Derecho a la desconexión digital: ¿Cómo de libre eres en tu trabajo?

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Derecho a la desconexión digital: ¿Cómo de libre eres en tu trabajo?

La Real Academia Española define el Derecho a la Desconexión Digital en el ámbito laboral como “el derecho de los trabajadores y empleados públicos a que su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar no se vean negativamente afectados por el uso de dispositivos digitales que pueda efectuar el empleador”.

Los avances tecnológicos experimentados en los últimos años han provocado que trabajador y empresa hayan estrechado sus lazos, en muchas ocasiones sin el consentimiento de la primera parte. Resulta innegable que la evolución de las máquinas ha restado opacidad a la línea divisoria entre el ámbito laboral y el tiempo libre que debe disfrutar el empleado.

En este contexto, el desempeño laboral del trabajador durante su jornada se está diluyendo, en muchos casos, en favor del empresario y en contra del descanso exigido tras la jornada. Esta situación es la que ha empujado a la legislación española a incluir el derecho a la desconexión digital, recogida en el artículo 88 de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos Digitales por medio de los siguientes tres puntos:

  1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
  1. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
  1. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

En resumidas cuentas, cuando hablamos del Derecho a la desconexión digital nos referimos al descanso del que debe disfrutar todo empleado cuando abandona su puesto de trabajo y a la limitación del uso de las tecnologías en pro de la intimidad personal y familiar. Con esto, nos referimos a que si la jornada laboral finaliza a las 17:00 horas y da comienzo a las 8:00 horas del día siguiente, en esa franja de tiempo el empleado no está obligado a responder sms, correos electrónicos o llamadas procedentes del trabajo.

Desconexión digital y teletrabajo

Si nos fijamos bien, el tercer punto del citado artículo 88 de la LOPDGDD del 5 de diciembre de 2018 hace especial alusión al trabajo a distancia, reconociendo en cuando el trabajo no se desarrolle en el entorno de la empresa la desconexión digital también estará presente.

Este derecho tiene que ver con la conciliación entre la vida laboral y la personal o familiar, la salud del empleado y las tecnologías de la información cada vez más presentes en nuestro día a día. Por tanto, se podría considerar una expresión, en el ámbito laboral, de los derechos fundamentales a la intimidad y a la integridad física y psíquica.

Derecho a la intimidad en el entorno digital

En relación a la garantía de los derechos digitales, el artículo 88 de la Ley de Protección de Datos Digitales también hace referencia a la intimidad de los trabajadores con respecto a los dispositivos y aparatos tecnológicos usados en el desempeño de sus labores cotidianas.

  1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.
  1. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.
  1. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.

El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.

Denunciar vulneración del Derecho a la Desconexión Digital

Aunque se trata de la opción menos deseada por un trabajador, desde Emeybe Abogados aconsejamos reclamar a la Inspección de Trabajo para realizar la reclamación por vulnerar el Derecho a la Desconexión Digital. Eso sí, recomendamos siempre ir de la mano de Abogados en Derecho Laboral que puedan aconsejarte, pues el trato con las empresas en estas circunstancias no suele ser un camino fácil.

En estos casos, la infracción se recoge como grave y la sanción oscila entre los 750 y los 4.500 euros, aunque según los estudios, no suele ser una herramienta de disuasión para las empresas acostumbradas a cruzar la línea de los profesional y personal. Por eso, es fundamental documentar la vulneración de este derecho para dar peso a la posible reclamación.

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‘Cártel de Coches’: ¿Cómo reclamar el dinero pagado de más por tu vehículo?

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‘Cártel de Coches’: ¿Cómo reclamar el dinero pagado de más por tu vehículo?

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), el caso conocido como Cártel de Coches ocurrió entre febrero de 2006 y agosto de 2013 y afectó a millones de personas en España. Los afectados por este suceso pueden conseguir un resultado favorable en sus procesos de demanda.

La trama se mantuvo operativa durante 7 años, en los cuales los fabricantes de automóviles implementaron políticas abusivas para la venta de sus vehículos. Las personas que adquirieron un coche durante ese período pueden reclamar responsabilidades e indemnizaciones con asesoramiento jurídico, como el que ofrece el despacho Emeybe Abogados.

Los afectados por el Cártel de Coches: compañías y particulares que adquirieron el vehículo entre 2006 y 2013

Según el informe del CNMC, el 91 % de las empresas vendedoras de vehículos estuvieron involucradas en el caso. Por tal motivo, existen dos clases de afectados: quienes compraron un coche entre 2006 y 2013 y aquellos consumidores habituales como las empresas de transporte o alquiler de vehículos.

En ambos casos, las opciones de reclamación dependen de varios factores. Lo principal es comprobar, con la documentación pertinente, que el concesionario está incluido en la lista de entidades sancionadas. Asimismo, es necesario corroborar que el cliente hizo uso del producto o servicio durante el tiempo de actividad de la empresa.

El siguiente paso es el reclamo directo como afectado del caso. En este proceso se interpone una demanda para la obtención de una indemnización de acuerdo con los perjuicios sufridos. El valor depende de las circunstancias del consumidor, el cual varía entre el 10 % y 15 % del coste del vehículo, con base en un peritaje judicial.

