecuencia directa del acto o conducta del monitor de la actividad o de la entidad en caso de que la causa del accidente fuera por material defectuoso, en mal estado o deteriorado.

Este punto es muy importante, puesto que, como bien explica nuestro Tribunal Supremo, ese nexo causal entre el daño y la actividad debe probarse ciertamente, no bastando simples conjeturas. Por ello, para que se conceda la indemnización por accidente en una actividad organizada hay que acreditar esa negligencia o falta de actuación del propio monitor o de la entidad organizadora.

Cuando se da el caso de que diferentes situaciones pudieron influir en el desenlace del fallecimiento del accidentado, muchos de los tribunales no consideran que se pueda imputar una responsabilidad al monitor que le lleve a la obligación del pago de una indemnización.

La clave aquí está, como en casi todo en nuestro derecho, en la prueba. Ya sea prueba documental, informes periciales de los expertos que acuden a la zona del accidente, los equipos de rescate en caso de que sea necesaria su intervención, y, sobre todo, los testigos del accidente. Por eso, lo más aconsejable en estos casos es acudir a abogados expertos en responsabilidad civil que puedan guiar al perjudicado en el procedimiento, que podemos adelantar que es largo y tedioso.

La culpa de la víctima en los accidentes de actividades de riesgo

Hay que tener presente que estas actividades se realizan de manera voluntaria y se aceptan los riesgos que la propia actividad conlleva, pero ello no quiere decir que la empresa pueda desentenderse de la seguridad y aumentar el riesgo ya asumido por los participantes. Nuestros tribunales entienden que este tipo de actividades se realizan siendo conscientes de que conllevan un alto riesgo de lesiones o de caídas, pero esto no quiere decir de manera directa que exista culpa de la víctima.

Para que exista culpa de la víctima o concurrencia de culpas, el consumidor debe actuar al margen de las instrucciones de los organizadores de la actividad. De esta forma, insistimos en que es muy importante que se esté bien aconsejado desde el primer momento que ocurre un accidente, ya que los informes periciales de cómo ocurrió el accidente, los materiales que se estaban usando en ese momento concreto y quién era el monitor responsable en ese mismo momento van a ser muy esclarecedores a la hora de determinar si hubo o no responsabilidad de la víctima.

En un supuesto que llegó a los tribunales españoles en el año 2021, la Audiencia Provincial de Málaga entendió que no existía responsabilidad ni de la entidad ni del monitor en el accidente en una actividad de barranquismo en el que hubo un fallecido. Esto fue entendido así porque se siguió el criterio seguido por el propio Tribunal Supremo en relación con actividades en las que el riesgo inherente a la actividad es alto, asumiendo el consumidor dicho riesgo.

Siguiendo ese criterio, el daño es consecuencia de la negligencia de la víctima por asumir ese riesgo tan alto en una actividad potencialmente peligrosa, y esto es así mientras no se acredite que la entidad organizadora o el monitor no actuaron correctamente y el accidente sea consecuencia de un devenir normal de la actividad.

En ese caso de barranquismo la empresa cumplía con toda la normativa, el monitor con suficiente formación y experiencia, el material que se usó cumplía con la normativa vigente y estaban en perfecto estado. Por lo que, llegados a este punto, la única posibilidad que queda para hacer responsable a alguien diferente a la propia víctima es que el monitor de la actividad realizara alguna negligencia en su actuar.

También puede darse el caso de que exista responsabilidad tanto de la entidad organizadora y el consumidor accidentado. Esto ocurre cuando la propia víctima ha contribuido a que ocurra el siniestro, pero la empresa organizadora no le dio el material necesario para la actividad concreta. En tal caso se podría repartir la culpabilidad y resultar culpable y responsable la empresa organizadora en un 50% y el perjudicado y lesionado en otro 50% por ejemplo.

Quién indemniza por los daños en accidente en actividad de riesgo

Por lo general, estas empresas tienen contratado un seguro de responsabilidad civil que cubre los accidentes ocurridos durante la ejecución de las actividades de riesgo, que es quien responderá de los daños. En caso de no existir esa entidad de seguros que cubra una responsabilidad civil de la empresa dedicada a organizar este tipo de actividades de riesgo, se verá muy perjudicada por la indemnización que tendrá que abonar con el patrimonio propio de la entidad.

Lo más normal es que exista una empresa aseguradora que se haga cargo de la indemnización correspondiente, y si se consigue un acuerdo extrajudicial con esa aseguradora será más beneficioso para los perjudicados, puesto que se habrán evitado unos costes mayores a la hora de estar inmersos en procedimientos judiciales.

Para poder obtener un buen acuerdo extrajudicial es siempre recomendable rodearse de abogados expertos en accidentes que puedan defender los derechos e intereses de los perjudicados. Y que llegado el momento en que no resulte beneficioso para el perjudicado ese acuerdo extrajudicial, saber los mecanismos y herramientas con los que pueda defenderse satisfactoriamente en los juzgados.

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Seguros de salud: la importancia del cuestionario previo

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Seguros de salud: la importancia del cuestionario previo

Los seguros de salud y la importancia del cuestionario previo

Cuando contratamos un seguro de salud, tenemos como objetivo cubrir las deudas en caso de que el tomador quede afecto a una incapacidad permanente o bien fallezca, teniendo que soportar los herederos sus deudas.

En cualquiera de estos dos casos, puede darse la circunstancia de que la compañía aseguradora, llegado el momento del abono de esa cuantía asegurada y contratada, rechace el pago por entender que el tomador del seguro engañó a la aseguradora ocultando algún dato relativo a su salud que, a su vez, tenga relación con la enfermedad que ha dado lugar al derecho a esa indemnización.

Por ello, como aconsejamos desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados hay que tener presente que el tomador del seguro, cuando lo contrata, debe ser consciente de lo que está firmando, las condiciones y los requisitos, pero, sobre todo, el cuestionario de salud previo que la compañía debe de facilitarle para establecer su estado de salud previo a la contratación.

Seguro de saludo: requisitos del cuestionario previo a la firma

A la hora de contratar un seguro de fallecimiento, invalidez absoluta, incapacidad o invalidez permanente, las compañías de seguros deben realizar un cuestionario con preguntas generales para conocer el estado de salud de quien contrata dicho seguro.

La propia Ley de Contrato de Seguro indica que, para estos contratos, la compañía de seguros tiene la obligación de someter al tomador a un cuestionario sobre todas las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo. Es decir, se debe preguntar sobre todo lo que pueda influir a la hora de valorar la enfermedad que se pueda padecer para considerar si se tiene derecho a recibir una cuantía en concepto de incapacidad permanente o cobertura por fallecimiento.

Pero también especifica la ley que la persona que contrata ese seguro quedará exonerada de ese deber de respuesta al cuestionario si la compañía de seguros no incluyó en ese cuestionario de salud cuestiones que son relevantes y puedan influir en la valoración del riesgo cubierto.

Así, si se está contratando un seguro de vida con cobertura de fallecimiento del tomador, si este fallece por un cáncer de pulmón y en el cuestionario de salud que se rellenó en el momento de contratar el seguro no existía ninguna pregunta referente a padecimientos del pulmón o enfermedades relacionadas con este órgano, no debe la compañía rechazar el abono de la cuantía asegurada a favor de los hijos del fallecido por entender que antes de firmar el contrato de seguro ya padecía alguna enfermedad relacionada con el sistema respiratorio.

Sin embargo, en la práctica nos encontramos con multitud de casos en los que las compañías rechazan abiertamente la ejecución de la cobertura del seguro alegando falsedad en las respuestas realizadas en dicho cuestionario, aunque no sea realmente así, obligando a los herederos o al propio tomador a acudir a la Justicia para reclamar sus derechos.

La dificultad de ejecución de una póliza de seguro de salud

Es muy común que las compañías de seguros se nieguen al pago de la indemnización asegurada alegando que existe dolo o culpa grave por parte del tomador del seguro por haber ocultado dolosamente información importante sobre enfermedades previas a la firma del contrato de seguro.

Por ello, los tomadores o sus herederos deberán acudir a los tribunales para acreditar si hubo o no hubo dolo por parte del tomador que rellenó el cuestionario ocultando con intención problemas médicos importantes que luego dieron lugar a la enfermedad por la que se reconoce una incapacidad permanente o por la que fallece el tomador del seguro.