Las probabilidades de lograr un resultado favorable

En 2015, el CNMC aplicó multas a los principales fabricantes del sector automovilístico por aliarse para crear un monopolio. Pese a la apelación de las marcas sancionadas, el Tribunal Supremo confirmó la medida. Esto es una muestra de las altas posibilidades de conseguir un resultado favorable en la demanda, siempre y cuando se cuente con la asesoría profesional de expertos en reclamaciones.

Son más de veinte las marcas de automóviles involucradas en el caso: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Toyota, entre otras. Por su parte, se espera una decisión acerca de la empresa Volskwagen, ya que fue quien destapó la trama y quedó absuelta de una sanción económica.

Entre los afectados se incluye a las personas que pagaron por un servicio de compra, leasing o renting. Asimismo, los clientes que vendieron el automóvil en los últimos años, también pueden realizar un reclamo, si disponen de la documentación necesaria.

Al ser un caso con tantas implicaciones, lo ideal es que los afectados contraten profesionales especializados, como los que integran el despacho Emeybe Abogados. Su experiencia y calidad los convierte en una excelente opción para llevar a cabo las demandas de reparación en la trama del Cártel de Coches.

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Responsabilidad de un fabricante por daños derivados del funcionamiento de sus prótesis

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Responsabilidad del fabricante por daños derivados de sus prótesis

Cuando se adquiere una prótesis, sea del tipo que sea, lo normal es esperar que su funcionamiento sea el adecuado y nos resuelva el problema para el que ha sido diseñada. Sin embargo, en ocasiones, las prótesis pueden derivar en un mal funcionamiento que acabe con daños en el usuario. Esta situación conlleva poner en marcha la responsabilidad del fabricante.

¿Qué se entiende por producto defectuoso?

Un “producto defectuoso” es ese que no ofrece la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación.

¿Quién debe responder por los daños causados por unas prótesis?

Si los daños están causados por el diseño o fabricación de las prótesis, lo normal es que el encargado de responder a los daños causados por estos productos defectuosos sea el fabricante. No obstante, si la empresa distribuidora no identifica al fabricante dentro del plazo de tres meses, según se establece en el artículo138.2 del TRLGDCU.

Por otro lado, recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre estas cuestiones en relación a la responsabilidad por daños causados por productos sanitarios defectuosos. De esta forma, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se ha pronunciado sobre la eventual responsabilidad de los centros sanitarios públicos que han utilizado productos sanitarios defectuosos que han causado daños a pacientes [Sentencias núm. 1806/2020, de 21 de diciembre (ECLI: ES:TS:2020:4495), y núm. 92/2021, de 28 de enero (ECLI:ES:TS:2021:338)].

¿Cuándo responde la Administración por con una prótesis defectuosa?

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en las sentencias núm. 1806/2020, de 21 de diciembre (ECLI:ES:TS:2020:4495), y núm. 92/2021, de 28 de enero (ECLI:ES:TS:2021:338), ha afrontado los casos en los que un producto sanitario defectuoso se utiliza en un centro sanitario que se integra en la Administración Pública y el perjudicado demanda a dicha Administración exigiéndole una indemnización por los daños causados por dicho producto. En este caso, una prótesis.

En este tipo de hipótesis se dan pronunciamientos judiciales que han admitido la responsabilidad patrimonial de la Administración. Por ejemplo, en la Sentencia núm. 29/2021, de 10 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo (ECLI:ES:TSJCL:2021:194), se argumenta que la Administración sanitaria debe responder del mal funcionamiento del servicio público que ha causado un daño antijurídico que el interesado no está obligado a soportar. Se sostiene que «podrá la Administración repetir contra el fabricante del producto, pero no puede exigirse al usuario de un servicio público sanitario que conozca el producto que ha sido utilizado en un concreto acto médico, que investigue quién es el responsable del defecto del producto fabricación, suministro, conservación—, y que accione frente a ese supuesto responsable o frente a todos los que puedan serlo. El servicio se ha prestado por la Administración, y a ella corresponde responder frente al paciente».

No obstante, el Tribunal Supremo sostiene que «la Administración sanitaria —cuyos facultativos realizan correcta y adecuadamente una intervención quirúrgica de conformidad con la lex artis— no debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad se descubre y alerta con posterioridad a su utilización, previamente autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, debiendo la responsabilidad recaer en el productor o, en su caso, en la Administración con competencias para autorizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios, de concurrir las concretas circunstancias necesarias para ello».

Limitación de la responsabilidad

Los derechos arriba mencionados, reconocidos al perjudicado por un producto defectuoso, se extinguen a los 10 años a contar desde la fecha en que se hubiera puesto en circulación el producto concreto causante del daño.

Por lo que la responsabilidad de un fabricante de prótesis, o de cualquier otro producto defectuoso, no deben responder de ningún daño si se les reclama cuando ya han transcurrido 10 años desde que el producto concreto se puso en circulación. Esto se conoce en términos jurídicos como caducidad de la acción.

Si como fabricante o usuario, te has visto afectado por un producto defectuoso y necesitas ayuda y asesoramiento profesional, en Emeybe Abogados encontrarás un equipo multifuncional especialista en responsabilidad civil y reclamación de daños y perjuicios.

Para poder reclamar su derecho se debe contar con asesoramiento específico en materia de responsabilidad civil. Así, esta firma de abogados pone especial interés a cada uno de nuestros clientes, preservando sus intereses a nivel patrimonial y moral. De una forma personal y directa podrá obtener un servicio jurídico referente al Derecho Civil trabajando para que sean unos servicios de calidad y de plena confianza.

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