Una de las herramientas que más va a influir en la decisión del tribunal será el informe médico que se aporte tanto por quien pretende que la compañía cumpla con lo contratado, como por parte de esa aseguradora.

Este informe médico deberá detallar claramente si los síntomas o padecimientos anteriores a la firma del contrato de seguro han podido ser consecuencia de la enfermedad que da lugar al abono de esa indemnización contratada, si eran conocidos o si nada han tenido que ver.

Por ello, va a ser muy importante que, en caso de encontrarse en una situación en la que la compañía de seguros no quiere abonar la indemnización que se contrató en caso de fallecimiento del tomador, se acuda a un despacho de abogados experto en derecho de seguros desde donde puedan guiar y obtener todas las herramientas posibles para poder exigir a la aseguradora su obligación de abono en virtud del contrato firmado.

El criterio de la jurisprudencia: el deber de respuesta

La mayoría de nuestros Juzgados y Audiencias Provinciales entienden que cuando la Ley de Contrato de Seguro se refiere al cuestionario de salud, lo hace para determinar la responsabilidad de la compañía de seguros de presentar dicho examen al tomador.

En este cuestionario, deben reflejarse todas las cuestiones que puedan influir en el riesgo que se está asegurando, por lo que será ese cuestionario el que va a determinar los límites y el contenido de la declaración del tomador del seguro.

Quiere eso decir que, si la compañía de seguros no hace las preguntas oportunas para que se concrete exactamente el riesgo que se está cubriendo, es esa compañía de seguros la que tendrá que soportar las consecuencias, y no puede el tomador de seguros verse perjudicado porque la aseguradora no le hizo las preguntas adecuadas.

No se entenderá que existe engaño si el tomador del seguro se ha limitado a firmar un documento genérico que además es rellenado por la propia aseguradora, ni tampoco si las preguntas de ese cuestionario son confusas, genéricas, abstractas o incompletas.

Sin embargo, esto no quiere decir que el tomador esté exento de responsabilidad ya que puede entenderse que, si no responde fielmente a la realidad, esté ocultando información al seguro.

Así lo establece el propio Tribunal Supremo que entiende que, si por ejemplo se ha preguntado acerca de una enfermedad de cáncer previa y se ha respondido por parte del tomador con un NO y finalmente el tomador fallece por dicha enfermedad, va a ser muy difícil que el tribunal resuelva a favor del tomador del seguro, entendiendo que ocultó la enfermedad a la hora de contratar el seguro.

En conclusión, si llegado el momento de recurrir a ese seguro que se contrató hace años la aseguradora niega el abono de lo contratado, hay que acudir a expertos en la materia que puedan asesorar correctamente y así conseguir un resultado satisfactorio para el cliente.

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Reclamar accidente de tráfico por obstáculos en la vía pública

Reclamar accidente de tráfico por obstáculos en la vía pública
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Reclamar accidente de tráfico por obstáculos en la vía pública

Reclamar daños por un accidente con un obstáculo en la calzada

Cuando se acercan fechas señaladas como la Navidad, es habitual que el tráfico aumente considerablemente por los traslados para pasar las festividades con la familia. Esto hace que la siniestralidad también aumente, no solo por el devenir del tráfico, sino por los restos de accidentes o cualquier obstáculo no señalizado en la calzada.

Si al golpear un obstáculo que no hemos podido esquivar sufrimos tanto lesiones personales como daños materiales en el propio vehículo, tenemos el derecho de reclamar por los daños sufridos. Puede surgirnos la duda de si alguien responde de esos daños, porque ciertamente no está identificado el causante de los mismos, pero, aunque parezca que no se puede reclamar esos daños a nadie, la ley es clara al respecto.

Así, el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor establece en su artículo 1.1. que “El conductor de vehículos a motor es responsable, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”. Esto viene a decir que el conductor de un vehículo será responsable de los daños que cause cuando esté en circulación, independientemente de las circunstancias del accidente.

Responsable de un accidente por un obstáculo en la calzada

Como vemos, la normativa es clara. Sin embargo, la jurisprudencia no siempre entiende que en estos supuestos el máximo responsable es el vehículo que no señalizó el obstáculo, pudiendo existir concurrencia de culpas con el vehículo siniestrado.

En principio, el propietario del vehículo que causó los daños tiene siempre parte de responsabilidad por haber dejado en la calzada cualquier obstáculo y no haberlo señalizado como corresponde. La Ley sobre Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos a motor ya establece que el conductor de un vehículo es responsable en virtud del riesgo que crea, es decir que por el simple hecho de crear un riesgo en la conducción ya es responsable de los daños que cause.

Sin embargo, puede existir dicha concurrencia de culpas en el caso de que el conductor que colisiona con el objeto en la calzada lo haga, en parte, por su falta de diligencia, por no estar atento a la conducción o por no respetar lo previsto en la Ley de Tráfico en cuanto que el conductor debe adecuar su conducción a las condiciones de la vía.

Para determinar en estos casos el grado de culpabilidad de ambos vehículos se debe practicar la prueba correspondiente para acreditar la falta o reparto de culpabilidad entre el que no señalizó como es debido el obstáculo, o el que no iba atento a la conducción de manera que pudiera evitar el choque con el obstáculo.

Los propios tribunales españoles siguen criterios dispares, entendiendo en unos casos que es el vehículo que no señalizó correctamente el obstáculo el que tiene toda la responsabilidad, pero en otros se entiende que la culpa es de ambos, atribuyéndose una concurrencia de culpabilidad o responsabilidad, por lo que el que causó los daños responderá de ellos, pero no en su totalidad.

Por ello, se debe estar bien asesorado por un despacho de abogados especializados en accidentes de tráfico para detectar la prueba irrefutable que determine que la totalidad de la responsabilidad fue del vehículo que no señalizó, si se pretende se consiga una indemnización por los daños sufridos que cubra la totalidad del daño y no sólo un porcentaje.

Quién responde del accidente si no se identifica el responsable

Puede ocurrir que el accidente se produzca por un objeto dejado varias horas antes, sin poder determinar qué vehículo concretamente fue el que dejó dicho objeto en mitad de la calzada o de dónde proceden los restos que han ocasionado el siniestro.

En esos casos se puede reclamar la indemnización correspondiente al Consorcio de Compensación de Seguros del que disponemos en España. Este se hará cargo del abono de la indemnización, siempre que se pueda probar que el responsable y causante de los daños sufridos por el vehículo que reclama, es ese vehículo sin identificar. Si, por el contrario, el vehículo responsable está completamente identificado, será su compañía de seguros la que se hará cargo de esos daños, tanto materiales como personales.

Qué puedo reclamar por accidente con un objeto en la calzada

Como en cualquier accidente de tráfico, se tiene derecho a reclamar tanto los daños materiales como los personales sufridos por los ocupantes del vehículo o el conductor.

A pesar de tratarse de un siniestro atípico en el que no hay otro vehículo implicado directamente, sino que el golpe es contra un obstáculo, el responsable de ese accidente de tráfico está obligado igualmente a abonar la indemnización correspondiente por las lesiones sufridas y por los daños materiales sufridos en el vehículo.

El hecho de que por parte del perjudicado se consiga o no esa indemnización va a depender siempre de la actuación de un abogado experto en accidentes de tráfico frente a la compañía de seguros del culpable. Sin embargo, debemos advertir que en la mayoría de las veces hay que acudir a los tribunales para reclamar los derechos del perjudicado, siendo complicado llegar a acuerdos beneficiosos con las compañías de seguros antes del procedimiento.

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Claves y novedades del nuevo baremo de discapacidad 2022

Novedades en el baremo de discapacidad 2022
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Claves y novedades en el nuevo baremo de discapacidad 2022

La reforma en el baremo de discapacidad 2022

Importante cambio el que se ha producido a finales de este año 2022 en materia de discapacidad, y es que el BOE ha publicado el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Este documento deroga por completo al anterior Real Decreto 1971/1999, con el mismo título, cambiando el concepto de “minusvalía” por “discapacidad” y renovando en positivo la concepción y posibilidades de este colectivo de cara a la Ley.

Reforma que se presumía necesaria, ya que el Real Decreto de 1999 fue modificado en varias ocasiones, siendo el último cambio en el año 2012. Por eso, la nueva normativa viene a dar un giro de trescientos sesenta grados al anterior texto legal, modificando las bases para la valoración o calificación del grado de discapacidad en España.

Novedades planteadas por el nuevo baremo de discapacidad

Con esta nueva normativa, se pretende que se puedan valorar no solo los aspectos clínicos o las deficiencias físicas de los discapacitados, sino también todo su contexto. Es decir, su entorno familiar, social, laboral, que claramente incide directamente en la vida diaria de una persona con una mínima discapacidad.

Otro de los conflictos que se pretende solucionar con este nuevo baremo es la unificación de criterios entre las diferentes Comunidades Autónomas. Se intenta con esta nueva norma que una persona residente en Andalucía, con unas deficiencias idénticas a otro residente en Galicia, y unos factores sociales idénticos, se les aplique el nuevo baremo de la misma manera y se les reconozca a ambos el mismo grado de discapacidad.

Principales cambios sobre el último baremo de discapacidad

Procedimiento para reconocer el grado de discapacidad

Primero de todo, debemos recordar que el procedimiento a seguir para que se reconozca un grado u otro de discapacidad, comienza con la solicitud por parte de la persona interesada. Tras esa solicitud, se realiza un examen al discapacitado por parte de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, paso previo a dictar una resolución por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en cada caso.

Una de las novedades de esta nueva normativa es que se establece un trámite de urgencia para el procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad, cuando haya para ello razones de interés público, como podrían ser motivos de salud pública, esperanza de vida, o para víctimas de violencia de género. En este trámite de urgencia se reducen los plazos previstos para resolver por parte de la administración a la mitad. Para poder acudir a este trámite habrá que probar que existe una urgencia real para resolver sobre el grado de discapacidad, hecho para lo que desde el despacho de abogados de Granada Emeybe Abogados recomendamos acudir a un abogado especialista en Derecho Civil.

Plazo para la resolución del grado de discapacidad

Sobre el plazo que tiene la Administración para dictar una resolución expresa sobre el reconocimiento del grado de discapacidad solicitado por el discapacitado, anteriormente no se establecía en la propia norma, pero en la nueva redacción se ha incluido en el articulado el plazo en el que la Administración debe resolver de manera expresa, que será de seis meses. Ese período empezará a contar desde que se presenta la solicitud, por lo que en ese momento será trabajo de las administraciones conseguir cumplir esos plazos teniendo en cuenta que entre la solicitud de la valoración y la resolución se debe pasar por el equipo de profesionales encargados de realizar la valoración del grado de discapacidad.

Antes de incluir este plazo expreso en la norma específica del reconocimiento del grado de discapacidad, se aplicaba el mismo plazo de seis meses que tiene la Administración para resolver, en virtud de la normativa administrativa. Pero es por todos bien sabido que pocas veces se cumplen con esos plazos. Por ello, tendremos que ver cómo reaccionan las administraciones competentes y si realmente cumplen con lo establecido en la propia norma.

Empadronamiento del discapacitado que solicita la prestación

Otro de los cambios que pueden afectar a la hora de la solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad, es el cambio en la redacción de uno de los artículos de la norma en relación con el lugar en el que el discapacitado debe presentar la solicitud. En la norma que se deroga simplemente indicaba que era competente el órgano de la Comunidad Autónoma del lugar en el que resida habitualmente el interesado. Sin embargo, en el nuevo Real Decreto se cambia al lugar en el que figure empadronada y tenga residencia efectiva la persona interesada. Tendremos que estar a las nuevas solicitudes, si las administraciones van a exigir los certificados de empadronamientos de los perjudicados. En la práctica no es significante el cambio, pero puede crear problemas de retrasos en los tiempos al añadir un pequeño papeleo añadido.

Nuevos baremos para medir el grado de discapacidad

El gran cambio son los nuevos baremos y cuando nos referimos a ellos en plural es porque se ha pasado de dos baremos a cuatro a la hora de establecer el grado de discapacidad. Hasta la publicación del nuevo Real Decreto, se valoraba la discapacidad en base a un baremo en el que se valoraba cada parte del cuerpo afectada por las deficiencias sufridas. A esa valoración obtenida en forma de un porcentaje, se le añadía la puntuación que se hubiese obtenido en el baremo referente a los factores sociales complementarios, con un límite de 7 puntos en este último baremo. Pero esa adicción se producía sólo si en el baremo principal se obtuvo un mínimo del 25%.

En la nueva normativa la valoración es bastante diferente, puesto que ahora se va a valorar la discapacidad funcional en base a tres baremos, el baremo de evaluación de las funciones y estructuras corporales/Deficiencia Global de la Persona (BDGP), el baremo de evaluación de las capacidades/Limitaciones en la Actividad (BLA) y el baremo de evaluación del desempeño/Restricciones en la Participación (BRP).

Al porcentaje obtenido en la valoración de esos tres baremos, se le añadirá la puntuación obtenida en el cuarto y último baremo, el llamado baremo de evaluación de los Factores Contextuales/Barreras Ambientales (BFCA). Pero ahora el límite máximo de puntuación de este baremo es de 24 puntos, y no de siete, como ocurría anteriormente, así como tampoco existe la obligación de alcanzar un mínimo en la valoración de los otros baremos para que proceda la suma de la puntuación obtenida en este baremo de los factores sociales.

Revisión por cambio en el grado de discapacidad

Otra de las novedades que presenta el Real Decreto 888/2022 hace referencia la revisión del grado de discapacidad, ya que hasta ahora se podía revisar si se producía una mejoría en la situación del discapacitado y se había previsto en la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad. O, además, cuando hubiesen pasado dos años desde que se reconoció el grado de discapacidad, se revisaría el grado por agravamiento o mejoría de las circunstancias del discapacitado. Así, sólo era posible evitar esa espera de dos años si se daba el caso de que se produjeran cambios sustanciales en la situación del discapacitado, claro está que los órganos competentes deberían valorar cuándo se considera que los cambios han sido tan sustanciales como para revisar el grado de discapacidad.

Con el nuevo Real Decreto esa previsión de revisión que se debe especificar en la resolución del grado de discapacidad, se producirá tanto si hay mejoría como si se prevé un agravamiento, algo bastante beneficioso para el discapacitado, puesto que en muchos de los casos va a ir a peor la situación y no a mejor, y esto dará lugar a la posibilidad de que se suba el grado de discapacidad reconocido. En cuanto a la espera de dos años si no se ha previsto una modificación en la situación del discapacitado, se sigue manteniendo más o menos en los mismos términos.

Nuevos grados de discapacidad en 2022

En la nueva valoración se han modificado los porcentajes que pertenecen a los diferentes grados de discapacidad, de manera que podemos establecer la siguiente diferenciación:

Inclusión en el Grado 0 (sin discapacidad) se debe obtener una valoración entre el 0% y el 4%.

Inclusión en el Grado 1 (discapacidad leve), la valoración debe estar entre el 5% y el 24%.

Inclusión en el Grado 2 (discapacidad moderada), la valoración debe estar entre el 25% y el 49%.

Inclusión en el Grado 3 (Discapacidad Grave) se debe obtener una valoración entre el 50% y el 95%. Supone uno de los mayores cambios teniendo en cuenta que en el anterior baremo los discapacitados de grado 3 debían tener un porcentaje de discapacidad de entre 50% y 70%.

Inclusión en el Grado 4 (discapacidad total) se debe obtener una valoración entre el 96% y el 100%. Anteriormente se incluía en este grado a un discapacitado que obtuviera un porcentaje de 75% de discapacidad, gran modificación que va a perjudicar a muchos de los discapacitados en nuestro país.

Aplicación práctica del nuevo baremo de discapacidad

La nueva aplicación de estos nuevos baremos entrará en vigor en abril de 2023, pero el Real Decreto prevé que antes de que llegue el mes de abril, en los procedimientos que se hayan iniciado, pero no se haya realizado la valoración por el equipo multiprofesional antes de su entrada en vigor en abril, se apliquen las normas del nuevo baremo.

La propia norma establece que se pondrá a disposición de los equipos de valoración un programa de formación específico para aplicación de estos nuevos baremos, dada su complejidad confiemos en que esa formación y la posterior aplicación de los nuevos baremos de resultados positivos y beneficiosos para todos los afectados por alguna discapacidad. Habrá que estar pendientes de las nuevas valoraciones que se realicen a partir de abril, y ver cómo se van valorando por parte de los expertos competentes para ello y estudiar las posibles reclamaciones cuando no se está conforme con la valoración realizada y la resolución dictada por la Administración competente, para lo que es aconsejable acudir a un despacho de abogados expertos en la materia.

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